La Cámara alta sancionó el proyecto que aumenta los fondos para la educación superior y mejora los salarios docentes y no docentes. Salió con 58 votos afirmativos, 9 negativos y 3 abstenciones.
Al igual que el año pasado, el Senado nacional sancionó este jueves la ley de financiamiento universitario y recomposición salarial docente y no docente que ya tenían la media sanción de Diputados. La votación terminó con 58 votos afirmativos, 9 negativos y 3 abstenciones.
La mayoría de Unión por la Patria, acompañada por radicales, algunos senadores provinciales y dos del PRO, respaldó el proyecto.
Según detalló el sitio Parlamentario, en contra votaron legisladores de La Libertad Avanza, junto con Francisco Paoltroni, Martín Goërling Lara, Carmen Álvarez Rivero y Carolina Losada.
Las abstenciones provinieron de Juan Carlos Romero y las senadoras Victoria Huala y Andrea Cristina, ambas del PRO.
Durante el debate, los senadores opositores defendieron la educación pública como motor de movilidad social y desarrollo productivo, advirtiendo sobre la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el parálisis de las obras universitarias.
En cambio, desde el oficialismo cuestionaron el gasto, denunciaron ineficiencia en algunas universidades y señalaron que el proyecto debería discutirse en el marco del presupuesto nacional.
El texto, elaborado con aportes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y consensuado con distintos bloques, fija una serie de medidas clave como la actualización presupuestaria.
El Gobierno nacional deberá actualizar desde el 1º de enero de 2025 los fondos para el funcionamiento de las universidades públicas, hospitales universitarios, ciencia, técnica y extensión, de acuerdo con la variación del IPC.
También se establece un ajuste bimestral. Durante 2025, las partidas de funcionamiento se actualizarán de manera bimestral por inflación.
Sobre los salarios docentes y no docentes se establece que el Ejecutivo deberá recomponerlos desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley en un porcentaje no menor al IPC del mismo período. El aumento será remunerativo, bonificable y con incorporación progresiva de sumas no remunerativas al básico.
La paritaria nacional docente deberá convocarla el Ejecutivo con un piso equivalente a la inflación medida por el IPC. En tanto, la Auditoría General de la Nación fiscalizará el uso de los fondos universitarios, remitiendo sus informes al Congreso.
Finalmente, se establece que el Ejecutivo deberá disponer los créditos necesarios para asegurar la continuidad de los servicios universitarios, sin afectar la coparticipación ni los recursos provinciales.
