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Contratos truchos: Defensores sostendrán que no hay riesgo de entorpecimiento de la investigación

Tras varios reveses en distintas instancias del proceso, las defensas de los primeros cuatro imputados volverán a sostener ante la última instancia en la Justicia provincial que no existe riesgo de entorpecimiento de la investigación y que éste no fue probado por Fiscalía.

 

Néstor Belini | coordinacion@eldiario.com.ar

 

EL DIARIO informó en su edición de este miércoles que el presidente del Tribunal de Feria, Bernardo Salduna, resolvió fijar para el 6 de febrero a las 9 la audiencia por el recurso interpuesto respecto de la prisión preventiva de Flavia Beckman; Hugo Mena; Esteban Scialocomo y Alfredo Bilbao.

 

La audiencia se realizará en el Salón María Sara Oyhampe por la presentación que realizaron los defensores José Velázquez y Humberto Franchi, que representan a Beckman, Scialocomo y Mena, y de Bilbao, que es representado por Iván Vernengo y Damián Petenatti.

 

En aquella audiencia sólo se discutirá sobre la prisión preventiva que pesa sobre los cuatro mencionados, que les fue impuesta por el presunto peligro de entorpecimiento de la investigación.

 

Contratos truchos: los imputados volvieron a la cárcel de Paraná

 

No estará en cuestión si los sospechosos de pertenecer a una organización que durante diez años sustrajo enormes sumas de dinero de las arcas del Estado mediante la celebración de contratos de obra apócrifos a favor de personas que sólo cedían su nombre a cambio de ínfimas sumas como contraprestación, son culpables. Esto se dirimirá en un juicio plenario, del que Fiscalía adelantó que está en condiciones de solicitar, durante marzo, la elevación de la causa a juicio.

 

 Cronología

 

A la instancia que habilitó Salduna el martes 29 se llegó luego de una serie de audiencias de mucha tensión en las que las defensas fueron sufriendo continuos reveses. La cronología comenzó con la audiencia que se realizó el 19 de octubre de 2018 ante la jueza de Garantías N°1, Marina Barbagelata, que acogió los argumentos de Fiscalía respecto del peligro de entorpecimiento de la investigación por parte de los primeros imputados, puesto que el arraigo, que comprende el riesgo de fuga, no estuvo en cuestión.

 

Las defensas presentaron ante Barbagelata un recurso de apelación, que aquella concedió. La discusión sobre los fundamentos de la privación de la libertad en la Unidad Penal N°1 de Paraná durante la investigación continuó ante la vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, que el 2 de noviembre de 2018 los rechazó y confirmó la resolución de Barbagelata en todos sus términos. Las defensas presentaron ante Castagno un recurso de casación, que la magistrada concedió.

 

La audiencia en Tribunales se hará el miércoles 6 de febrero.

La discusión llegó a la Cámara de Casación Penal (CCP) de Paraná, que el 7 de diciembre de 2018 rechazó el recurso de casación y confirmó lo resuelto por las dos instancias anteriores.

Las defensas presentaron ante la Cámara un recurso de Impugnación Extraordinario ante la Sala N°1 de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que fue denegado el 27 de diciembre. Las defensas, al día siguiente, presentaron un recurso de queja ante la Sala, que fue acogido el 31 de diciembre.

 

En la resolución, la Sala hizo lugar a los recursos de las defensas, declaró “mal denegadas las impugnaciones extraordinarias…”, y comunicó a la Cámara de la decisión para que se produzca “el emplazamiento de Ley a las partes” y se le eleven las “actuaciones principales”.

 

Fundamentos

 

Fiscalía sostuvo desde el comienzo de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) que existe el riesgo de entorpecimiento de la investigación habida cuenta la gravedad del hecho que se investiga y que se trataría de una organización criminal que se desarrolló en el interior del Poder Legislativo, contando con posibilidades de realizar actos que perturben el normal desenvolvimiento de la pesquisa.

 

Entre otros indicios, se destacó un mensaje de texto que Mena le envió a un supuesto contratado, Leonardo Dehan, durante el procedimiento en el que eran detenidos Beckman, Sciolocomo y María Victoria Álvarez, pidiéndole que si le preguntaban por su contrato, respondiera que trabajaba en la Legislatura.

Las defensas sostienen que aquel mensaje no constituyó un intento de entorpecimiento puesto que se realizó antes de la formal apertura de la investigación, por lo que no se podría considerar un acto para obstaculizar la pesquisa, que recién se iniciaba. En el mismo sentido agregaron que Fiscalía entrevistó a medio centenar de personas y ninguna refirió haber recibido algún tipo de intimidación o amenaza para declarar en determinado sentido.

 

Agravios

 

Fuentes judiciales precisaron que las defensas sostendrán su planteo de queja en tres motivos de agravio. El primero consiste en que la sentencia de la CCP se equipara a una sentencia definitiva y refiere a la libertad de una persona.

 

El segundo estriba en que existiría una contradicción respecto la propia jurisprudencia que la Cámara viene sentando. Así, se citó la sentencia de la Cámara que le concedió a Silvio Díaz la excarcelación mientras se sustanciaba la IPP por un grave siniestro vial.

 

El tercero cuestiona que la resolución ocasiona un gravamen irreparable y exhibiría una disparidad en el tratamiento respecto de otros sindicados en la mega causa.

 

En este sentido se indicó que durante la IPP se allanaron dos estudios contables pero no todos los integrantes de los mismos están privados de la libertad y de disponer de sus bienes, a pesar de que están mencionados en la reformulación del hecho que realizó Fiscalía. También se deslizó que hay contadores que pertenecerían a los estudios allanados que siquiera están mencionados en la causa.