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lunes, agosto 15, 2022
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    Defensas volvieron a desacreditar los argumentos de los fiscales

    La defensa de Corina Cargnel y Gustavo Tortul, y la de Gustavo Tamay, pidieron sus absoluciones por considerar que no hubo un obrar ilícito en sus actos. Nuevamente, fueron muy críticas de la actuación de los fiscales, a quienes les señalaron un obrar al margen de la Ley. Los alegatos retoman el jueves a las 9.

     

    Miguel Ángel Cullen, defensor de Corina Cargnel y Gustavo Tortul, y Juan Méndez, defensor de Gustavo Tamay, solicitaron ayer la absolución de los tres por considerar que lograron probar que no realizaron ningún acto que mereciera un reproche penal y menos una condena. Cargnel y Tamay están imputados en la causa conocida como Imprentas, en tanto que Tortul lo está en la denominada Spots en la Cumbre del Mercosur. Las dos causas se dirimen en un solo debate junto a las causas Parador de Mar del Plata, Solicitada contra los fondos buitres y Global Means, en las que están acusados por delitos de corrupción, el ex gobernador, Sergio Urribarri, los ex ministros, Pedro Baez y Hugo Marso, el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, y ex funcionarios y particulares.

    Al inicio de la jornada, Méndez fue crítico de los fundamentos de la imputación y de los alegatos de clausura del debate que realizó Fiscalía. Recordó que “esta causa comienza como muchas otras en el país por denuncias periodísticas que son tomadas por dirigentes que muy diligentemente se presentan al Poder Judicial”. Sostuvo que la acusación contra su defendido respecto a que ingresó al cargo de responsable de control de la publicidad estática en vía pública, designado por Baez e inmediatamente a que éste fuera designado director de Información Pública, fue “temeraria e inexacta”  puesto que Tamay ingresó un años después.

    Méndez sostuvo que Fiscalía no aportó pruebas que demostraran que Tamay haya recibido regalos navideños de la empresa Cinco Tipos, propiedad de los imputados Maximiliano Sena y Emiliano Gaicopuzzi, algo que Tamay negó; que Tamay haya sido reconocido en mails y conversaciones por su apodo; que haya sido Tamay la persona que por una comunicación por mail entre dos terceros, se haya reunido con Aguilera comprometiéndose a firmar tres expedientes para que se agilizara su pago, de los cuales dos no se pagaron y un tercero se pagó dos años después; y fundamentalmente que Tamay no haya realizado su trabajo para así favorecer a las empresas  TEP SRL y NExt SRL, de las que Fiscalía sostiene que eran de Aguilera.

     

    Documentación

    En aquel punto, Méndez sostuvo que Fiscalía no logró probar que las empresas sean de Aguilera y no de Giacopuzzi y Luciana Almada, y de Sena y Alejandro Almada, respectivamente, y menos que Tamay lo haya sabido. Sostuvo que su defendido, “una vez recibida la documentación de las empresas que contrataban publicidad, tenía que pasar a certificar que la campaña que se mencionaban los carteles estuvieran” en el lugar acordado, añadiendo que “no significaba nada más que eso, no participaba del momento en que empresa iba y sacaba la foto, lo que hacía era tomar nota de la ubicación del cartel y cuando llegaba la documentación que aportaba la empresa, certificaba que había pasado y estaba el cartel, no certificaba la vaca el pajarito, porque no estaba cuando la empresa iba y sacaba la foto”, de la que dijo que quedó probado que solo era incorporada al expediente en carácter ilustrativo.

    Méndez destacó que varios testigos sostuvieron que la certificación o verificación de las publicidades se realizaba in situ y que la foto era a mero título informativo. También cuestionó que “los indicios para ser válidos tienen que estar sustentados en una prueba”, y añadió que si no “son conjeturas de la que Fiscalía pretendió valerse para demostrar que Tamay es partícipe necesario en la comisión de un delito, aclarar que Fiscalía no tiene el monopolio de la verdad, por más que lo manifieste no alcanza para imputarlo y menos pedirle pena de cárcel”.

    Fiscales

    A su turno, Cullen retomó los alegatos que desarrolló el lunes. Volvió a ser muy crítico de la labor de los fiscales y peritos del Ministerio Público Fiscal (MPF) y sostuvo que Cargel era el símbolo de todos los “atropellos y agravios constitucionales” que se observaron en este debate y de la “violación de sus derechos y garantías constitucionales”. Sostuvo que fue llevada a juicio por realizar la conducta estereotipada de cualquier contador y resaltó que Fiscalía fue mutando la acusación a medida que los hechos le demostraban que no tenían pruebas.

    Respecto a la acusación que Cargnel gestionaba los retornos, sostuvo que “aún si se probara, algo que no se probó, se la tiene que absolver”, porque explicó que “no son retornos son pagos de facturas” que hacían las empresas que contrataba con TEP y Next, que los hacían por transferencia bancaria, con control de la AFIP, opinando que “hay un principio de lógica, que cuando hay algo ilícito no se lo pasa por el banco”.

    El secuestro del disco rígido

    Cullen fue muy crítico de las circunstancias en que se secuestró, el 1 de agosto de 2016, en una serie de allanamientos en simultáneo, un disco externo rígido que fue calificado por Fiscalía como la caja negra de la corrupción. En los alegatos de apertura, la suspendida procuradora general adjunta y fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, sospechada de incumplimiento de sus deberes, sostuvo que fue Cargnel quien arrojó el disco por el ventiluz de un baño hacia la casa de una vecina, a sabiendas del contenido del aparato.

    Cullen ironizó que el disco “no era ni caja, ni negra y muchos menos hablaba de corrupción” y deslizó que pudo haber sido plantado durante un procedimiento que en el debate quedó expuesto, al menos como desprolijo e irregular. Recordó que dijo que “en este proceso se obvió cumplir con la ley, con la Constitución” y refirió al allanamiento del 1 de agosto de 2016 en el que “se autorizó extraer información en caliente” sin fundamentes, con las computadoras activas, de lo que opinó que “es de una ignorancia supina y solo justificado en casos absolutamente extremos”. También criticó que los expertos informáticos del MPF no son expertos, sino los que más saben en Fiscalía del tema.

    Destacó que en el debate se pudo ver una filmación en la que Cargnel recibe a los preventores al inicio del procedimiento. Destacó que el perito de Fiscalía, Guillermo Fritz, dijo que el pendrive que se usó en el procedimiento “estaba sanitizado”, pero “hay un corte en la filmación y aparece incorporado un pendrive que no estaba ni satizado, ni resguardado, que no sabemos de dónde salió, no supimos ni nunca sabremos si no tendría algún tipo de programa invasivo de poca dimensión y se puede transmitir a la computadora y causarle una modificación irremediables, sobre esa prueba se edifica el edificio de la acusación sobre Corina Cargnel”. Así, instó al Tribunal a declarar la nulidad de una prueba que entendió es “absolutamente irregular, inconstitucional e ilegal” puesto que “causa perjuicio”.

    Defensa desacreditó los argumentos acusatorios de la causa Imprentas

     

     

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