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    Pidieron la absolución de Aguilera en la causa Parador

    La defensa de Juan Pablo Aguilera solicitó ayer la absolución lisa y llana en la causa Parador de Mar del Plata, una de las cinco que se juzgan en un solo juicio por delitos de corrupción. Anteriormente, la defensa había solicitado lo mismo en la causa Imprentas. Con similares argumentos a los esgrimidos en aquella, se cuestionó el rol de Fiscalía y se pidió la exclusión de informes periciales que son la columna vertebral de la acusación.

     

    En la continuidad de los alegatos defensivos de los imputados en cinco hechos que se sustanciaron en tres legajos por delito contra la Administración Pública, que tiene como principal imputado al ex gobernador, Sergio Urribarri; junto a los ex ministros de Cultura y Comunicación y de Turismo, Pedro Baez yHugo Marsó, respectivamente; y al militante, armador político del Partido Justicialista y cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera; y ex funcionarios de las gestiones del ex gobernador y particulares, la defensa de Aguilera solicitó la absolución lisa y llana de aquel en la causa conocida como Parador de Mar del Plata. Los alegatos retoman hoy a las 9 con los argumentos de Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, en representación de Urribarri.

    Marcos Rodríguez Allende reiteró parte de los argumentos que sostuvo cuando alegó en la causa Imprentas y solicitó la absolución de Aguilera y la de la esposa, la imputada Luciana Almada. Ayer, el defensor volvió a solicitar la exclusión de los informes periciales sobre entrecruzamiento de llamadas y contable, que realizaron los peritos del Ministerio Público Fiscal (MPF), los contadores Victoria González Brunet y Héctor Enrique, respectivamente. Del primero recordó que se violaron las normas del debido proceso al realizarse sin la correspondiente autorización de un juez, considerando ilegal que se utilice el informe como fundamento de la acusación. Del segundo, cuestionó las circunstancias irregulares en que se secuestró un disco rígido extraíble que contenía toda la información sobre la que se construyó la imputación.

    En la primera parte de su alegato, el defensor recordó los alegatos de sus colegas codefensores, Emilio Fouces y Miguel Cullen, que señalaron que Fiscalía violó el principio de congruencia al imputar un hecho que durante el debate fue modificado, perjudicando así el derecho de defensa. Rodríguez Allende adhirió a los señalamientos respecto a que Urribarri, junto a Marsó, fue acusado por Fiscalía de desviar fondos públicos con el pretexto del Parador para financiar su precandidatura a presidente en 2015, para luego afirmar en los alegatos de clausura que se trató de financiar el posicionamiento nacional del ex mandatario provincial.

    La defensa realizó un análisis de la imputación recurriendo a un esquema igual al que esbozó en la causa Imprentas. Así, dividió el abordaje en un esquema público y en otro privado. Del primero sostuvo que el Parador se planificó para promocionar el sector turístico de Entre Ríos, que el fin se logró, destacando que el proceso de licitación contó con la aprobación de la Unidad Central de Contrataciones, organismo autónomo en el que ni Urribarri ni Marsó pudieron ejercer cualquier tipo de influencia para direccionar el proceso en beneficio de un particular y en desmedro del interés público.

    Cuestionó el informe del contador

    Respecto del esquema privado, cuestionó el informe del contador Enrique, puesto que describe un esquema de devoluciones o retornos que habrían beneficiado a Urribarri y Aguilera, según sostuvo el perito en el debate. Rodríguez Allende criticó que no se trató de una pericia contable realizada por parte del STJ con un perito contador y el trabajo de los peritos de parte, para analizar en su integridad el esquema de devolución que expuso Enrique.

    El defensor destacó que Enrique tuvo como fuente de su informe tres ítems: los informes de AFIP sobre facturaciones, los informes de los bancos sobre trasferencias, y “fundamentalmente, la tercera base que aparece como más fuerte y lo llevan a afirmar cosas que le parecen, son las llamadas evidencias informáticas, que son un disco externo y dos computadoras de TEP SRL que fueron secuestradas en el allanamiento de la empresa” que se realizó el 1 d agosto de 2016. Tras reiterar lo que las defensas consideraron graves irregularidades en el hallazgo del disco externo y en su secuestro, sostuvo que no es posible admitirlo como prueba puesto que señaló que “en base a esto el contador Enrique sustenta esta evidencia digital como fundamental para el informe”.

    Rodríguez Allende intentó debilitar la afirmación de Fiscalía cuando en los alegatos de cierre del debate sostuvo que tanto Aguilera, como el imputado Gerardo Caruso, titular de la firma El juego en que andamos, que ganó la licitación y montó el Parador, había reconocido el esquema de devoluciones que describió Enrique en su informe. El defensor expresó que “no es como dice el fiscal, que Caruso y Aguilera ratificaron el informe de Enrique, no le asiste razón en que aquellos lo ratifiquen, es incorrecto, lo que ratifican es que uno le presta al otro dinero, le da efectivo a otro, y ambos cuentan en qué circunstancias fue, cuando el Parador estaba funcionando”.

    El defensor sostuvo que se trató de un “vínculo comercial” y no de “un puente ficticio, como dice el contador”. Así, respecto al préstamo en efectivo, Rodríguez Allende intentó explicar que Aguilera, por su rol en el Partido Justicialista tenía disponibilidad de efectivo y la capacidad para disponer de aquel, en virtud del contexto político de aquella época.

     

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