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    Testigos ratifican la legalidad y vigencia de la contratación directa

    Dos funcionarias de la Secretaría de Comunicación de la provincia sostuvieron que la contratación directa de la publicidad de los actos de gobierno es el método que aún se usa en el área. Señalaron que otras provincias lo utilizan. Explicaron la imposibilidad de contratar por licitación pública. Destacaron la participación de los organismos de contralor en los expedientes. Un ex legislador le dio contexto político a una causa que investiga si actos de gobierno constituyeron hechos que perjudicaron a la Administración Pública.

     

    Redacción El Diario | [email protected]

     

    Mariela del Carmen Teruel y Maricel Marta Brusco Re, que se desempeñan actualmente en la Secretaría de Comunicación, la primera como responsable del área de asuntos jurídicos y la segunda como responsable del organismo, sostuvieron en la décima audiencia del juicio que investiga supuestas actos en perjuicio de la Administración Pública cometidos en el área de comunicación, que la contratación directa por vía de excepción es la modalidad que se usó y aún se utiliza para dar a conocer determinados actos de gobierno que exceden el monto determinado para una específica campaña de publicidad. También dijeron que los expedientes pasaban por todos los controles que la normativa preveía y prevé para aquel tipo de contratación.

    En la audiencia que se sustancia para determinar la responsabilidad del ex gobernador, Sergio Urribarri, y ex funcionarios de sus gestiones y particulares, por cinco hechos, también declaró el cuatro veces legislador, ahora jubilado y dedicado a tareas menores en su campo, Hugo Oscar Berthet, quien realizó una declaración que aportó poco a los hechos que se investigan pero fue reveladora de algunos aspectos relacionados con la política de las últimas décadas en Entre Ríos.

    Teruel y Brusco, cada una desde sus competencias y de acuerdo a las responsabilidades que tenían en el período en el que supuestamente se habrían cometido los hechos, coincidieron en destacar que se fueron implementado mejoras en el trámite administrativo para acceder a la publicidad de los actos de gobierno. Así, se mencionó la centralización de la contratación de publicidad en la Dirección General de Información Pública (DGIP), en 2008; creación de un Registro de Medios en 2009; la exigencia de que los proveedores estén inscriptos en AFIP y ATER; la creación del área de Administración y Asuntos Jurídicos en 2012.

     

    Mejora

    Teruel sostuvo que “el trámite administrativo se ha mejorado enormemente a partir de observaciones que se nos fue haciendo”. También sostuvo que la subsecretaria de Administración y Asuntos Jurídicos realizaba el control de los actos administrativos de su competencia. Respecto de las observaciones, recordó que las realizó en 2013 el Tribunal de Cuentas a modo de sugerencia, puesto que en el “proceso de cambio” que se venía tratando de implementar, el cual fue impulsado por el imputado Pedro Ángel Baez, que fue director de la DGIP y ministro de Cultura y Comunicación. Teruel recordó que antes no se incorporaba la nota de justificación, por lo que a partir de la sugerencia del TC respecto a las contrataciones directas, se comenzó a justificarlas ya que el trámite se realizaba por vía de excepción. La testigo recordó que hubo expedientes que estuvieron ocho meses parados porque las justificaciones las acordaron entre todos los organismos de contralor. También señaló que “nunca antes un director fue denunciado penalmente, siempre han sido observaciones que nos han hecho”.

     

    Subsanar

    La testigo manifestó que no recordaba que el ex ministro Baez se hay interesado por un expediente. Respecto de las desprolijidades, sostuvo que “se trataba y se trata de subsanar, cuando sabemos que la publicidad está hecha” aclarando que cuando se trataba de errores sencillos se lo hacía, pero si eran mayores, no se pagaba la orden. Teruel recordó que cuando la orden que presentaba el proveedor tenía desprolijidades Baez “no las firmaba, no se las llevábamos directamente” y rememoró que “un día, al término de la gestión, me tiró un expediente”.

     

    Licitación

    Al igual que Brusco Re, Teruel consideró que es inviable licitar en comunicación. Entendió que se direccionaría la pauta y que la complejidad de la gestión en comunicación tiene variables y particularidades que hacen que se deban considerar otras situaciones. Incluso señaló que con el registro de medios, determinar un plan de comunicación o campaña sale entre un 25 y 30 por ciento menos de lo que cobraría una empresa que ganara una licitación. En este sentido especuló que se tendría que contratar al más barato y puede no llegar a cumplir con los objetivos sociales de la campaña.

