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sábado, agosto 13, 2022
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    Legajo Imprentas: piden la absolución de Juan Pablo Aguilera y su esposa

    Las defensas volvieron a criticar que en la investigación se cometieron gravísimas irregularidades, violaciones a la Constitución Nacional, como la vulneración del derecho a la intimidad o la no aplicación del Código Procesal Penal.

     

    Marcos Rodríguez Allende, defensor de Juan Pablo Aguilera y Luciana Almada, pidió la absolución de ambos de la causa conocida como Imprentas. Respecto de Aguilera, a quien se le atribuyó un rol como partícipe necesario, sostuvo que, si se hubiera demostrado que eran de su propiedad, lo que no ocurrió según opinó, lo que no se pudo probar es que se haya interesado en beneficiarlas. De Luciana Almada sostuvo que no se demostró qué rol desempeñó para que se le atribuya una participación secundaria en el delito. Como en todas las jornadas de alegatos defensivos, se escucharon fuertes críticas a la investigación que llevó adelante el Ministerio Público Fiscal (MPF). Los alegatos continuarán el lunes.

    En la misma jornada, Miguel Cullen, defensor de Corina Cargnel, pidió su absolución de la causa Parador de Mar del Plata. En la jornada anterior la había solicitado en el legajo Imprentas. Sostuvo que no hacerlo significaría la consolidación en Entre Ríos de un sistema que se basaría en la violación de las normas que regulan el derecho de defensa en juicio y del debido proceso. Por eso hizo expresa reserva del caso federal.

    “Ensañamiento”

    Cullen expresó que llamó “la atención el ensañamiento con la contadora por realizar una tarea estereotipada, la misma que realizaban otras contadoras”, tal cual, entendió, quedó demostrado con prueba documental. El defensor sostuvo que “se pretende, con la tesis de la defensa, la creación del monstruo, la bruja, analogía muy fuerte, pero que está sucediendo en esta causa”, por lo que pidió volver a “un derecho penal de acto y no por la preligrosidad”.

    Cullen cuestionó que Fiscalía “infiere el conocimiento de que se estaba realizando un ilícito por la compra de merchandising, pero TEP SRL (N de la R: la empresa de la que Cargnel era contadora) hace eso, publicidad, dentro de esto no solo es la realización de cartelería en vía pública, sino todo, va mutando, una de esas es el mercadeo, objetos de muy bajo costo que se reparten gratis con el fin de promocionar determinado producto. A eso se dedica TEP”. Así, añadió que “la confusión en que incurre el MPF es creer que lo único que hacía TEP era carteles”.

    Cullen pidió la exclusión de todos los informes que realizaron profesionales empleados del MPF, de los que consideró que se trató de “prueba obtenida sin apego a las leyes”, que fueron firmados por personas que no estaban habilitadas para hacer la extracción de información de elementos informáticos, y en consecuencia pidió la exclusión de todos los actos posteriores que se derivaron de aquel accionar que consideró contrario a la Ley. También pidió la exclusión de todos los informes telefónicos que se realizaron sin orden judicial  ni fundamentación porque entendió que se estaría avalando el accionar arbitrario de personas que sin ningún motivo legal se inmiscuyen en la vida íntima de las personas. Ante todo aquel escenario, sostuvo que “no existe posibilidad del ejercicio de defensa” y consideró que si se aplica la Constitución, “no queda otra que la absolución”.

    Exclusiones probatorias

    A su turno, Rodríguez Allende también se sumó a las exclusiones probatorias y pidió la exclusión del informe del perito de Fiscalía Guillermo Fritz, del 15 de agosto de 2017, que consistió en extraer datos del disco rígido externo duramente cuestionado por las defensas, y de dos computadoras de escritorio, y excluir de este informe todas las cuestiones vinculadas a la intimidad de las personas investigadas. También excluir por irregularidades el informe de Fernando Ferrari, del 16 diciembre de 2016, sobre todos los celulares y sus consecuentes actos posteriores.

    Críticas al accionar del MPF

    Rodríguez Allende, también fue muy crítico del accionar el MPF. En este sentido desacreditó el valor probatorio de la información que se extrajo de un disco rígido externo. Lo hizo preguntando por qué el MPF no llevó al debate a los testigos que participaron en el allanamiento que se realizó el 1 de agosto de 2016 en calle Racedo, primero, y en calle Irigoyen, donde se encontró el disco, cuando se informó del hallazgo. Luego señaló que los que fueron, en vez de poner claridad a la medida, por el contrario exhibieron serias anomalías en los horarios en que se consignaron en ambas actas. Al igual que Cullen en la jornada anterior, dejó su sospecha que pudo ser plantado.

    Rodríguez Allende consideró necesario exhibir cómo comenzaron a sustanciarse las investigaciones. Así, señaló que se lo hizo ante de los numerosos allanamientos simultáneos que se realizaron el 1 de agosto de 2016. Sostuvo que todo comenzó con la denuncia de dos abogados –N de la R: se trata de Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet- que denunciaron el 21 de diciembre de 2015 en Fiscalía, a Urribarri y su familia por Enriquecimiento ilícito. Recordó que la denuncia fue una “pequeña recopilación” de una nota periodística que se publicó el 17 de diciembre del mismo año. En este sentido señaló que el esquema se conformó con la publicación de un medio y entre cuatro y siete días después se presentaba la denuncia. El defensor destacó que los dos abogados son lo que denunciaron a la procuradora general adjunta y fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, que fue suspendida por el Honorable Jurado de Enjuiciamiento, porque pende sobre ella un proceso de jury. Rodríguez Allende indicó que Goyeneche “participó en el debate activamente”.

     

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