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Extinción del dominio: el DNU es una medida innecesaria, consideró el fiscal de Estado entrerriano

“Con las herramientas que tiene la justicia, los bienes que son producto de ilícitos contra la administración pública se pueden recuperar tranquilamente”, dijo en diálogo con EL DIARIO Julio Rodríguez Signes, fiscal de Estado del gobierno provincial.

 

Redacción | El Diario

 

El fiscal de la provincia, Julio Rodríguez Signes, consideró que no es necesario el DNU que emitió el presidente Macri.

 

La polémica está desatada y está vinculada tanto al fondo de la cuestión como a la herramienta utilizada para legislar en la materia, es decir haber recurrido a un decreto de necesidad y urgencia. “Con las herramientas que tiene la justicia, los bienes que son producto de ilícitos contra la administración pública se pueden recuperar tranquilamente”, dijo en diálogo con EL DIARIO Julio Rodríguez Signes, fiscal de Estado del gobierno provincial.

 

 

El lunes ocurrió el anuncio del presidente Mauricio Macri en conferencia de prensa y este martes ya se conoció el texto del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) sobre la extinción de dominio. Lleva la fecha del primer día hábil de la semana y, a lo largo de los 22 artículos que integran el Anexo 1, especifica los términos del régimen procesal de la acción civil de extinción de dominio.

 

 

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La polémica está desatada y está vinculada tanto al fondo de la cuestión como a la herramienta utilizada para legislar en la materia, es decir haber recurrido a un decreto de necesidad y urgencia.

“Me parece que no era necesario esto y que con las herramientas que hoy tiene tanto la justicia provincial como la nacional, los bienes que son producto de ilícitos contra la administración pública se pueden recuperar tranquilamente”, respondió en primer lugar a la consulta de EL DIARIO, el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes. Recordó que en la provincia, “de hecho en todos los procesos que ha habido por enriquecimiento ilícito o fraude a la administración pública se han recuperado utilizando los códigos en vigencia”.

Aclaró no obstante, que el decreto presidencial es para el ámbito federal, es decir, no se aplicará en los procesos penales que se tramitan en delitos contra la administración provincial. El Código Penal, el Código Procesal Penal, el Código Procesal Civil y Comercial o el Código de Procedimientos Administrativos, se aplican en la justicia provincial.

 

TIEMPOS. “Lógicamente” fue lo que contestó cuando se planteó la necesidad que finalice un proceso y haya sentencia para poder aplicar la extinción de dominio. “Mientras tanto –aclaró- existe el remedio de las medidas cautelares. Si hay un proceso penal abierto en el que se sospecha que hay un daño contra la administración pública, en el mismo proceso penal así como se dicta la prisión preventiva se puede dictar una medida restrictiva respecto de los bienes”. Útiles siempre pueden resultar los ejemplos. “En Entre Ríos, en las causas de (Sergio) Urribarri, se dictaron medidas cautelares consistentes en la traba de embargos sobre bienes, la medida que dictó el juez José Eduardo Ruhl”, citó el Fiscal de Estado, antes de insistir con que “la legislación vigente perfectamente da las herramientas para tratar de cautelar los bienes productos de supuestos ilícitos.

 

-El decreto nacional plantea la posibilidad de adelantarse a disponer de esos bienes antes de la sentencia penal, a partir de la tramitación de un proceso en el fuero civil.

-Si, el decreto crea un nuevo proceso sumarísimo. Mete mano en el Código, cuando los códigos son el producto de decenas de años de evolución jurisprudencial y doctrinaria, son maquinarias de relojería. Incorporar procesos especiales realmente en el mundo de los civilistas es una cosa imperdonable.

 

-En los considerandos se cita el trámite legislativo que siguieron proyectos relativos a esta figura y que están inconclusos. ¿Podría interpretarse como una vulneración al Poder Legislativo?
-Los reglamentos de las cámaras prevén cómo es el tratamiento, son atribuciones exclusivas y excluyentes del Poder Legislativo y si no lo trata, forma parte del juego democrático. Además, a tres años (de gestión), este decreto de necesidad y urgencia. Hay un sin numero de herramientas legales que van a permitir perfectamente cautelar. De hecho en la provincia se hace y no es nuevo. Y en la Nación también.

 

-Dado lo controvertido del tema, ¿qué aplicación podría tener finalmente este decreto?
-Lo único que va a generar es mayor litigiosidad y en vez de acelerar los procesos que es el propósito declarado, los va a entorpecer porque todos los abogados defensores van a plantear su inconstitucionalidad, con lo cual hasta que no haya una resolución al respecto, los casos se van a trabar y lo que es un declaración de propósito se va a transformar en un efecto bumerang.

 

-Se alude a la necesidad de responder a demandas de la ciudadanía.
-Saldrán para dar respuesta a los clamores, pero no es por necesidad del sistema normativo que tiene las medidas cautelares.

 

-El problema podría radicar en la prolongación en el tiempo de los procesos penales frente a ciudadanos que tienen la aspiración de ver las sanciones.

-Entonces el problema es el proceso largo. Y, el proceso civil y penal largo es un gran problema. Argentina es uno de los países con una tasa de acumulación de juicios insostenible. En España en tres meses hay sentencia de primera instancia; en un año, sentencia de cámara y en dos, sentencia firme. Acá se puede estar con procesos que duran 20 años antes de llegar a la Corte. Pero para preservar bienes existen las medidas cautelares y son el remedio que habría que aplicar.

 

 

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Restricciones

“Para los decretos de necesidad y urgencia, en el ámbito federal hay restricciones en la Constitución Argentina, que en el artículo 99 inciso a) establece un principio general por el cual, el Poder Ejecutivo no puede bajo pena de nulidad absoluta e insanable emitir disposiciones de carácter legislativo –división de poderes-. Eso desde 1853 en adelante es así y si bien en 1994 cuando se reformó la Constitución Nacional se habilitaron los DNU, se excluyeron expresamente algunas materias: Penal, Electoral, Tributaria y el Régimen de los partidos políticos”.

Formulada la aclaración, sin la menor duda, el Fiscal de Estado señaló que “este tema, claramente, esta fuera de las posibilidades que sea regulado por decreto de necesidad y urgencia”.
Atendiendo a que lo que modifica en el articulado es el Código Procesal Civil y Comercial –ropaje para soslayar esa prohibición dirá el Fiscal-, podría entenderse que está fuera de las restricciones. “La verdad es que el fondo de la materia es penal, no civil, a punto tal que para habilitar el proceso se necesita como mínimo una cautelar en un proceso penal”, insistió Rodríguez Signes Acotó que “eso es absolutamente endeble porque la cautelar es una disposición de carácter transitorio, es provisoria mientras dure el proceso, para que los bienes o lo que fuera se preserve hasta la finalización del juicio, pero la naturaleza del tema es penal”, reiteró.

Otra crítica que formuló Rodríguez Signes y a la que definió “básica” es que no se puede sobre la base de una medida cautelar iniciar una extinción de dominio. El interrogante que planteó es qué ocurriría si finalmente en la sentencia penal cae un sobreseimiento y se cae al cautelar. Efectivamente, tal posibilidad está contemplada en el DNU.