Condenado por tener medio kilo de marihuana y un arma

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El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná dispuso la pena de cuatro años y ocho meses de prisión, y multa.

A pesar de que el imputado dijo que la droga era para consumo personal, la forma en que estaba acondicionada, el nivel de consumo que dijo mantener y el dinero que le exigiría sostenerlo permitieron desechar la versión defensiva. Se encontraba dispuesta en 502 bolsitas. Respecto del arma, Fiscalía sostuvo que la tenía para proteger en forma ilegal negocio. Fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión más multa.

 

El juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Grippo, resolvió condenar a AER a la pena de cuatro años y ocho meses de prisión efectiva por los delitos de Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas directas al consumidor y Tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil, en concurso real más el pago de una multa de 1.000 pesos. La defensa del joven, apodado Checho, de 32 años, que no tiene ningún tipo de ingreso, que hace changas ocasionales, con estudios primarios incompletos, que reconoció que consume marihuana y alcohol y tiene una adicción de muchos años que no trató nunca, estuvo en manos de Guillermo Retamar. La acusación fue responsabilidad de los fiscales Paola Farinó y Juan Pereyra.

 

ACUSACIÓN. Durante el debate, Fiscalía demostró con las evidencias colectadas durante la investigación que, “sin poder precisar fecha exacta, pero con anterioridad al 13 de febrero del año 2020, AER tenía en su poder con fines de comercialización sustancia estupefaciente marihuana en un peso total 627 gramos brutos, los que arrojaran, con posterioridad a la pericia técnica realizada, un peso total neto de 445,338 gramos, material que se encontraba fraccionado en 502 envoltorios de nylon, pequeños, de color negro, anudados en la punta, todo lo cual se hallaba en una bolsa azul que es encontrada y que fue hallada en la habitación ocupada por el nombrado en la vivienda habitada por el mismo, sita en calle Mosconi, de barrio Mosconi de Paraná, material que fue hallado, encontrado y secuestrado por personal de la Policía Federal al momento de practicarse el allanamiento y requisa domiciliaria en la vivienda del nombrado, de conformidad a la autorización que le fuera otorgada por el Juez Daniel Alonso (Juez Federal subrogante)”.

La acusación también consideró que se probó que en el allanamiento en la casa del imputado se halló “en su poder, sin contar con la autorización legal de tenencia y/o portación de conformidad a las disposiciones de la Ley 20.429/73, Decreto Reglamentario N° 395/75 y normas complementarias, un arma de fuego tipo revolver, calibre 22 corto, junto a una bala calibre .22 y otra calibre 32”. La investigación comenzó a partir de la aparición de un arrepentido en otra causa.

 

DEFENSA. Retamar sostuvo que su defendido tenía la droga para consumo personal y señaló que no se probó en ningún momento que fuera para comercialización, respecto al arma, indicó que su defendido no era la única persona que vivía en ese domicilio sino que había otras más y el arma no era de aquel. También cuestionó el monto de la pena que solicitó Farinó –pidió seis años de prisión- porque entendió que “excede los parámetros de la cuestión del narcomenudeo y, por lo tanto, también se va a plantear -eventualmente- su inconstitucionalidad”.

La defensa insistió con dos nulidades. La primera refirió “específicamente a que no hubo un delito previo que facultara a dictar órdenes fundadas para investigar a personas o investigar sus teléfonos, en violación al artículo 19 (la privacidad de las personas) y al artículo 11 de la Ley 25.520 (no se pueden hacer tareas de campo sin una orden legal fundamentada)” y entendió que “en ningún momento la orden inicial que dio el Juez para después proseguir con las diferentes investigaciones ya no tuvo fundamento y determina una nulidad desde el comienzo”.

 

NULIDAD. La segunda nulidad consistió en que “no se realizó por parte de la justicia provincial la investigación como correspondía, sino que solamente se limitó a recibir algo que, por haberse declarado el Juez incompetente (N de la R: se trata del juez Federal N1, que remitió las actuaciones a la Justicia provincial), de por sí invalidaba todo lo realizado por ellos, entonces hay una nueva nulidad en esta causa y también recurre a ello, tal cual lo hizo en su momento el Defensor precedente, y, por esa razón, también entiende que corresponde nulificar las actuaciones, sobre las cuales posteriormente puede reiterar en el alegato final, dándole mejor forma, pero dejando que el juez en su momento pueda resolver las mismas, todo con reserva de casación y de caso federal”.

 

COMÚN. Efectivos de la Policía Federal que declararon en el debate señalaron que los allanamientos a la vivienda del imputado se realizaron porque fue señalado como colaborador con la venta de drogas. También refirieron que “es muy común en estos procedimientos que se encuentren armas de fuego porque se las utiliza para defensa propia ante la eventualidad de que otra banda intente sacarle la droga. No se utiliza ni para delinquir ni para ninguna otra cuestión, sino como defensa propia”.

En relación a la manera en que estaba dispuesto el estupefaciente, un efectivo expresó que “por su experiencia, más de veinte años prestando servicios en la investigación de hechos de esta índole, el resultado que se obtuvo en el mismo, puede afirmar que ningún consumidor tiene fraccionada de esa manera la droga, más de quinientos envoltorios, y ello evidencia que se está en presencia de narcomenudeo”.

 

INVEROSIMIL. También se consideró que el imputado dijo que “solía fumar entre 20 a treinta 30 porros por día y que hacía changas de ayudante albañil…”. Fiscalía entendió que era “inverosímil” que mantuviera aquel nivel de consumo. Para ello tuvo en cuenta que habría consumido una exagerada cantidad de dosis umbrales, teniendo en cuenta que “cada dosis umbral es la cantidad mínima que se requiere para generar el efecto alucinógeno deseado”. También se tuvo en cuenta el valor de referencia en dólares expresado por una perito, que señaló que el imputado “debía contar con aproximadamente 100.000 pesos por mes para comprar esa cantidad de droga que tenía en su poder y consumirla como refirió”.