Piden que se anule la decisión de hacer un juicio sin cuidados sanitarios

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Se prevé que el proceso se desarrolle a lo largo de dos meses. Están citados más de 150 testigos. Los abogados aseguran que se afecta la defensa por la falta de inmediatez para comunicarse, impedimentos de circulación y movilidad de todo debate oral, entre otros cuestionamientos.

 

Abogados defensores del embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri, y de otras 10 personas imputadas en una causa por delitos contra la administración pública que tiene fecha de juicio el próximo 27 de septiembre, piden que se anule la decisión del tribunal compuesto por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón de realizar a partir del próximo lunes un juicio oral y público sin protocolos, aforo ni medidas sanitarias óptimas.

El proceso está programado a lo largo de dos meses con un gran número de personas -hay citados más de 150 testigos- en un salón de Tribunales que no tiene ventilación cruzada, cuestionan los abogados defensores.

Marcan también que los jueces fundamentaron su decisión en anuncios periodísticos de las autoridades de Salud de la Nación que aún no rigen y se reglamentarían recién a partir del 1 de octubre y consideran que el tribunal no debe fijar fecha de juicio, ya que es competencia de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial.

El inicio del juicio estaba previsto para el 15 de septiembre, pero ese día, en cambio, se desarrolló una audiencia a raíz de un planteo de los abogados defensores para evacuar dudas en relación a las medidas sanitarias vigentes y a la posibilidad de que las mismas afectaran el derecho de defensa, en un juicio que se diferencia de los que comenzaron a realizarse en los últimos tiempos y que incluso la prensa especializada ha caracterizado como “megacausa” por la cantidad de imputados, abogados, testigos y funcionarios y auxiliares judiciales que deben participar de las audiencias, que superan en número la capacidad segura del lugar.

 

CUESTIONAMIENTOS PUNTUALES

 

Los letrados marcaron que verían dificultado el diálogo con sus defendidos al estar a distancia, que un salón contiguo para dialogar con testigos tiene capacidad para pocas personas, que algunos imputados debían situarse en un balcón y que si se necesitara introducir una documentación, por el reglamento vigente en tribunales, esta debería “reposar” durante 48 horas antes de poder ser manipulada, entre otras circunstancias que, a entender de los abogados, tornan inviable la realización del contradictorio.

El tribunal dio a conocer el miércoles la decisión de hacer el juicio de todas maneras a partir de este lunes 27 de septiembre, desoyendo las normas sanitarias vigentes tanto a nivel nacional como en la provincia –apuntan los abogados defensores– e incluso las dictadas por el propio Superior Tribunal de Justicia (STJ), instruyendo que las audiencias se sustancien con aforo del 100 por ciento, sin ventilación cruzada directa y sin las medidas sanitarias óptimas, con fundamento en las declaraciones periodísticas de las últimas horas de la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, quien anticipó algunas flexibilizaciones en las medidas de cuidado, entre ellas la no obligatoriedad de uso de barbijo al aire libre, pero que regirán, si la situación se sostiene como hasta ahora, a partir del 1 de octubre.

En la resolución del tribunal se lee: “Disponer atento el anuncio efectuado por la Ministra de Salud de la Nación respecto a la inminente modificación de la normativa que habilita el aforo del 100% y las recomendaciones que oportunamente realizaron las Áreas de Salud Ocupacional y de Higiene y Seguridad”.

Ante ello, los letrados señalan que estas valoraciones “exceden el rol y la competencia” de los jueces y advirtieron, además, que la funcionaria señaló la modificación potencial que habilitaría el aforo al 100 % como una expresión de deseo que “aún no está aprobada, normativizada y la provincia de Entre Ríos aún no ha adherido”.

“De la misma manera -continúa el texto al que tuvo acceso este medio- no han hecho mención alguna a la Alerta Epidemiológica de este 17 de setiembre del corriente año, acerca del riesgo de circulación de la variante Delta en Argentina. Ello denota que la expresión de deseo de la Ministra depende de variables que tienen que configurarse en la realidad, para volverse esa expresión en realidad, salvo que vuestras excelencias conozcan el acontecer de hechos futuros inciertos”, mencionaron los abogados, al tiempo que señalaron que distinto hubiera sido el caso si se ordenaba a la OGA fijar un nuevo calendario, conforme a la normativa que estaría publicada en octubre.

Para los defensores, si el juicio se realiza, en el presente contexto de alerta epidemiológico no se va a aplicar el protocolo sanitario que rige en tribunales, por voluntad del tribunal, sin respaldo normativo. Y, si se aplica, afecta la defensa material de los defendidos por la falta de inmediatez para comunicarse, impedimentos de circulación y movilidad de todo debate oral y expone el bien jurídico salud.

 

Garantía afectada

Los abogados también marcaron que el tribunal no tiene potestad para definir el calendario de un debate, ya que esa facultad corresponde a la OGA. “Una interpretación racional en el marco del paradigma acusatorio, donde los jueces tienen que tener el menor nivel de involucramiento en el expediente muestra que el hecho de interesarse en la agenda y el calendario implica un involucramiento acerca del direccionamiento de la realización del debate. Vale decir, denota un interés extra jurídico en la realización inmediata del juicio”, marcaron, antes de señalar que esta disposición “afecta la garantía de imparcialidad, interesándose en la realización inmediata del debate sin fundamento jurídico”.

Cabe mencionar que el juicio fue postergado antes por la pandemia, igual que todos los procesos, y por una enfermedad grave de uno de los abogados defensores. En otra oportunidad, tuvo que posponerse porque coincidió con el desarrollo del juicio contra el ex intendente de Paraná Sergio Varisco, que se desarrolló en los tribunales federales con la participación de un grupo de abogados que también intervienen en estas causas.

“En la causa en cuestión se investiga la realización de carteles de publicidad que todos los entrerrianos vieron con sus propios ojos en las rutas de la provincia difundiendo distintas acciones y obras, una solicitada que se publicó contra los fondos buitre, spots publicitarios que se realizaron para promocionar a la provincia en la Cumbre del Mercosur y la instalación de un parador de promoción turística en una playa de la costa atlántica que se enmarcó en una serie de acciones que llevaron a que Entre Ríos se convierta en uno de los principales destinos de la Argentina. Pero para los fiscales, todo esto fue para promocionar la figura del ex gobernador”, explicaron los letrados sobre las cuestiones investigadas.

“Se puso esta fecha que no nos llama la atención desde la mirada política porque queda entre las elecciones PASO y las generales. No obstante, si se siguen los mecanismos legales para fijar la fecha de juicio y se adoptan los cuidados sanitarios dispuestos en la normativa vigente, nuestros defendidos valoran la oportunidad de demostrar su inocencia. Pero no están dispuestos a soportar ningún atropello, ni a correr riesgos de salud ni a ir a juicio donde se piden penas de prisión sin la posibilidad de presentar una documentación o dialogar con su defensa técnica”, concluyeron los abogados consultados por este medio.

 

Los abogados

Defienden al ex gobernador y a las otras personas imputadas -entre los que se encuentran el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, ex funcionarios, empresarios y profesionales- los abogados Marcos Rodríguez Allende, Raúl Barrandeguy, Miguel Ángel Cullen, Candelario Pérez, José Velázquez, Pedro Fontanetto, Juan Antonio Méndez, Ignacio Díaz y Emilio Fouces.

 

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