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Lugares comunes en torno a la “delincuencia juvenil”

La intención del gobierno nacional de bajar la punibilidad, fijada actualmente en los 16 años, ha despertado un duelo a coro de voces afines o críticas. Pero el gran ausente del cruce de opiniones es qué condiciones se precisan para reducir al mínimo la delincuencia juvenil o, dicho de otra manera, qué contextos promueven el camino del delito entre los adolescentes.

 

⊕Un fenómeno estadísticamente insignificante

El debate en torno a si es conveniente bajar la punibilidad se ha convertido en un clásico de los veranos. Enfocado en cuestiones superficiales, se fetichiza en torno a la edad en que las personas están en condiciones de recibir una pena, pero no se aportan datos para entender qué ocurre con los niños y adolescentes en la Argentina.

La entrevista de EL DIARIO con el titular del Juzgado Penal de Niños y Adolescentes de Paraná e integrante de la red de Jueces de UNICEF, Pablo Barbirotto, se justifica en tanto y cuanto aporta datos que permiten producir una mejor composición de lugar del tipo de sociedad que los adultos estamos ayudando a conformar y el lugar que los niños y adolescentes tienen en ella.

–¿Qué ocurre, según la ley, cuando un menor de edad comete un delito?

–Aún está vigente el Régimen Penal de la Minoridad, un decreto ley 22278 de la dictadura cívico-militar, parcialmente modificado en mayo de 1983, antes de la recuperación democrática. Allí se establece la punibilidad a partir de los 16 años.

 

–¿Punibilidad? Los operadores oficiales y los medios afines hablan de imputabilidad.

–La distinción es central: la imputabilidad es la capacidad que tiene una persona, sea mayor o menor de 18 años, para comprender los alcances de una norma; la punibilidad es un elemento de la política criminal cuyos límites fija el Estado. En nuestro caso, está establecido que recién desde los 16 años se pueden aplicar penas.

–Entonces, ¿qué limites fija la ley 22278?

–Son dos las excusas absolutorias: cuando la persona pertenece a determinada franja etaria (tiene menos de 16 años) o cuando el delito cometido tiene escasa trascendencia (aquellos cuya pena es menor a los dos años).

 

Realidades locales

–Dado que cada provincia puede darse su propio procedimiento, ¿cómo funciona este dispositivo en Entre Ríos?

–Según Unicef y el Conicet, Entre Ríos -junto a Neuquén- tiene la legislación más avanzada en la materia, es decir, que en nuestra provincia se preservan mejor las garantías del adolescente en el proceso penal. Mientras la Legislatura nacional no ha logrado actualizar el cuerpo legal de la dictadura, la ley entrerriana es modelo a nivel nacional y regional.

Aquí, por ejemplo, está delimitado el proceso que se debe seguir con personas en conflicto con la ley de entre 14 y 16 años. Se apostó no a bajar la edad de punibilidad sino a trabajar la responsabilización.

 

–¿Cómo sería?

–En la legislación anterior, cuando alguien no punible cometía un delito se cerraba la causa: era menor. De un tiempo a esta parte, ante delitos muy graves (un homicidio, una violación, agresiones con armas, etc.) que hubiera cometido alguien con 14 o 15 años, no se lo coloca en prisión preventiva ni se lo priva de derechos; pero se sostiene el proceso para ver qué participación real tuvo el adolescente, para que se pueda defender y además para esclarecer lo que efectivamente ocurrió.

Hay dos cuestiones en este sentido que el dispositivo entrerriano ayuda a desenmarañar porque, por un lado, los niños y adolescentes se pueden llegar a inculpar para encubrir a un adulto o para recubrirse de autoridad al interior de grupos delictuales. Se trata, entonces, de aproximarnos por un camino alternativo a la verdad de lo ocurrido, tanto para la víctima y sus familiares, para el o los acusados y por extensión para la propia sociedad porque esto genera paz social. Son las características del proceso las que nos pone en otro lugar. De todos modos, los niños y adolescentes no son seducidos por las organizaciones para delinquir porque no son punibles, sino sencillamente porque es mano de obra barata: piden poco botín. Y punto.

En la Nación y en la mayor parte de las provincias no se cuenta con legislación acorde a la Convención de Derechos del Niño; entonces, bajo el eufemismo de protegerlos, se los encierra de manera indeterminada. En Entre Ríos, ante hechos graves, se presenta un escenario superador.

