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Extinción de dominio: en Entre Ríos ya funciona el sistema, explicó la ministra Romero

La funcionaria explicó que, “habitualmente, cuando se aceptan sentencias en juicio abreviado, en los acuerdos que se suscriben se contempla la entrega de determinados bienes de las personas que resultan condenadas para uso estatal”.

 

Luego de que el presidente de la Nación anunciara la firma de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) tendiente a acelerar la recuperación de bienes decomisados en causas por narcotráfico y corrupción, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, indicó que en Entre Ríos esa posibilidad está contemplada en el Código de Procedimientos Penales, con lo cual si prospera la determinación del Poder Ejecutivo Nacional no será preciso adherir a ninguna normativa.

 

Macri anunció un decreto para recuperar bienes de la corrupción y el narcotráfico

“Acá viene funcionando muy bien lo que ahora se pretende hacer en el orden nacional”, sostuvo la funcionaria, al tiempo que recordó los casos del ex director de Obras Sanitarias, Hugo Righelatto, y de los ex legisladores Mario Yedro y Abelardo Pacayut, algunos de cuyos bienes, tras ser condenados por delitos de corrupción, pasaron a integrar el patrimonio de la provincia con distintos destinos.

Macri anunció este lunes que firmará un DNU para acelerar la recuperación de bienes sustraídos en casos de corrupción y de narcotráfico, entre otros delitos.

 


Consultada por Análisis Digital, la ministra Romero explicó lo que sucede al respecto a nivel provincial. “Nosotros ya tenemos el sistema organizado porque está establecida esta herramienta en nuestro Código de Procedimientos Penales. Los códigos procesales son distintos en todas las provincias y el nuestro contempla esta posibilidad por lo que no necesitaríamos adherir ni nada, sino que eso sería en todo caso en el orden de la Justicia Federal”, esclareció.

La funcionaria explicó que, “habitualmente, cuando se aceptan sentencias en juicio abreviado, en los acuerdos que se suscriben se contempla la entrega de determinados bienes de las personas que resultan condenadas para uso estatal”.

“Esto ha ocurrido respecto de delitos de corrupción y de otros vínculados con el narcomenudeo, a partir de la vigencia de la 10.566, que permite la investigación de estos hechos por parte de la justicia provincial”, acotó.

La ministra aseguró que el sistema “viene funcionando muy bien” y mencionó el caso de Hugo Righelatto. “Cuando se dictó la sentencia, se ordenó el decomiso de bienes inmuebles. Puntualmente, se recuperaron dos departamentos que fueron entregados a la Policía y al Copnaf y una casa en el barrio Thompson, que fue destinada al Ministerio de Salud y al Hospital Escuela de Salud Mental”, graficó.

También aludió a los casos de Yedro y Pacayut, también condenados por delitos de corrupción. “Tras el proceso en su contra por enriquecimiento ilícito, a Yedro se le decomisaron campos y, respecto de Pacayut, algunos de sus bienes también pasaron a formar parte del patrimonio del Estado como consecuencia de la sentencia judicial”, repasó.

“El Estado provincial viene disponiendo de los bienes secuestrados y decomisados como producto del delito en la forma en la que se pretende hacerlo ahora en el orden nacional. Aquí se ha podido hacer esto más ágilmente y con mayor eficacia en razón de que tenemos un código que podría ser calificado como modelo, que abre esta gama de posibilidades que la provincia ha aprovechado y muy bien”, completó la ministra.

 


 

“Acá viene funcionando muy bien lo que ahora se pretende hacer en el orden nacional”, sostuvo la ministra Rosario Romero.