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sábado, agosto 13, 2022
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    La defensa de Pedro Báez afirmó la legalidad de los actos administrativos

    La defensa del exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez defendió la legalidad de los actos administrativos en la contratación de publicidad estática en vía pública, en la llamada causa Imprentas. Sostuvo que los organismos de contralor no objetaron los expedientes. Cuestionó duramente la competencia de los peritos de Fiscalía y solicitó que se remitan los testimonios y sus actuaciones de dos de ellos para que investigue si no se cometió el delito de usurpación de título.

     

    En la segunda jornada de alegatos defensivos en el juicio en que se trata de determinar la responsabilidad del exgobernador Sergio Urribarri, exfuncionarios de sus gestiones y particulares en cinco hechos en perjuicio de la administración pública, la defensa del exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez desarrolló argumentos de índole administrativo y político para afirmar que no se violó ninguna normativa vigente al momento del período investigado. Los alegatos continuarán el jueves 3 de marzo, cuando la defensa de Báez desarrollará la segunda etapa de alegatos en la causa Imprentas. También se prevé terminar de alegar sobre la responsabilidad del exministro en las causas Solicitada y Spots en la Cumbre del Mercosur, y la denominada Global Means.

    En el primer bloque, el defensor Ignacio Díaz respondió a las acusaciones del Ministerio Público Fiscal (MPS) sosteniendo que no existió ningún tipo de violación a la ley de procedimientos de contrataciones públicas, que no se cometieron actos tendientes a evitar los controles administrativos vigentes ni se soslayó el proceso de contratación pública ni se sortearon los mecanismo legales y mucho menos hubo un interés en direccionar algún tipo de contratación en beneficio de alguna empresa.

     

    Sorpresa

    El experimentado letrado manifestó su sorpresa por lo que consideró concepciones “equivocadas, erradas” de los fiscales respecto del Derecho Administrativo. Entendió que aquello era “fundamental para entender la legalidad, la corrección, lo que significa la legalidad de las contrataciones”. Al igual que Emilio Fouces en la primera jornada de alegatos de las defensas, Díaz adhirió al pedido de exclusión del informe que realizó una contadora-perito del MPF con información de compañías telefónicas, en el que se realizó un entrecruzamiento de llamadas sin la correspondiente orden judicial.

    Díaz también criticó los informes que realizaron los peritos del MPF, los bioingenieros Guillermo Fritz y Fernando Ferrari. Señaló que realizaron la extracción de información de dispositivos electrónicos, computadoras y celulares, sin tener las incumbencias profesionales que les exigen las normas. Señaló que las incumbencias de ambos profesionales en este debate son las del título de bioingeniero, añadiendo que el Colegio de profesionales de las ciencias informáticas de Entre Ríos (Coprocier) tiene las suyas, distintas a las de aquellos, y resaltó que el Coprocier informó que ninguno de los dos profesionales está matriculado en la institución. Así, sostuvo que “no pueden realizar pericias que no estén dentro de las incumbencias” y agregó que “los colegios tienen el control de la matrícula, por lo tanto los profesionales tenemos que tener las incumbencias y estar matriculados, sino no podemos ejercer la profesión”.

    Díaz sostuvo: “Estamos ante la presencia de quienes han realizado tareas fuera de sus incumbencias”, considerando que “hay una alteración, violación, con consecuencias”. Así, tras sostener que no se constató lo que dijeron y que los fiscales “confiaron en lo que ellos decían”, entendió que el Tribunal no puede darle “validez probatoria alguna, ni a estos informes ni a ningún otro realizado por Fritz y Ferrari como bioingenieros, usurpando incumbencias, ni tampoco a otro informe que se hubiera realizado en relación a ellos”. Finalmente, respecto de los dos profesionales, solicitó que se investigue su participación por la posible comisión del delito de usurpación de título, y extendió el pedido a la cabeza del MPF que “mediante una resolución se designa a gente a hacer trabajos en contra de sus incumbencias”, puesto que entendió que “esto no puede ser ignorado por quien lo manda”. Así, expresó: “Creo que esto merece ser investigado también, ante la posibilidad de que pudiera existir el delito de violación de los deberes de funcionario público”.

    “Política criminal”

    A su turno, el defensor José Velázquez sostuvo que iba a versar su alegato sobre “cuestiones administrativas y políticas en un ámbito que no corresponde, pero aquí estamos, no lo elegimos nosotros, sino la política criminal de la cúpula MPF”. Así, criticó por arbitraria y segada aquella política criminal, entendiendo que sostendría “criterios arbitrarios, funcionales a determinados sectores políticos y que expresan claramente la intención de y criminalizar a quienes ellos quieren o les interesa”. En este punto recordó la situación de Gerardo Caruso, defendido por Emilio Fouces, que el miércoles relató que el MPF le negó acceder a una Suspensión del juicio a prueba o Probation, cuando, ante el mismo mecanismo delictivo, se le concedió el instituto al empresario Jorge Rodríguez, alias Corcho, quien, según los fiscales habría desarrollado un accionar calcado al de Caruso.

    El defensor Ignacio Díaz manifestó su sorpresa por lo que consideró concepciones “equivocadas, erradas” de los fiscales.

    Velázquez también cuestionó la mirada del MPF respecto de los trámites en la administración pública y en este sentido criticó que la acusación se basa en señalar irregularidades para concluir que se está ante la comisión de un delito. El letrado sostuvo que “las irregularidades no son relevantes para el Derecho Penal, son cuestiones administrativas, Fiscalía dice que son un indicio del delito”.

    El joven defensor destacó que en el legajo se encuentras 60.000 archivos y ninguno se refiere a Báez y ninguno fue emitido por Báez; señalando que tampoco surge de aquellos que se haya interesado en el pago de algún expediente. Así, destacó que aquello fue reconocido por numerosos testigos, entre los que se encontraban personas que podrían haber aportado alguna celeridad a algún trámite administrativo, pero dijeron que Báez nunca se interesó.

    Velázquez también destacó el desconocimiento de la dinámica de la administración pública que exhibieron los fiscales, e ironizó que “tal vez pretenden trasladar la dinámica judicial al ámbito administrativo” del que agregó desconocen sus tiempos. Al igual que su codefensor, Velázquez recordó que ante sugerencias del Tribunal de Cuentas para fundar las contrataciones por vía directa, el ex ministro actuó en consecuencia. Así, criticó que Fiscalía no tuvo inconvenientes en acusar a una metodología de trabajo en una repartición pública, pero en cuestión de transparencia indicó que el MPF dejó de publicar en su sitio digital las resoluciones del organismo en septiembre del año pasado.

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