 

Hacerse cargo

–Habló de trabajar la responsabilización, ¿por qué medios?

Para el Juez Penal de Niños y Adolescentes de Paraná es insignificante la participación de menores en delitos graves. Foto: Sergio Ruiz.

–Ante todo, no se da vuelta la página sencillamente porque se trata de un menor; no se archivan las causas sólo porque involucra a niños o adolescentes; sino que se sostiene la investigación con afán de determinar lo que efectivamente sucedió. En ese nuevo contexto, el autor o coautor del delito puede integrarse al trabajo de un equipo profesional interdisciplinario (psiquiatra, psicólogos, trabajadores sociales) que diseñará una estrategia que se apoye en la responsabilidad individual, que ayude a hacer ver que las decisiones tienen consecuencias y, al mismo tiempo, que involucren al joven en actividades que lo integre a trabajos colectivos, generalmente en ONGs, y vayan fortaleciendo la autoestima. Los antecedentes del sistema empezaron en 2007 u 2008, cuando la jueza era Marcela Alejandra Davite.

A muchos les parecerá nimio trabajar sobre la autoestima, pero en el trato cotidiano con niños y adolescentes en conflicto con la ley está muy presente esa idea de que no sirven para otra cosa. Que se les dé la posibilidad de defenderse de una acusación va en el mismo sentido. Por eso, cambiar ese chip cultural es central y vemos en los hechos que da gran resultado.

 

–¿Cómo se integran las ONGs?

– Nos basamos en una noción de justicia restaurativa.

 

–¿Tiene ejemplos?

–Una experiencia es que los jóvenes se integren a entidades que periódicamente limpian el río o se les enseña a hacer panes que luego donan a instituciones de su barrio que ellos mismos eligen. Socialización, asumir responsabilidades y fortalecer la autoestima: un trípode que se potencia con acciones modestas.

 

Dimensiones

–¿Hace cuánto se implementa esta ley en Entre Ríos?

–Dos años. Y, en Paraná, por delitos graves en los que los involucrados tienen menos de 16 años no ha habido un solo juicio en ese período.

 

–¿Qué delitos cometen, entonces?

–El arrebato, el robo de carteras y teléfonos celulares para cambiarlo por droga o pastillas para mezclar con alcohol. Ese es el circuito.

–¿Qué asuntos tramita el Juzgado, qué aparece como más destacado en ese hipotético mapa?

–Tres de cinco delitos tienen que ver con robo y robo calificado (con uso de arma o ingresando a una propiedad). En la inmensa mayoría de los casos para consumir drogas. El narcomenudeo está presente aquí, sin dudas. Para tener una idea aproximada, cada diez delitos que cometen los menores en 8 o 9 aparece el problema de las adicciones. Hay chicos que incluso reconocen que si no hubieran estado bajo los efectos de ciertas sustancias no habrían cometido el hecho que se les imputa. Hoy, la droga se convirtió en la familia ortopédica del adolescente: allí encuentra una falsa contención.

 

–¿Cómo se advierte esa falta de contención afectiva?

–Salta a la vista cuando el 98% de los chicos vienen solos a las audiencias, sin los padres; lo que sería impensado en una familia de lazos con alguna solidez. Muchas veces desayunan en el Juzgado. Y me ha pasado que al preguntar por qué alguien no concurre cuando fue citado me han dicho que el problema es que no tenía zapatillas para venir. Pasa de todo.

 

Articular

–Como experto antes que como juez, ¿qué aspectos pueden mejorarse en la normativa o el diseño y refuerzo de programas?

– Justamente eso planteamos cuando hace un año fuimos convocados –junto a otros especialistas de todo el país- por el gobierno nacional precisamente para discutir este mismo asunto. Antes que criminalizar es prioritario asegurar un sistema sólido de protección de derechos. No hay que sancionar nuevas leyes: hay que esforzarse en garantizar el ejercicio de derechos ya reconocidos.

