El ex ministro de Trabajo de la Provincia, Guillermo Smaldone, cuestionó la investigación que llevó Fiscalía en la causa que se sustancia por la adquisición de un sistema de software para la Administración Pública provincial durante la gestión del ex gobernador Sergio Urribarri.
Se investiga si se favoreció a la empresa Relevamientos Catastrales SA a cambio de coimas.
El ex ministro de Trabajo de la gestión del ex gobernador, Sergio Urribarri, instó este jueves su sobreseimiento en la causa conocida que se sustancia para determinar si existió el pago de sobornos a ex funcionarios de las gestiones de Urribari, primero como ministro de Gobierno y luego como gobernador en dos períodos, para favorecer con información privilegiada al empresario paraguayo, Diego Armando Cardona Herrero, titular de la firma Relevamientos Catastrales SA, que fue adjudicada en la licitación que adquirió un sistema de software para la Administración Pública entrerriana. La audiencia continuará mañana viernes con la defensa de Miguel Ulrich, a cargo del defensor público, Gaspar Recca.
DETALLES. Smaldone, que asumió su propia defensa, sostuvo su pedido en tres ejes: la nulidad de la prueba que se pretende incorporar para ser debatida en un posible debate oral, entendiendo que fue incorporada de manera ilegal; en la insuficiencia probatoria de la evidencia que se pretende transformar en prueba; y por atipicidad de las calificaciones legales que se le atribuyen. Se trata de los presuntos delitos de Negociaciones incompatibles con la función pública, Cohecho y Fraude a la Administración pública, por su participación en uno de los seis hechos que se investigan.
Smaldone cuestionó que los fiscales incorporaron prueba de otro legajo de investigación que no lo comprende para involucrarlo en este. Se trata de la causa que investiga a Urribarri, Cardona Herrero y otros, por el supuesto delito de Enriquecimiento ilícito. Así, criticó que “Fiscalía construyó esa evidencia de manera ilegal y a mis espaldas”, cuestionando que no fue informado de la existencia de esa evidencia ajena a su situación. También destacó que los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, usaron evidencia que obtuvieron de otro legajo pero descartaron otra que no lo inculpaba, incumpliendo así con el deber de objetividad que por ley los comprende.
El ex funcionario criticó que los fiscales fueron “a la pesca” de su nombre entre “una marea de información”, situación que solo fue posible con la utilización de un sistema de software sofisticado que tiene el Gabinete de Informática de Fiscalía, elemento que las defensas están lejos de poder contar.
Smaldone sostuvo que la evidencia que se pretende usar en su contra es “débil”, insuficiente para que la causa avance, y obtenida de manera ilegal. También sostuvo que, a la hora de enfrentar hipótesis, Fiscalía manifestó que la sigla PLM que entendió era la clave para contabilizar los sobornos investigados, en realidad es una formula contable de la empresa que se dispara cada vez que se realiza un pago y significaría “Para Los Monotributistas”.
