viernes , 1 marzo 2024
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La cultura y sus diversos campos de actividad, bajo amenaza de desguace

“Las medidas en general me parecen una barbaridad” afirma Silvina Fontelles. La artista plástica y fundadora de Casa Boulevard agrega la incidencia negativa para quienes trabajan en el sector.

La profundidad y el alcance de las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) por Decreto –en vigencia desde ayer- y el proyecto de Ley Ómnibus que fue enviado al Congreso de la Nación comprenden también a la Cultura. Frente al panorama incierto y desafiante impuesto por las modificaciones planteadas, EL DIARIO realizó una ronda de consultas a referentes de diversos campos de la producción artística y cultural en la provincia  para conocer qué piensan sobre las medidas y su incidencia. 

La serie de medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) por Decreto –en vigencia desde ayer- y el proyecto de Ley Ómnibus que fue enviado al Congreso de la Nación para su tratamiento, tendrán un impacto en múltiples sectores. También en el campo de la creación cultural y de las actividades artísticas. La profundidad y lo vasto del alcance de las medidas –que proponen una reconfiguración profunda en diferentes aspectos- implican una desestructuración en sectores que luego de lentos y sostenidos procesos de construcción –algunos de décadas- habían conseguido un marco legal que les permitiera cierta estabilidad y la implementación de políticas específicas para consolidarlos.


Frente a este panorama, EL DIARIO realizó una ronda de consultas para conocer la opinión de referentes de diversos campos de la actividad artística y cultural. Un cuestionario con tres puntos fue remitido a cuatro personas de la ciudad que aceptaron responder: la artista plástica, docente, actriz y directora teatral Silvina Fontelles; el editor e imprentero Armando Salzman – fundador del Centro Cultural La Hendija- ; Selva Almada, escritora y fundadora de la librería Salvaje Federal; y Ricardo Rodríguez, gestor y animador sociocultural, miembro fundador de la Bibioteca Popular Caminantes.


La primera pregunta fue: ¿Qué opinión le merecen las medidas dispuestas en este proyecto de Ley ómnibus enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso, dispuestas para el sector en que desarrolla su actividad laboral y profesional?
La segunda: ¿Qué incidencia e impacto entiende que tendrán esas medidas en la actividad del área en que se desarrolla y en la dinámica general del escenario cultural del país?
Finalmente, en tono propositivo, y desde la perspectiva de cada referente, se invitó a formular medidas alternativas, en el caso que consideraran que las hubiese.


En todos los casos, el pronóstico que emerge de las respuestas es coincidente: las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) ligadas al campo de la actividad cultural, tendrán una incidencia negativa, y operarán una fuerte desestructuración en el sector con consecuencias devastadoras.

BARBARIDAD

Silvina Fontelles, fundadora del espacio cultural y Galería de arte Casa Bouevard, considera que “de ser aprobadas estas medidas tendrán incidencias negativas:  afectarán fuentes de trabajo, las  posibilidades de circulación de productos culturales , formación,  profesionalización que el Instituto Nacional del Teatro y el Fondo Nacional de las Artes promueven y estimulan a través de préstamos, subsidios para producción de obra,  becas, giras. Estos aportes son otorgados por un sistema de concursos reglamentado para todo el país. Todos los datos y resultados son accesibles en las páginas oficiales de los organismos.”


En tren de plantear otro curso de acción, señala que “el Poder Ejecutivo alega un problema de transparencia en el manejo de recursos. De ser así propondría que se realice un análisis profundo de la situación de cada uno de los organismos para asegurar mayor transparencia”.
“La alternativa –concluye- sería replantear creativamente las fuentes de recursos asignados a los organismos que financian la cultura”.


Para esta trabajadora del sector, ex sub directora de Cultura durante la gestión del ex intendente Humberto Varisco, “no es una  alternativa a la crisis plantear el ataque a los organismos que apoyan el desarrollo del imaginario de un pueblo,  generan trabajo y facilitan el acceso a un derecho humano fundamental como es el derecho a la cultura.” Desde esta perspectiva, considera que “las medidas en general me parecen una barbaridad. En particular, hacia los trabajadores de la cultura.” La docente y directora teatral, entiende que “se trata del ataque más violento en período democrático. Atentan al desarrollo de la capacidad crítica y creativa de un pueblo. Los  ideologos mienten y confunden sobre las fuentes de financiamiento del INT y  FNA, intentan enfrentar al pueblo con los artistas”.

