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lunes, diciembre 6, 2021
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    El STJ resolvió un amparo ambiental presentado por la Fundación Cauce

    Resolvió admitir parcialmente la acción de amparo ambiental iniciada por parte de la institución. Ordena a la empresa YPF S.A. muestreos en la calidad de agua en una planta de lavado de arenas silíceas.

     

    El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos resolvió establecer que no existe nulidad en el proceso y por mayoría hacer lugar parcialmente a los recursos de apelación interpuestos por la empresa YPF S.A., el Estado de Entre Ríos y la Municipalidad de Ibicuy, contra la sentencia de primera instancia, la que se revocó en relación a la sustitución del uso del floculante Sanuroil, por parte de la empresa petrolera. Asimismo, resolvió admitir parcialmente la acción de amparo ambiental iniciada por parte de la Fundación Cauce: Cultura Ambiental – Causa Ecologista y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos.

    La Justicia ordenó a YPF realizar muestreos de calidad de agua en la modalidad sugerida por el perito interviniente.

    La acción se presentó contra el gobierno de la provincia de Entre Ríos, la Municipalidad de Ibicuy y la empresa YPF S.A. por su accionar y omisiones en la relación a la planta de lavado y clasificación de arenas silíceas ubicada en el predio «El Mangrullo». En la misma se solicitó “la condena de las tres demandadas por su accionar ilegal y omisivo. En el caso del Municipio de Ibicuy se pidió que se declare la nulidad del Certificado de Aptitud Ambiental, revocándolo en todos sus términos. Respecto al gobierno provincial, se señala que omitió controlar debidamente el proceso de evaluación de impacto ambiental iniciado por la Empresa YPF S.A. y que esta última actuó de manera ilegal al incumplir las normas de protección ambiental y de salud y calidad de vida humana, al instalar su planta de lavado y clasificación de arenas en un área natural protegida, llamada “Reserva de los Pájaros y sus Pueblos Libres” (Ley Provincial N.º 9718.), y de manera previa a la finalización del proceso de evaluación de impacto ambiental”.

    Por ello, ambas organizaciones habían pedido a la jueza que se le ordene a YPF S.A retirar todo lo construido en el predio «El Mangrullo» y la recomposición del ecosistema dañado al estado anterior a su intervención.

     

    Orden

    En consecuencia, el STJ, en concordancia con lo decidido en la sentencia de primera instancia, ordenó a YPF realizar muestreos de calidad de agua en la modalidad sugerida por el perito interviniente -pozo de agua, dique de lodos, barrio aledaño y escuela- cada cuarenta y cinco (45) días, por el término de doce meses desde que quede firme la sentencia definitiva, y proveer a las autoridades de control los estudios de toxicidad de los floculantes utilizados sobre una mayor diversidad de organismos vivos, con una periodicidad de tres (3) meses.

    En la misma resolución, al igual que la sentenciante en primera instancia, el STJ ordenó realizar por parte de la Secretaria de Ambiente de la provincia (SAER), en concurrencia con Municipio de Ibicuy, una campaña de divulgación periódica de los resultados de los monitoreos de calidad de aire y agua obtenidos, publicando los resultados y conclusiones en lenguaje llano y accesible y fácilmente disponible para la población en general del municipio y en especial del barrio aledaño a la planta y escuela.

    Por otra parte, estableció que se debe ejecutar por parte de la SAER, con la colaboración del Municipio de Ibicuy, en un plazo máximo de ciento ochenta días (180) días de quedar firme este veredicto, un estudio de impacto acumulativo en la zona afectada por los procesos extractivos de arenas silíceas, de conformidad con los presupuestos mínimos en la materia y con amplia participación a las comunidades que habitan en la zona afectada.

    También se revocaron las costas de primera instancia y, en consecuencia se impusieron las costas de ambas instancias en el orden causado.

     

     

     

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