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sábado, agosto 13, 2022
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    El juicio que podría modificar la política y la Justicia en Entre Ríos

    Si algo se puede vislumbrar tras 41 jornadas del juicio que se sustancia para determinar la responsabilidad de importantes funcionarios de una gestión de gobierno imputados en hechos de corrupción, es que sea cual fuere el veredicto al que arribará el Tribunal ya nada será igual en la manera de gestionar los asuntos públicos ni en la forma de llevar adelante las investigaciones para aquel tipo de delito.

     

    El juicio que se sustancia contra el exgobernador, Sergio Urribarri, dos exministros y funcionarios de sus gestiones y particulares, no sólo es de importancia para los imputados, que en algunos casos se juegan la libertad y la “muerte” civil, sino que lo es para la sociedad puesto que cualquiera que sea la sentencia a la que arribe el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón, la manera en que se venían gestionando los intereses públicos y el modo en que se sustancian las investigaciones por corrupción, no será la misma. Dos ámbitos de mucha incidencia en la sociedad, que quedaron en crisis tras 41 jornadas de un debate que, afortunadamente, se realizaron de cara a la sociedad.

    En los alegatos de apertura del debate, la defensa del ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, que continuará hoy con sus alegatos en la causa denominada Global Means, expresó que el juicio versaría sobre la “interpretación” y “valoración” de la prueba que se incorporó al juicio por acuerdos probatorios durante la instrucción de la causa y en el transcurso del debate.

    Las tres primeras jornadas de alegatos de clausura exhibieron a una Fiscalía que hizo de los mails y los entrecruzamientos de llamadas y mensajes de texto la columna vertebral para sostener su hipótesis del caso. A su turno las defensas, hasta el jueves 24 en las causas denominadas Parador e Imprentas, defendieron la legalidad de los actos de contratación a través de licitaciones públicas, destacaron que no recibieron objeciones de los organismos de contralor y pusieron en crisis el procedimiento en el que se secuestró el disco rígido externo del que Fiscalía obtuvo lo que calificó como “la caja negra de la corrupción”.

    Todo sigue igual

    Importantes funcionarios, legisladores y empleados públicos dijeron en el debate que el modo de contratar publicidad para difundir actos de gobierno se sigue haciendo en la actualidad de la misma forma que el Ministerio Público Fiscal (MPF) consideró “irregular” y ameritó una investigación de seis años y sentó en el banquillo de los acusados a 32 personas. Cabe preguntarse cómo se tomarán aquellas testimoniales y qué hará el MPF con ellas en el caso que se arribe a una sentencia condenatoria.

    El rol de los organismos de contralor del Estado también quedó desdibujado en este debate. Si no advirtieron ninguna anomalía y legalizaron con su rol los actos de gobierno posteriormente judicializados, ¿por qué se pone en duda sus resoluciones o dictámenes? En el mismo sentido, cabría preguntarse si sus integrantes o quienes emitieron los dictámenes, no tendrían alguna responsabilidad penal a juzgar por las imputaciones que realizó Fiscalía. Extender supuestas responsabilidades parece una exageración, pero…

    En Plaza Mansilla no son pocos los que ven un futuro oscuro para el compromiso político en la gestión pública. La pregunta que recorre el amplio espacio que congrega a la Casa Gris, el Palacio de Tribunales y dependencias públicas que funcionan en el edificio del Consejo General de Educación (CGE), es ¿quién, con este antecedente, se animará a asumir un cargo ejecutivo? Parecería el terreno ideal para abogados, escribanos, CEOs y profesionales con título universitario y pos grados. Llegar a ese tipo de responsabilidad en la gestión a pura militancia, sería algo del siglo pasado.

    Posibles investigaciones en el MPF

    Funcionarios del MPF serían susceptibles de una investigación penal por supuestos delitos cometidos durante la Investigación Penal Preparatoria (IPP). Así lo solicitaron los defensores que pudieron alegar hasta ahora. Se trata de la cabeza del MPF y de dos peritos que con el título habilitante de bioingenieros realizaron tareas que serían de índole exclusiva, por las incumbencias, de ingenieros informáticos. El dato no es menor por la doctrina del fruto del árbol envenenado. Las defensas calificaron de ilegal la manera en que se obtuvo el disco rígido extraíble del que Fiscalía obtuvo los mails y mensajes que probarían su teoría del caso.

    Si el pedido prospera, lo que se presenta como improbable, se reeditaría una discusión con implicaciones políticas, legislativas y constitucionales: ¿quién investiga a los fiscales? El antecedente inmediato es el jury a la procuradora general adjunta y fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, que generó un escándalo en el Poder Judicial cuando el Jurado de Enjuiciamiento decidió apartar de la investigación al MPF y convocó a magistrados y abogados a cumplir el rol de acusadores como fiscales ad hoc. En rigor, el escándalo no fue el apartamiento de los subordinados de Goyeneche de la investigación sobre su presunta responsabilidad en hechos reñidos con su rol, sino la denuncia que ésta realizó contra los vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que integran el Jurado. Fuentes judiciales deslizaron, al momento en que se redactó esta nota, que la Procuración ordenó que se inicien las actuaciones contra los tres superiores. Incluso deslizaron que ya fueron notificados.

    Aquel conflicto, que se pretendió hacer pasar desaforadamente como una crisis que afectaba la institucionalidad de la provincia, se ciñó sólo al Poder Judicial. No hubo tal crisis. Los otros dos poderes del Estado no intervinieron y afirmaron la independencia de la Justicia para resolver sus conflictos de acuerdo a las herramientas legales disponibles. La defensa del ex ministro Baez sostuvo que era necesario abordar la reforma de la Ley del MPF. El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER) instó a revisar el Código Procesal Penal (CPP). Ambas demandas no sólo son fruto del calor de la coyuntura sino que lo son desde hace tiempo y formuladas en voz baja por muchos abogados que ejercen la profesión liberal. Si prosperan, habrá que ver cuál es la conducta del MPF y del fuero penal. Lo saludable sería que lo entiendan como una oportunidad para darle calidad institucional a ambas herramientas y no se los considere un “ataque” a alguna idealizada “independencia”.

     

    La defensa de Pedro Báez afirmó la legalidad de los actos administrativos

     

     

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