Desde autoridades religiosas hasta personal de servicio, firmaron el juramento de secreto absoluto en la Capilla Paulina del Vaticano. En total, son 135 los cardenales con derecho a voto aunque, desde el Vaticano, confirmaron que serán 133 los presentes para elegir al sucesor de Jorge Bergoglio. Los detalles
Este miércoles comenzará el Cónclave para elegir al sucesor del papa Francisco. Diferentes eclesiásticos y laicos destinados que fueron aprobados por el Cardenal Camarlengo y los tres Cardenales Asistentes, suscribieron al juramento previsto en la Capilla Paulina, Tercera Logia del Palacio Apostólico. Es decir, quedó sellado el compromiso de confidencialidad que rige durante toda la elección del nuevo Papa.
En total, son 135 los cardenales con derecho a voto aunque, desde el Vaticano, confirmaron que serán 133 los presentes para elegir al sucesor de Jorge Bergoglio.
“Yo N. N. prometo y juro observar el secreto absoluto con quien no forme parte del Colegio de los Cardenales electores, y esto perpetuamente, a menos que reciba especiales facultades dadas expresamente por el nuevo pontífice elegido o por sus sucesores, acerca de todo lo que atañe directa o indirectamente a las votaciones y a los escrutinios para la elección del Sumo Pontífice”, indica el escrito al comienzo.
igue: “Prometo igualmente y juro que me abstendré de hacer uso de cualquier instrumento de grabación, audición o visión de cuanto, durante el período de la elección, se desarrolla dentro del ámbito de la Ciudad del Vaticano, y particularmente de lo que directa o indirectamente de algún modo tiene que ver con las operaciones relacionadas con la elección misma.
“Declaro emitir este juramento consciente de que una infracción del mismo comportaría para mí la pena de excomunión latae sententiae reservada a la Sede Apostólica. Así Dios me ayude y estos Santos Evangelios que toco con mi mano”, concluye.
El juramento fue pronunciado en cumplimiento de la constitución apostólica Universi Dominici Gregis, promulgada por el Papa Juan Pablo II, el 22 de febrero de 1996.
El secreto es absoluto y no están permitidas grabaciones ni de audio, ni de video. Cualquier intento de romper esta confidencialidad se castiga con la excomunión automática (latae sententiae), impuesta directamente por la Santa Sede.
