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    Vocales del STJ defienden el rol del Jurado de Enjuiciamiento

    Para los vocales del STJ que integran el Jurado de Enjuiciamiento en Entre Ríos, procuran afectar la credibilidad de las instituciones las “recientes operaciones mediáticas y declaraciones corporativas carentes de objetividad y veracidad” respecto a cómo se tramitan denuncias contra integrantes del Poder Judicial.

     

     

    Los vocales del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Martín F. Carbonell; Daniel Carubia y la vocal Claudia Mizawak, integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Entre Ríos, emitieron en el día de ayer un comunicado en el que, sin nombrarlos explícitamente, parecen aludir a los pedidos de juicio político contra el procurador General de la provincia de Entre Ríos, Jorge Amílcar García, y la procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche.

    Como es público y notorio en los últimos días, el tema ha sido abordado por medios capitalinos de una manera que evidentemente ha generado inquietud en Carbonell, Mizawak y Carubia.

    Operaciones mediáticas que afectan la credibilidad de las instituciones motivaron que vocales del STJ emitieran un fuerte comunicado.

    La declaración pública de los magistrados, que se hizo a través de las áreas institucionalmente habituales, señala en primer lugar que “el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Entre Ríos está constitucional y legalmente integrado por tres miembros del Superior Tribunal, dos Legisladores, y dos abogados de la matrícula de la Provincia, con domicilio real en la misma, que reúnan las condiciones, requeridas para ser integrante del Superior Tribunal de Justicia”. Se indica que “conforme al art. 218 de la Constitución de Entre Ríos” el Jurado de Enjuiciamiento “es el órgano que tiene a su cargo resolver las acusaciones que se formulen contra magistrados/as y funcionarios/as por faltas o delitos cometidos en ejercicio de sus funciones y, en el caso particular del funcionariado del Ministerio Público, es el único órgano de control de la actuación funcional de éstos, en tanto y en cuanto, exista una denuncia fundada al respecto y, además, su procedimiento está signado por la peculiaridad de un brevísimo plazo perentorio para su conclusión, razón por la cual, no puede el Jurado especular con las fechas de apertura y tramitación de las denuncias que se presenten, bajo sanción de caducidad del proceso (arts. 223 y 224, Const. de E. Ríos y art. 43, Ley N° 9283)”.

     

    Mecanismos

    Añade el documento que en todos los casos en que el Jurado de Enjuiciamiento deba intervenir “si se adopta la decisión de suspender al/a magistrado/a o funcionario/a acusado/a, el Poder Judicial o, en su caso, los Ministerios Públicos disponen de las herramientas necesarias para proveer lo pertinente a fin de no entorpecer, dilatar ni impedir el trámite y decisión de las causas donde intervenga la persona acusada, como tampoco la trascendencia de estas causas podrán entorpecer, dilatar ni impedir la libre actuación del órgano constitucional de control ni el dictado de la resolución definitiva fundada en los hechos y en las pruebas legalmente incorporadas al enjuiciamiento con pleno control y absoluto respeto del derecho de defensa en juicio (art. 18, Const. Nac.) ejercido dentro del proceso y conforme a las reglas del procedimiento legalmente establecido”.

    Fue entonces cuando Carbonell, Mizawak y Carubia, en su condición de “integrantes del Jurado de Enjuiciamiento en representación del Superior Tribunal de Justicia”, expresan que se ven obligados a sentar posición “frente a recientes operaciones mediáticas y declaraciones corporativas carentes de objetividad y veracidad relativas a la tramitación de denuncias respecto de las cuales aún no se ha dictado siquiera resolución de admisión de ellas y apertura de causa”.

    Para los magistrados, estas declaraciones públicas que objetan resultan “atentatorias contra la credibilidad de las instituciones vigentes y que menoscaban la propia “independencia” del Poder Judicial que declaman defender, nos vemos obligados a efectuar la presente aclaración a fin de ilustrar e informar debidamente a la ciudadanía sobre el particular”.

     

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