–Concretamente…

–Acceso de los niños y adolescentes a la salud, a la educación y a alimentos y que los padres tengan acceso al trabajo. Si en la superficie aparece la postal de un adolescente delinquiendo, en la base del problema aparecen familias que no contienen y excluidos de las escuelas a muy temprana edad, lo que deriva en que se levanten a cualquier hora, a que las 11 se los vea en las esquinas tomando una cerveza; que cuando la plata se termina empiezan a buscar qué robar para financiar nuevos consumos; y que cuando la cerveza ya no colma empiezan con cocaína o psicofármacos mezclados con alcohol. Ahora, si el mundo adulto más próximo (mamá, papá, tías o tíos, abuelas o abuelos) no los acompaña, todo ese mundo del seguimiento escolar y del cuidado de la salud se empieza a desgranar. Ese círculo es el que hay que interrumpir a tiempo.

–¿Eso aparece en las entrevistas?

–Hay muchos jóvenes con carencias que no delinquen, es cierto; pero es obvio que los contextos socioeconómicos adversos contribuyen con el hecho de que las búsquedas de salida no siempre sean legales.

El otro asunto que aparece recurrentemente es el de las adicciones, práctica que para ciertos niños y adolescentes es una vía de escape a situaciones de violencia, de abusos, de ser testigos de violaciones, de estar en medio de conflictos barriales con balaceras incluidas y hasta muertes.

Ante estos entornos, tal como señalan todos los estudios criminológicos serios, bajar la punibilidad o aumentar las penas no resuelve nada: así no se prevé el delito. Mucho menos morigera los problemas de inseguridad urbana, lo que surge claro si se tiene en cuenta que el número de delitos cometidos por menores es del 0,66%. Francamente, no me parece meritorio engañar a la sociedad proponiéndole estrategias represivas que dejan afuera el 99,34% de las situaciones.

 

Reunidos

–¿Existe dentro del Estado voluntad y espacios institucionalizados en los que representantes de los tres poderes se encuentren para pensar los problemas, diseñar las leyes, imaginar programas y evaluarlos?

–En Entre Ríos, sí. Creo que hemos podido conformar un sistema de justicia juvenil, al que operativamente trabajamos de manera integrada y armónica con el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia. Y, de hecho, esta ley de la que estamos conversando, fue un proyecto enviado por el Superior Tribunal de Justicia, que fue discutido activamente y consensuado con todos los sectores con representación legislativa y las organizaciones de la sociedad civil. Trabajamos todos por el mejor proyecto, sin mezquindades.

El fruto de esa interacción es una mejor protección de los derechos. Sin ir más lejos, en otras jurisdicciones hay cientos y miles de chicos privados de la libertad mientras el proceso investigativo tiene lugar, cuando se supone que eso debiera ocurrir sólo ante el temor fundado de fuga o porque pueda entorpecer la investigación.

 

–Muchas veces las políticas de gobierno suelen prestarle más atención al corte de cintas que a las cuestiones de la convivencia…

–Uno lo entiende, porque una casa, una ruta, un hospital, una escuela son bienes palpables, que se pueden exhibir como logros. Sin embargo, al trabajar con los seres humanos es más difícil mostrar resultados que, con suerte, pueden llegar a los quince años.

 

–Pero se puede buscar una ecuación que combine estos aspectos…

–Sería espectacular. Que todas estas partidas que se piensa invertir en crear estructuras estatales para criminalizar a los más chicos (centros de detención, juzgados, espacio de tratamiento, etc.), se orienten a programas de largo aliento, pero transformadores en serio.

Es necesario modificar este decreto ley de la última dictadura para adecuarla a una normativa nacional que ponga a los distritos provinciales ante un mínimo de igualdad. Y, al mismo tiempo, que recepte el cambio de paradigma ocurrido con la reforma de 1994 cuando los tratados internacionales lograron rango constitucional y, por lo tanto, no sólo ninguna ley puede vulnerarlas sino que además nos ha convertido a los jueces del sistema interamericano, encargados de llevar adelante controles de convencionalidad, lo que en los hechos significa que tenemos la obligación de declarar inconstitucionales aquellas leyes que no respeten los tratados soberanamente suscriptos por nuestros país.

 

Una línea para alertas

 

La línea 102 es una herramienta de atención telefónica pública y gratuita que recepciona consultas y demandas en torno a la temática de derechos, y detecta vulneraciones vinculadas a niños, niñas y adolescentes. La línea telefónica 102 es un servicio gratuito del Copnaf y atiende las 24 horas del día, los 365 días del año.

El 102 no es una línea de emergencia, aunque recibe y transmite las demandas urgentes. Es un espacio puente de niñas, niños y adolescentes para ejercer su ciudadanía.