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    En el final de los alegatos cruzaron argumentos fiscales y defensores

    La réplica de Fiscalía a los argumentos de las defensas tuvo como punto alto el resguardo de los peritos del Ministerio Público Fiscal (MPF) y de los informes que realizaron, rechazando los pedidos de exclusión que realizaron las defensas. Por su parte, éstas insistieron en la violación de las garantías constitucionales de derecho de defensa y del debido proceso.

     

    Los fiscales Patricia Yedro, Juan Ramírez Montrull y Gonzalo Badano respondieron a los puntos más punzantes de las defensas contra la hipótesis acusatoria en la causa que se sustancia contra el ex gobernador, Sergio Urribarri, los ex ministros de Cultura, Comunicación y Turismo, Pedro Baez y Hugo Marso, respectivamente, y ex funcionarios de la gestión del ex gobernador, entre los que se destaca el cuñado de aquél, Juan Pablo Aguilera, y particulares, imputados en cinco hechos de corrupción contra la Administración Pública. Del lado de las defensas, duplicaron a los fiscales los defensores Ignacio Díaz, Juan Mendez, Miguel Cullen, Raúl Barrandeguy y Marcos Rodríguez Allende.

    Fiscalía defendió la labor que realizaron los peritos Guillermo Fritz, Fernando Ferrari, Héctor Enrique y Victoria González Brunnet. Sostuvo que todos estaban capacitados para realizar las tareas que se les solicitó y señaló que sus incumbencias están reguladas por la Ley de Educación Superior de la Nación. También, dijo que los alcances del título, las incumbencias, son determinados por las universidades. Además, argumentaron que el hecho de no estar matriculados, en un caso, obedeció a que al tener relación a tiempo completo con el Poder Judicial se suspende la actividad particular y no sería necesaria la matriculación en el colegio correspondiente.

    Matriculados

    Añadieron que estar matriculado en uno u otro colegio escapa al alcance del debate y nada tiene que ver con el valor y la validez de la prueba que se está debatiendo. Respecto de la dependencia funcional del MPF, resaltaron que ningún perito fue recusado durante el proceso. Fiscalía sostuvo que los peritos bioingenieros que realizaron la extracción de información de elementos informáticos no hicieron ninguna valoración de la información que extrajeron con el fin de preservarla para su reproducción.

    Los fiscales rechazaron los pedidos de exclusión de los informes, no es menor el énfasis porque en los informes se encuentran los principales elementos de cargo. Así, sostuvieron que los planteos fueron extemporáneos. Señalaron que sufrieron revés en la Justicia provincial, en la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y hasta en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que desestimó el pedido de exclusión de las defensas. Éstas replicaron que aquello no se ajustaba a la verdad, destacando que la Corte no rechazó nada, siquiera se abocó a la cuestión de fondo, y que el STJ sostuvo que como no había un agravio irreparable era en el juicio donde se debía resolver.

    La Fiscalía Anticorrupción

    Fiscalía también citó el proyecto de ley que el gobernador Gustavo Bordet presentó para la creación de la Fiscalía Anticorrupción. Así, entendieron que les daba la razón puesto que les da la posibilidad de contar con sus propios peritos, añadiendo que hasta que sean designados, transitoriamente se usen los que existen en el MPF. Las defensas replicaron que la interpretación del proyecto del Poder Ejecutivo se destacaba, precisamente, por lo contrario. En este sentido, señalaron que el proyecto propone que los cargos de perito se designen por decreto del Ejecutivo y con participación del Consejo de la Magistratura y de los colegios de profesionales según las incumbencias requeridas. Así, sostuvo que por el contrario el proyecto fulmina la posición de Fiscalía y le da la razón a la defensa en una temática que viene discutiendo desde hace siete años.

    El desistimiento de testigos desde ambas partes y la no citación de testigos civiles de actas importantes fue motivo de tensos cruces de argumentos. Los fiscales señalaron que las defensas no los objetaron cuando se realizaron las convenciones probatorias y se remitió la causa a juicio. Las defensas sostuvieron que Fiscalía invierte la carga de la prueba cuando alega que los imputados tienen que realizar acciones para demostrar su inocencia.

    Las defensas fueron muy críticas de las expresiones de los fiscales que, en relación a las denunciadas afectaciones al derecho a la intimidad con la realización de un informe de llamadas confeccionado con información que Fiscalía le pidió a las empresas de telefonía sin autorización de un juez, sostuvieron que si las hubo fueron “nimias”. Los fiscales también señalaron que hay condenas con aquel tipo de medida.

    En réplica a aquellas manifestaciones, las defensas resaltaron que es preocupante si hay ciudadanos condenados en contra de lo que dice la Constitución Nacional o la Justicia provincial. También criticaron que el intento de minimizar la situación, de las que se enfatizó que fueron intromisiones sin orden del juez tal como lo ordena la norma, sería algo absolutamente subjetivo, porque señalaron que lo que puede ser nimio para los fiscales puede ser determinante para el imputado.

     

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