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martes, enero 18, 2022
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    Procesan a Macri por espionaje ilegal y le impiden salir del país

    Se lo acusa por supuestas maniobras de espionaje ilegal que habrían tenido por objetivo monitorear las actividades de las organizaciones de familiares de las víctimas del hundimiento del submarino San Juan. La defensa apelará la resolución ante la Cámara Federal de Mar del Plata.

     

    El expresidente Mauricio Macri fue procesado este miércoles sin prisión preventiva, pero con un embargo de 100 millones de pesos sobre sus bienes, por el juez federal de Dolores Martín Bava, quien consideró al líder de Juntos por el Cambio (JxC) «autor» de espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.

    Tras analizar la prueba y tomarle declaración, Bava estimó que «prima facie» Macri es «penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor, en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal».

    Como parte de este fallo, el expresidente no podrá salir del país, medida que regirá cuando Macri regrese de Chile, adonde viajó recientemente.

    Además de sufrir un embargo en sus bienes de 100 millones de pesos, el exmandatario «no podrá ausentarse de su lugar habitual de residencia por un término mayor a los diez días sin previo aviso al tribunal».

    “El Gobierno Nacional que el imputado encabezaba espió ilegítimamente a los protagonistas de una de las mayores tragedias que se vivió en su gestión. Ello se hizo, entre otras cosas, con el objetivo de anticiparle a Mauricio Macri, cuáles eran los movimientos y los reclamos que existían en ese colectivo de familiares”, sostuvo el juez en la resolución de 171 páginas.

     

    Acusación

    A Macri se lo acusa por supuestas maniobras de espionaje ilegal que habrían tenido por objetivo monitorear las actividades de las organizaciones de familiares de las víctimas del hundimiento del submarino San Juan “desde la perspectiva de la afectación a la imagen de la gestión de gobierno”. Los seguimientos se habrían dado entre diciembre de 2017 y finales del 2018. Se trata puntualmente de seis hechos. La causa se inició por la denuncia de la interventora de la AFI Cristina Caamaño.

    El hundimiento del ARA San Juan, en el que murieron 44 personas, ocurrió en noviembre de 2017. Pero los familiares de esas víctimas no habrían sido los únicos espiados. Los agentes también monitorearon a los familiares de otros dos barcos hundidos: el pesquero “El Repunte”, de origen marplatense, que naufragó en el Mar Argentino el 17 de junio de 2017 y provocó la desaparición de 10 marineros; y el buque “Rigel”, que zarpó el 5 de junio de 2018 del puerto marplatense y perdió contacto cuatro días después frente a las costas de Chubut en medio de un temporal, mientras participaba en la campaña del langostino. Allí murieron nueve personas.

    Después de dos intentos de apartarlo de la causa, Bava -subrogante del juzgado federal de Dolores- decidió demorar unos días para pedir una serie de testimonios solicitados por la defensa, y también los registros de las visitas que hicieron a la Quinta de Olivos y la Casa Rosada los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, ya procesados en esta investigación.

     

    AFI

    En sus indagatorias, los ex directivos de la AFI rechazaron las imputaciones. Arribas se quejó de que los responsables del área Contrainteligencia del organismo no hubieran sido convocados como sospechosos, mientras que Majdalani aseguró que durante su desempeño como “la señora ocho” en la AFI existía el “Departamento de Enlace con la Casa Militar” porque “a pesar de que la seguridad del Presidente está a cargo de la custodia presidencial y la Casa Militar, la AFI tiene que cumplir con su obligación y estar. No solo hacer el previo, sino estar en el durante. Durante la actividad presidencial, la AFI recorre el perímetro del lugar”.

    Pero para Bava, “las más altas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia estaban en pleno conocimiento de las acciones ilegales que realizaban en Mar del Plata” y “le retransmitían estas acciones al Presidente de la Nación”. Y se aseguró que por más que imputados hayan intentado “justificar la legalidad del informe” sobre los familiares de las víctimas del ARA San Juan, “estas personas no implicaban de ninguna forma una amenaza a la seguridad presidencial, por lo tanto, la confección de este informe es ilegal”.

    “Desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018, (Macri) ordenó y posibilitó la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia, y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos”, dijo el juez al describir la imputación a Macri.

    La defensa apelará la resolución

    En su defensa, Macri sostuvo que jamás ordenó ni posibilitó “la realización sistemática de tareas de inteligencia” prohibidas, ni espió ni ordenó espiar a nadie. También afirmó que la acusación implica desconocer cómo funciona el sistema de custodia presidencial y aseguró: “soy absolutamente inocente y repudio la parodia que se monta con esta descabellada imputación en mi contra”. Además lo acusó de desconocer cómo funcionaba el área Avanzada Presidencial que dependía de la AFI.

    Ahora, la defensa de Macri apelará la resolución ante la Cámara Federal de Mar del Plata. En esa instancia fracasó dos veces en el intento por apartar al juez Bava. Hay, de todas maneras, un recurso presentado ante la Cámara Federal de Casación Penal para impugnar a ese magistrado por prejuzgamiento y temor de parcialidad.

     

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