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    El Tribunal admitió la incorporación de un disco rígido cuestionado

    Un contador perito del Ministerio Público Fiscal (MPF) afirmó que las órdenes de publicidad que autorizaba el ex ministro de Comunicación y Cultura e imputado, Pedro Baez, no cumplían con los “extremos legales”. También dijo que en numerosos expedientes se observó que los organismos de contralor objetaron la falta de fundamentación de las contrataciones directas. Asimismo, describió un supuesto esquema de devolución de dinero que habría beneficiado a los imputados Juan Pablo Aguilera y Sergio Urribarri.

     

    Redacción El Diario / [email protected]

     

    El contador Héctor Enrique, que se desempeña en el Gabinete Pericial Contable del MPF y realizó las pericias contables que se le solicitaron en el contexto de las causas conocidas como Imprentas y Parador de Mar del Plata, declaró durante siete horas en las que expuso que el seguimiento de los expedientes madre y las órdenes de publicidad en el período 2010-2015, le permitió individualizar, año por año, a las empresas vinculadas con la prestación del servicio de publicidad estática en la vía pública.

    En la vigésima jornada del debate que se sustancia para determinar la responsabilidad del ex gobernador, Sergio Urribarri, y ex funcionarios de sus gestiones y particulares, por supuestos delitos contra la Administración Pública, se abordó la presunta cartelización de la publicidad estática en vía pública y el rol de las empresas TEP SRL y Next SRL en un aludido esquema de devoluciones por la instalación y funcionamiento del Parador de Mar del Plata. Por lo extenso de la declaración, se dispuso pasar a un cuarto intermedio hasta el jueves 18 a las 9, cuando las defensas podrán interrogar el perito.

     

    Devengado

    En la causa conocida como Imprentas, mencionó a las empresas de los imputados Hugo Fernando Montañana, que fue excluido de esta audiencia y será juzgado en otro juicio; Emiliano Giacopuzzi, por TEP SRL, de la que Fiscalía sostiene que es propiedad del imputado Juan Pablo Aguilera; Maximiliano Sena, por Next SRL; Jesús María Bustamante, que resolvió su situación en mayo de 2018 en un juicio abreviado; y los mencionados pero no imputados, César Daniel Basualdo; Pereyra y Calegaro, como las que aparecen en los distintos entrecruzamientos y seguimientos que realizó el perito de los expedientes publicitarios.

    Enrique señaló que pudo validar que la fecha inicio del “expediente único” se consignaba “con posterioridad a la orden de publicidad”, y que en relación a los meses de publicación de la orden, el servicio estaba “prácticamente devengado”. El diccionario de la Real Academia Española precisa que el verbo devengar significa “adquirir derecho a alguna percepción o retribución por razón de trabajo, servicio u otro título”.

     

    Esquema

    Enrique también precisó que a partir de analizar un archivo que presentaría un esquema de devolución de adelantos, pudo concluir que Gerardo Caruso, titular de la firma El Juego en que Andamos, empresa que fue adjudicataria de la licitación para el montaje, instalación y puesta en funcionamiento del Parador de Mar del Plata, recibió pagos realizados por el que el Estado provincial en distintos momentos, y realizó movimientos de fondos, uno en efectivo y otro de devolución por emisión de factura, que tuvieron como “beneficiarios” a Aguilera y Urribarri.  La información fue generada en un archivo informatizado que habría iniciado Aguilera.

     

    Colchón

    A pesar de que el perito sostuvo que es difícil comprobar la devolución en efectivo, afirmó que “se pudo determinar que ese esquema de devolución se cumplió. Quien fue adjudicado con la licitación pudo haber tenido dinero debajo del colchón o le prestaron el dinero y pudo realizar la devolución” y añadió que hubo indicios que existieron otras herramientas utilizadas por Gerardo Caruso.

    Sobre la devolución por emisión de facturas, señaló que las empresas que emitieron facturas a favor de El Juego en que Andamos, son TEP SRL, Next SRL, Visual ilusión, Megaprint SA, Philipp, Freddy Publicidad y Wall Street Vía Pública SA. En este sentido precisó que para poder pagar y justificar el gasto se necesita una factura.

    Se realiza la trasferencia al beneficiario, justificada por la recepción de una factura que hizo una persona distinta a la que emitió la factura. También dijo que “no es sencillo explicar un sistema de devolución por emisión de factura, se acuerda algo que está por fuera de los carriles normales”.

     

    Rol

    Enrique también reveló el rol que habría desempeñado la imputada Corina Cargnel. De los archivos que peritó sostuvo que surgió que la contadora cumplió el rol de coordinadora de la empresa TEP SRL. Dijo que era la persona que tenía el control y monitoreo de la empresa en función de la agenda de negocios.

    Afirmó que era la “administradora principal, sobre ella están los dueños, están los socios”, y añadió que “Aguilera es el socio, dueño”, a quien se le brinda información para que tome decisiones en determinadas inversiones.

    El contador destacó que “innumerable documentos muestran que remitía a Juan Pablo Aguilera” por cuestiones tan variadas como agendas a desarrollar, comunicaciones con distintas empresa, facturaciones a emitir, fechas de pago, cuestiones financieras, añadiendo que pudo observar “infinidad de documentos en los que informa a Aguilera la situación de le empresa y cuestiones relacionadas con los empleados, inversiones y socios. Cargnel tenía contacto fluido con Visual Ilusión, propiedad de Carlos Eduardo Vitagliano, quien declaró que estuvo en tratativas para vender el 50 por ciento de su empresa a Aguilera.

     

    Disco externo

    Al inicio de la jornada, el Tribunal informó la resolución a la que arribó ante los planteos que realizaron las partes respecto de la incorporación de la prueba que fue admitida en los acuerdos probatorios acordados ante los jueces de Garantías, en las audiencias de remisión de las causas a juicio.

    Tras recordar los planteos, el Tribunal resolvió que “resulta claro que no puede prosperar por su notoria improcedencia, la oposición formulada en la última audiencia a la incorporación del disco externo secuestrado, por cuanto se trata de una prueba instrumental admitida en la etapa intermedia, por convención probatoria”, acuerdo probatorio que también comprendió “la admisibilidad de la prueba documental” de las causas Imprentas y Parador de Mar del Plata.

    Se trata de los informes de los bioingenieros Guillermo Fritz y Fernando Ferrari, que integran el MPF. Las defensas sostuvieron que de la declaración de Fritz surgiría un incumplimiento de las funciones de control que le confirió el juez de Garantías, y deslizaron graves acusaciones respecto a una supuesta manipulación de un disco rígido externo, que fue secuestrado el 1 de agosto de 2016 en un allanamiento a la firma Formato Urbano, en calle Racedo de Paraná.

    Las defensas sostuvieron que hay “indicios vehementes” que el elemento fue manipulado durante el anómalo momento de su secuestro, y volvió a ser intervenido un año después, cuando estaba bajo la custodia de los fiscales.

    El Tribunal sostuvo que “debe quedar en claro que los planteos que efectúan las defensas técnicas acerca de credibilidad o valor convictivo de las pruebas que hoy cuestionan podrán realizarlos en la etapa de discusión final y recién ahí el Tribunal podrá abocarse a su tratamiento por ser la etapa procesal oportuna”.

    También consideró que “por otra parte, surge prístino del auto de remisión a juicio de 5 de julio de 2018 dictado por el juez de Garantías, en la causa Imprentas, las partes arribaron la convención probatoria acerca de la documental que se consigna y que dicho acuerdo probatorio no se encuentra sujeto a cuestión resolutiva alguna”.

     

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