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    Piden la absolución lisa y llana de dos imputados en la causa Parador

    Se realizó la primera jornada de alegatos de las defensas de los imputados en hechos en contra de la Administración Pública durante las gestiones del ex gobernador Sergio Urribarri.

     

    Este miércoles, la transmisión de los alegatos de la defensa tuvo serias deficiencias técnicas que dificultaron seguir los fundamentos defensivos en la causa Parador de Mar del Plata. La defensa fundamentó porqué no existió direccionamiento en beneficio de la empresa de un imputado, desarticuló la acusación respecto a que hubo interés político para promocionar la figura del exgobernador e imputado, Sergio Urribarri. Desnudó el direccionamiento de la investigación y la falta de objetividad de los fiscales y denunció que se usó un informe de entrecruzamientos de llamadas que fue obtenido de manera ilegal.

    En la primera jornada de alegatos de las defensas de los imputados en cinco hechos en contra de la Administración Pública durante las gestiones del ex gobernador, Sergio Urribarri, la defensa de los acusados en la causa denominada Parador de Mar del Plata, la defensa, a cargo de Emilo Fouces desarticuló los argumentos que desarrolló el Ministerio Público Fiscal (MPF). El defensor pidió la absolución de Gerardo Caruso y Hugo Marsó y solicitó que en la sentencia se deje a salvo el buen nombre y honor de ambos puesto que no se acreditó ningún hecho ilícito y mucho menos que sus defendidos lo hayan cometido. Los alegatos de las defensas continuarán hoy con las defensas de la causa Imprentas.

    El defensor Emilio Fouces pidió la absolución de Gerardo Caruso y Hugo Marsó y solicitó que en la sentencia se deje a salvo el buen nombre y honor de ambos.

    Fouces consideró necesario aclarar que los cuestionamientos a la acusación, duros por cierto, no tenían ninguna motivación personal. Así se diferenció de los fiscales que adujeron que se sintieron atacados por las defensas. Fouces desarticuló que hubiera direccionamiento de la licitación a favor de la empresa El juego en que andamos, propiedad del imputado, Gerardo Caruso; cuestionó que los fiscales, en el alegato de cierre cambiaron el objeto de la acusación que de sostener que se desviaron fondos públicos para la campaña proselitista de Urribarri como precandidato a presidente en 2015 pasó a ser de posicionamiento a nivel nacional de la figura de aquel; resaltó el direccionamiento de la investigación y la falta de objetividad del órgano acusador y denunció que se utilizó un informe de entrecruzamiento de llamadas, para sostener que se benefició a Caruso, de manera ilegal, sin la orden fundada del juez de Garantías, e incluso señaló que se escuchó a personas y organismos oficiales y privados que nada tenían que ver con el proceso.

    El defensor también destacó que el proceso licitatorio se realizó siguiendo las normas vigentes, que no fue observado por los organismos de contralor, que la empresa contratada El juego en que andamos cumplió con los objetivos que se comprometió en el pliego licitatorio. Explicó que la aludida urgencia y secreto en el trámite que señaló Fiscalía tuvo relación con la decisión del concejo deliberante de General Pueyrredón en otorgar el predio de manera gratuita a la provincia. También realizó un pormenorizado análisis del procedimiento en que se secuestró el disco rígido externo el 1 de agosto de 2016 en calle Irigoyen, mientras se realizaba un allanamiento a la firma TERP SRL en calle Racedo.

    Fouces sostuvo que las defensas no pidieron la exclusión del disco antes porque se enteraron en el debate de las irregularidades que rodearon el secuestro. El defensor sostuvo que por una planilla de exel que surge del disco, Fiscalía sostiene que Caruso participaba de un esquema de retornos que habrían beneficiado, según un informe del muy cuestionado perito oficial, contador Héctor Enrique, a Urribarri y su cuñado, Juan Pablo Aguilera. A las críticas a las circunstancias en que se obtuvo la más importante prueba de cargo, Fouces añadió que Caruso lo negó “rotundamente” y porque “no hay elementos que puedan probar su autoría”.

    La defensa señaló que el acta que realizó la Policía Federal, en contra de lo que ordenó el juez de Garantías en relación a la preservación de la evidencia digital que se secuestraría, dice que se realizó a las 13, pero un testigo del procedimiento lo puso en crisis porque señaló que el procedimiento empezó a las 11 y terminó a las 13.30. Fouces le preguntó al Tribunal porqué se consignaron esos horarios y criticó que Fiscalía dijo que iba a probar que al disco lo arrojó la contadora e imputada Corina Cargnel por la ventana del baño de la empresa TERP SRL y añadió que “no hubo un testigo que comentara que ese disco se arrojara por una ventana y lejos está de que se haya acreditado que lo arrojó Cargnel”. Fouces puso en duda el contenido del disco al señalar que los testigos dijeron que cuando entraron a la casa de calle Irigoyen, había alrededor de diez personas, entre los que se encontraba un policía trabajando en una computadora. El defensor exhibió que el acta fue realizada de manera manuscrita, no en computadora. Los fiscales sostuvieron en sus alegatos que la Policía estaba confeccionando el acta.

    Fouces resaltó que los fiscales señalaron que las causas Parador y Spots publicitarios en el contexto de la Cumbre del Mercosur, por el que el empresario, Jorge Rodríguez, alias Corcho, propietario de la firma Nelly Entertainment SA, solucionó su situación procesal con una Suspensión del juicio a prueba o Probation y el pago de un resarcimiento de 150.000 pesos, se realizaron mediante el mismo modus operandis. Fouces recordó que con ese antecedente, durante la investigación, acudió a Fiscalía para interesar una salida similar para uno de sus defendidos, recibiendo como respuesta una negativa que se fundó en que se trataba de causas distintas y a la política criminal del organismo. El defensor resaltó que en los alegatos los fiscales resaltaron que se trató de causas calcadas en las que se podía cambiar el nombre de las empresas y de los empresarios y se observaba la misma mecánica delictiva. Así, criticó que para Caruso se pidió, por el mismo accionar, una pena de cinco años de prisión.

    Los imputados

    El hecho imputado por el MPF fue calificado como Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y Peculado, que se atribuyeron a Urribarri y a Hugo José María Marsó, en ministro de Turismo de la segunda gestión del ex gobernador, en carácter de autores, y a Juan Pablo Aguilera, a Corina Cargnel y a Gerardo Daniel Caruso en calidad de partícipes primarios, artículo 45 del Código Penal.

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