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Castrillón defendió la baja en la edad de punibilidad, porque si no “seremos Venezuela”

Los menores deben ser imputables a los 14 años, dice el titular del Poder Judicial.

El presidente del STJ evaluó que el proyecto dice 15 años porque se “busca generar mayor consenso” y atribuye su rechazo a “un posicionamiento político de Justicia Legítima”. Defensores públicos critican la iniciativa.

Castrillón: “Se mezclan mucho las cuestiones políticas, porque evidentemente el 2019 es un año político”.

El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Emilio Castrillón, se pronunció a favor de la baja de la edad de punibilidad en el país y se refirió al documento de rechazo emitido por el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina.

Dicho documento fue difundido este miércoles por su coordinador y titular del Ministerio Público de la Defensa de nuestra provincia, Maximiliano Benítez, a través del área de Prensa del Superior Tribunal.

“Evidentemente, no puedo estar nunca personalmente a favor de ese comunicado de los defensores porque sería como decir que en la Argentina recién el día que todos tengan trabajo vamos a poder reformar el sistema penal, las penas de determinados delitos”, indicó Castrillón en diálogo con Canal 9.

“Porque al no tener trabajo, hay gente que se ve obligada a delinquir. Pretender decir que hasta que los menores estén contenidos, que la familia tenga contención y que estén económicamente bien no se pueden modificar las leyes, considero que no suena a un cuestionamiento serio, sino que aparece más como un posicionamiento político de Justicia Legítima”, dijo en referencia a la asociación civil de pensamiento judicial de la que Benítez es vocal suplente.

En ese mismo sentido, opinó que “desde el punto de vista del que tiene que defender los derechos o aplicar el derecho, meterse en una decisión de política de Estado nos excede, más allá de que sean válidas las opiniones”.

El titular del Poder Judicial entrerriano señaló también que “al estudiar lo que sucede en los países americanos, la mayoría tiene -la edad de punibilidad- a los 13 años”. “Yo, en realidad, creo que algo hay que hacer, que los tiempos han cambiado y que nosotros tenemos que estar a tono a como es en toda América. La imputabilidad no la tienen a los 16 años, entonces si queremos ser Venezuela, que es la única que lo mantiene a los 16 años, está bien, pero es una cuestión que la tienen que decidir los representantes del pueblo, que es la Legislatura”, manifestó.

Ante la consulta acerca de si sigue prefiriendo que los menores sean imputables a los 14 años, como ya había opinado en marzo de 2018, Castrillón señaló: “Lo sigo manteniendo. El proyecto -que propone la edad de 15 años-, evidentemente lo que busca es generar más consenso, porque se sabe que a los 14 va a haber más oposición. Acá se mezclan mucho las cuestiones políticas, los temas políticos, porque evidentemente el 2019 es un año político”, concluyó.

“Estoy convencido de que en determinados tipos de delitos aberrantes, que demuestran una pérdida total de contralor de los actos, de ubicación temporal y respeto por la vida humana desde una baja edad, tenemos un problema importantísimo que debe ser sancionado”, señaló.

Por último, Castrillón se refirió puntualmente a la edad que puede manejarse a través de un proyecto para modificar las normativas vigentes: “No tengo una edad fija, creo que si nosotros somos capaces de disponer de nuestro cuerpo a los 13 años, de iniciar una demanda de reconocimiento de derechos, también tenemos que considerar que debemos ser responsables de nuestros actos cada vez a una edad más temprana. Diría, no sé si no, por los 14 años”, completó.

 

El rechazo de los defensores

 

El titular del Ministerio Público de la Defensa, Maximiliano Benítez, dio a conocer un documento del Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina -entidad que coordina el propio Benítez- en el cual se critica la intención del gobierno nacional de bajar la edad de punibilidad.

“Es irrazonable: Cuantitativamente el número de delitos cometidos por esta franja etaria es insignificante, tal como lo indican todas las estadísticas, por lo que la reforma no reduciría los índices de inseguridad”, señaló el documento.

En esa línea, el texto amplió: “La baja de edad de punibilidad afecta a los principios de mínima intervención, de última ratio y viola los principios de progresividad y no regresividad”.

El documento expresó que “el contacto temprano con la ley penal no es recomendado por la criminología nacional e internacional” y que el propio Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación creó una comisión de especialistas para analizar este tema y ahí se “concluyó que corresponde mantener la edad de punibilidad en los 16 años”.

“Correspondería en lugar de disminuir la edad de punibilidad dar cumplimiento a los derechos económicos, sociales y culturales. Un estudio de UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia) reveló que el 48 % de los niños/as y adolescentes son pobres y el mayor porcentaje de los infractores pertenece a este porcentaje”, expresó el documento.