    Teruel manifestó que la orden de publicidad no se pagaba hasta que no saliera la norma legal que lo autorizara, la que demoraba en salir entre tres o cuatro meses. También indicó que un expediente madre requiere de una norma legal cuando excede el monto presupuestado para determinada campaña y precisó que un expediente madre puede tener “una orden de pago o miles”, abundando en que puede haber “un expediente madre por cada campaña con varias órdenes de pago”.

     

    Confianza

    Consultada por la función que cumplía el imputado Gustavo Tamay, manifestó que no dependía de ella, que era empleado de Turismo y estaba adscripto en la DGIP, añadiendo que se lo designó en 2009 como responsable de la publicidad estática en la vía pública y era el encargado de certificar la cartelería, la que hacía in situ. A la pregunta sobre cómo se sabía que había realizado la certificación en el lugar de la publicación, respondió que “había confianza, viajaba muchísimo. Él nos decía que iba y que (la cartelería) estaba” y opinó que “por el principio de confianza tenemos que creer que se constituía en el lugar”.

    Teruel recordó que en otras áreas “se hablaba de muchas desprolijidades en la presentación de las fotos de publicidad en vía pública”, añadiendo que “es habitual que manden las certificaciones con errores. Es común que se comunique con los medios para corregir”. También manifestó que era “muy desprolija la presentación de las fotos” puesto que algunas “no eran nítidas, no se alcanzaba a ver bien, o nos mandaban dos iguales”.

    Brusco Re precisó que entre sus competencias se encuentra elaborar el Plan de Medios por el cual se define estrategia de comunicación y en qué medios se va hacer. Añadió que lo define la Secretaría y los distintos organismos del Estado que solicitan determinada campaña. Así, manifestó que “se utiliza el procedimiento que se usó en todos los gobiernos, de contratación directa que nos rige por Ley 5.140, establece un apartado que indica como puede ser la contratación directa por vía de excepción, a lo que agrego, debidamente acreditada”. También añadió que “se añadieron una serie de mecanismos y procedimientos administrativos” que fueron mejorando el proceso y dándole más legitimidad. La funcionaria sostuvo que no se puede dar pauta a cualquiera puesto que “hay procedimientos administrativos bastante intensos que incluyen contadores auditores, distintos organismos de control, sumados a los asesores jurídicos, hay un procedimiento administrativo que lleva muchísimos pasos”.

     

    Ayer, jueves 21 de octubre, se concretó la décima audiencia del juicio. La audiencia se reanudará el lunes con cuatro testimoniales.

     

    Color

    Berthet brindó un testimonio que rayó al lamento de un vencido en las lides políticas. Consultado por las generales de la ley y si conocía a alguno de los 13 imputados, respondió que es “conocido de Urribarri, si la memoria no me falla; de Baez, trabajó en el Senado, de Aguilera y de Huguito Marzó, los otros muchachos, a Giacopuzzi por los padres, si lo veo al chico no lo conozco”. Berthet dijo que es abogado pero no ejerce, es jubilado, vive en el campo, y recordó que durante cuatro períodos fue legislador, por Departamento Colón y San Salvador.

    Consultado sobre si conocía a Juan Pablo Aguilera, recordó que “en 2010 lo vi decaído con decepción de la política”, cuando le dijo que quería tener un emprendimiento privado con la esposa. De Aguilera destacó su rol en la campaña 2009 de medio término, en la que el oficialismo, según el testigo, “perdió dignamente”, en parte, por el rol de Aguilera en la comunicación. Berther se quejó de que Aguilera, junto a Urribari, “me robó al intendente de mi pueblo”, y añadió que “con su habilidad política, con su parla” le sacó a otro.

    Berthet recordó que en dos oportunidades integró el Consejo Provincial del Partido Justicialista, como tesorero y prosecretario, añadiendo que Aguilera era vocal y Jorge Busti, presidente. También recordó que durante el conflicto por la resolución 125 que fijó retenciones móviles para cuatro cultivos, Busti se retiró y Aguilera “tuvo un rol reconocido por todos los dirigentes peronistas” y volvió a recordar que durante la campaña, Aguilera le “birló el intendente en 2011 y otro primo. Tenía actividad política por todos lados, por méritos propios y cercanía con el gobernador”.

    Declaran que expedientes publicitarios pasaban por todos los controles

     

     

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