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viernes, noviembre 15, 2019
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    Desdoblamiento elecciones: rechazaron la acción de amparo presentada por Carbó

    La Jueza de Feria Civil, Comercial, Laboral y de Paz, Elena Albornoz, resolvió rechazar el amparo que había presentado el dirigente radical Alejandro Carbó contra el gobierno de la provincia para que se declare la nulidad de los decretos 4312 y 4313, dictados por el Poder Ejecutivo entrerriano, sobre el cronograma electoral, al entender que son inconstitucionales.

     

     

    Por ambos decretos, el gobierno estableció el cronograma electoral para las elecciones a realizarse este año, tanto para las elecciones generales como para las PASO.

     

    La justicia rechazó el amparo de Carbó por la fecha de las elecciones

     

    La magistrada fundamentó la resolución al considerar que el amparista no acreditó cuál es el derecho vulnerado, ni tampoco que se encuentre legitimado para pedir protección de derechos colectivos o una acción de clase. Al respecto en uno de los párrafos de la sentencia, alude a jurisprudencia según la cual «no basta, para la procedencia de la acción de amparo que exista un acto u omisión manifiestamente ilegítimo, o que se haya vulnerado un derecho o garantía constitucional. Es menester también que exista un ´interés´ directo. Un perjuicio concreto para quien ejerce la acción”.

     

    Desdoblamiento elecciones: la justicia aceptó el recurso de amparo interpuesto por Carbó

    Asimismo, al analizar que la nulidad derivaría de la inconstitucionalidad o ilegalidad de los decretos, Albornoz sostuvo que la vía para el dictado de la inconstitucionalidad de una norma, no es el amparo. Al respecto, entendió que se podría optar por la acción directa de inconstitucionalidad, acuñada por los constituyentes del 2008 en el artículo 61 y “que se encuadra perfectamente en lo manifestado por el actor, toda vez que establece ´Todo habitante de la Provincia, en el solo interés de la legalidad, tiene acción directa para demandar ante el Superior Tribunal de Justicia la inconstitucionalidad de una norma general contraria a la presente Constitución. El firmante de una demanda temeraria será sancionado de acuerdo con la ley´”. O bien, la vía prevista en el artículo 51 de la ley de Procedimiento Administrativos.

    PLANTEO. Carbó había fundamentado la inconstitucionalidad de dichos decretos, al sostener que la ley provincial 10615 que en su artículo 2 establece las fechas de las elecciones, dispone que la convocatoria, será realizada, por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial o en su defecto por la Legislatura, con una antelación no menor de 150 días de la realización de las elecciones generales. Cuestiona que el gobernador se habría arrogado la facultad de fijar la convocatoria a elecciones, así como su cronograma, cuando dicha facultad de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución de la provincia de Entre Ríos en su artículo 87 inc. 4, corresponde a la legislatura Provincial.

    “Ante eso plantea que el gobernador debió instar de oficio la inconstitucionalidad de la ley y dejar que sea la Legislatura de la Provincia quien fijara dicha convocatoria”, cita la magistrada.

    En cuanto a la legitimación, Carbó alude al artículo 43 y otros derechos reconocidos en la Constitución Nacional y también a la Constitución provincial. Agrega que “dicha legitimación nace del derecho que le asiste, como ciudadano y a todo partido político y de quienes lo conforman de velar por un acabado cumplimiento de las normas electorales, afirmando que no existe otro método legal y/o judicial idóneo o más apto por la necesidad inmediata de dar u organizar la elección como manda la Constitución de la Provincia de Entre Ríos”.

     

    EXTEMPORÁNEA. En el trámite del amparo, el gobierno consideró inadmisible esa vía y planteó la falta de legitimidad de Carbó, entre una serie de aspectos, porque su condición de ciudadano o habitante no alcanza –entendió- para requerir por la vía del amparo la anulación de un acto administrativo, si el mismo no causa una afectación directa a intereses particulares del amparista.

    En otro orden, sostuvo “la extemporaneidad de la acción de amparo”, en tanto expresó que el amparista “en todo su escrito inaugural refiere que la acción presentada es tempestiva, toda vez que los decretos atacados fueron publicados en el Boletín Oficial el día 11 de diciembre de 2018 y el amparo se presentó dentro de los treinta días que dispone la norma del artículo 3 de procedimientos constitucionales, ya que el mismo ingreso el día 10 de enero de 2019.

    Sin embargo, agrega que de los dichos del amparista se desprende que en realidad lo que impugna es la constitucionalidad del artículo 2 de la ley 10615, norma que fue sancionada por la legislatura en fecha 28 de agosto de 2018 y publicada en el boletín oficial, siendo en consecuencia la extemporánea la acción”.

     

    Explicaciones del Gobierno

    El gobierno provincial argumentó tres defensas en la contestación del amparo presentado por dirigente radical Alejandro Carbó, cuyo objetivo era declarar la nulidad de los decretos que establecen el cronograma electoral para las elecciones de 2019.

    El primer planteo efectuado por el gobierno tuvo que ver con la falta de legitimación activa de Carbó, sobre lo cual el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, explicó: “Si bien está permitido que cualquier ciudadano plantee la inconstitucionalidad de una ley, en este caso planteó una acción de amparo, no de inconstitucionalidad contra los decretos pero en definitiva lo que estaba pretendiendo era la inconstitucionalidad de la Ley Electoral, y la jueza de Primera  Instancia recogió nuestro argumento de falta de legitimación”.

    El segundo argumento fue que la vía del amparo no era idónea para resolver la cuestión. “En este punto la jueza también aceptó nuestro argumento”, acotó el fiscal.

    En tercer lugar, el planteo se hizo sobre la cuestión de fondo, es decir, que la Legislatura había determinado perfectamente la fecha de elecciones. “La jueza, Elena Albornoz  hizo lugar a nuestros planteos de falta de legitimación y de falta de idoneidad de la vía y ganamos el amparo en primera instancia”, completó Rodríguez Signes.

    En tanto, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, explicó que “la importancia del fallo de primera instancia en el amparo radica en que en medio de un proceso electoral hay que tener seguridad jurídica”.

    “El decreto del gobernador fue dictado en el marco de la Ley que por amplia mayoría la Legislatura aprobó tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores, hubo muy pocas objeciones y precisamente el que se insertara específicamente la fecha de las elecciones primarias en Entre Ríos el segundo domingo de abril y de las elecciones generales el segundo domingo de junio, fue una decisión del legislador a tono con lo que dice la Constitución de Entre Ríos reformada en 2008”, detalló.

    Por lo tanto “no hay ningún tipo de cuestionamiento de corte constitucional que pueda hacerse a la decisión del gobernador, ni hay ninguna objeción de corte constitucional a los decretos de convocatoria dictados por el gobernador Bordet”.

     

     

     

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