EMPOBRECIMIENTO

Comprometido desde hace décadas con la actividad cultural de Paraná y la región, Armando Salzman es uno de los fundadores del Centro Cultural La Hendija. Además, desde hace más de 15 años es –junto a Laura Martincich- titular de Editorial Fundación La Hendija.
“Creemos que todas estas medidas que son coherentes entre sí, forman parte de un plan de modernización del país por derecha”. Y añade que “ante la incapacidad, la falta de voluntad, las ambiciones personales y las dificultades propias del proceso de hacer una modernización -desde, por y para los sectores populares-, la derecha y los sectores más retrógrados del país han logrado capitalizar el enojo y la miseria y se han hecho del poder para imponer con la mayor rapidez posible un programa -el cual siempre tuvieron-”.


Este programa, señala Salzman “significa la extranjerización de nuestros recursos naturales, el retroceso en la legislación civil, en lo que atañe a DDHH, derechos de las mujeres, de las disidencias y toda minoría. Aupados en reclamos históricos (agravados en pandemia) de los sectores emprendedores y de pequeña y mediana empresa ofrecen la promesa de algunas soluciones que hubiera podido generar un gobierno popular con menos ambiciones personales en su dirigencia.”
“En el caso de nuestra propuesta editorial –reflexiona- dirigida fundamentalmente al público universitario que vienen construyendo un debate, aportes y acciones concretas entorno a los temas que hacen a una sociedad en progreso hacia horizontes más justos; estas políticas a implementarse atacan las posibilidades materiales (producción y sus costos), intelectuales (acceso a la universidad, generación de conocimiento, libre discusión de ideas, investigación científica) y de realización de encuentros (congresos, ferias, seminarios) disparadores de proyectos, movilizadores y generadores de un sentir y hacer colectivo.”


Salzman considera que, de aplicarse, las medidas “provocarán menor producción intelectual y material, menos lugares de encuentro y discusión lo que redundará en un empobrecimiento cultural y de incidencia en los procesos sociales. Concretamente, desde la actividad editorial, esto ataca lo que llamamos bibliodiversidad, ya que serán las grandes editoriales y las grandes plataformas físicas y virtuales de ventas, quienes lleguen con sus ofertas a la mayoría del público lector, dejando por fuera aquellos libros que no son `best sellers´. Estos libros que quedan por fuera de las grandes cadenas son los que circulan a través de pequeñas librerías, librerías de barrios, de ciudades del interior del país, de libreros individuales que han puesto siempre el acento en la calidad, en la diversidad, y en la promoción de autores noveles o ideas disruptivas. Estas librerías y libreros no pueden subsistir sin el precio único de venta al público, porque necesitan vender también lo que está `de moda´ para sobrevivir y poder ofrecer el otro material.”


En cuanto a alternativas, el editor considera que “en este momento la única propuesta posible es no derogar la ley. Después podríamos avanzar en el apoyo económico a las pequeñas editoriales independientes que a lo largo y ancho del país han rescatado y divulgado a autores, docentes, investigadores nacionales, con textos que son requeridos en todo el mundo de habla hispana.” Salzman concluye señalando: “nunca tuvimos en épocas de gobiernos `populares´ un apoyo concreto para un desarrollo”.

HORROR

Selva Almada es reconocida novelista y es fundadora –junto a cuatro amigas- de la Librería virtual Salvaje Federal.
A la escritora nacida en Villa Elisa le preocupa, “por no decir me aterroriza, la concentración de poder únicamente en el Ejecutivo. No me parece democrático.” Y destaca que “entre las medidas que tienen directamente que ver con mi oficio de escritora y como parte de un proyecto como Salvaje Federal, que es una librería, pero con una pata fuerte en la promoción de la literatura que se escribe y se edita en las provincias argentinas, me alarma la derogación de la Ley 25.542 que establece que un libro tenga un precio único y uniforme.”


Lo anterior –advierte- “quiere decir que un lector puede adquirir el mismo libro al mismo precio en una librería de una gran cadena que en una pequeña. En Buenos Aires o en La Quiaca el libro va a costar igual”, lo cual “permite que las librerías pequeñas e independientes puedan trabajar y también que las editoriales pequeñas tengan su lugar en las librerías sin quedar sepultadas por la oferta de los grandes grupos editoriales”.
“Esto es muy importante para proyectos como nuestra librería que justamente tiene el foco puesto en la bibliodiversidad y en la federalización de la literatura. Esta ley, además de que funciona, es modelo en la región”.


Para la autora de Ladrilleros, otra de las medidas preocupantes es el desfinanciamiento de las bibliotecas populares y de la CONABIP. “Voy a plantear un ejemplo personal. Como lectora me formé gracias a la biblioteca pública: en mi casa no había plata para comprar la cantidad de libros que yo leía en la infancia y la adolescencia y si pude hacerlo fue porque había una biblioteca popular en mi pueblo de la que sigo siendo socia desde los 12 años y aunque ya son más de 30 los que no vivo en Villa Elisa. Para mí las bibliotecas son lugares donde la lectura no sólo vive si no que se reproduce en un montón de actividades: talleres, clubes, recomendaciones boca a boca, son sitios a los que hay fomentar no sacarles presupuesto ¡es una locura!”.


Asimismo subraya que “otra medida que ataca directamente a la formación y el estímulo de los artistas emergentes es el cierre del Fondo Nacional de las Artes, una institución con muchísima trayectoria, autártica, y que a través de sus becas a la creación -gracias a una beca así pude hacer parte de la investigación para escribir Chicas Muertas-, concursos, subsidios y préstamos resulta un gran espaldarazo para escritores y artistas en general que están comenzando una obra”.
En su análisis Almada enfatiza que “la desaparición del Instituto Nacional del Teatro (INT) es otra locura: el teatro argentino es reconocido en el mundo entero y gracias al apoyo del Instituto tenemos grandes dramaturgos y directores cuyas obras circulan en el país y en el extranjero: Mauricio Kartún, Lola Arias, Rafael Spregelburd son referentes a nivel mundial y seguramente su trabajo se hubiera realizado con muchísima más dificultad de no existir un INT, además del estímulo que significa para el teatro que se hace hacia adentro del país, muchas ciudades no tendrían salas de teatro si no fuera por el apoyo del INT. También amenazan la continuidad de la Escuela Nacional de Experimentación Cinematográfica (ENERC) y del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).”


Para la escritora “es realmente es incomprensible el ataque directo a la cultura de un país. Durante la campaña presidencial nunca escuché al presidente (Javier) Milei hablar de cultura así que supuse que no le interesaba en lo más mínimo. Que ahora entre en el radar de sus medidas solamente para destruir lo que se ha construido con muchísimo esfuerzo durante muchísimas décadas –recordar que a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) la creó Sarmiento- me parece sencillamente un horror”.


“No se me ocurren medidas alternativas a éstas sobre todo porque no puedo entender por qué destruir leyes e instituciones que funcionan bien. Por qué, en definitiva, tanto desprecio por la cultura y por los artistas de este país”, concluye la escritora.


Para la escritora Selva Almada, sacar los aportes a las bibliotecas populares –espacios en los que se formó como lectora- es lisa y llanamente “una locura”.

Resistir la desaparición

Desde la Biblioteca Popular Caminantes, Ricardo `Lole´ Rodríguez – Integrante del grupo fundador, gestor cultural y militante de la cultura comunitaria y popular, sostiene que “la eliminación de la Ley del Libro -que es orgullo y ejemplo argentino en el mundo-, con su desaparición impedirá la bibliodiversidad, que garantizaba la existencia de cientos de editoriales y librerías independientes, que canalizaban la expresión literaria diversa. Es un capital simbólico muy importante que se perderá”.
Para Rodríguez, el proyecto de Ley Ómnibus “pone en peligro el derecho de accesibilidad a los bienes culturales por parte de la población”. Bienes que, por otra parte, “no significan desde el punto de vista económico una erogación imposible de realizar desde el Estado”.


En ese sentido, subraya el gestor cultural “el destino de fondos a leyes, programas y fomentos, han permitido accesibilidad, diversidad, igualdad de oportunidades, y han impedido que triunfe la lógica liberal del más fuerte imponiéndose contra el más débil”.


Por otra parte, el representante de la Biblioteca Caminantes –que ayer concretó un encuentro de artistas de la zona para expresar la posición del sector frente a las medidas- entiende que “los afectados por la derogación de las leyes que el proyecto Ómnibus deja sin efecto deberemos unirnos más que nunca, para resistir la desaparición de la diversidad cultural”.
“Llamamos a ir conformando y organizando una gran Marcha o Caravana en defensa de las Culturas, que vaya mostrando a su paso el ingenio y creatividad que anida en el universo cultural Argentino”, concluye Rodríguez.

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