Ordenaron a una jueza que se ocupe de corroborar existencia de cupo carcelario

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Un detenido pidió ser trasladado a la Unidad Penal 1 de Paraná pero su solicitud fue rechazada por el Juzgado de Ejecución de Penas. Foto: Gustavo Cabral. EL DIARIO.

Un hombre privado de la libertad solicitó ser trasladado a la cárcel de Paraná pero su pedido fue rechazado por el Juzgado de Ejecución de Penas, que le solicitó “presentar el informe penitenciario que contenga el cupo que se le asigne”. La defensa apeló y el juez concedió el recurso y le ordenó a la jueza que “se ocupe de corroborar la existencia del cupo carcelario” para el traslado.

 

Redacción El Diario | [email protected]

 

El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones N° 4, Elvio Garzón, resolvió “conceder el recurso de apelación interpuesto por la Defensa contra la resolución dictada por la jueza de Ejecución de Penas, Cecilia Bértora, del 20 de agosto de 2021,  la cual se revoca en todas sus partes,  ordenando que la magistrada interviniente, por medio de la oficina que entienda corresponder, se ocupe de corroborar la existencia del cupo carcelario para que AOV pueda ser trasladado a la Unidad Penal N°1 de la ciudad de Paraná”.

El interno cumple una condena por el delito de Robo con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no se ha acreditado.

Garzón intervino por la presentación del recurso de apelación de la defensora pública en materia de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Paraná, Paula Montefiori, ante el rechazo del pedido de traslado.

En éste, Bertora consideró que “conforme a lo reseñado, queda establecido que previo a dar trámite a un pedido de traslado de un interno, la defensa técnica -particular u oficial- debe presentar un informe donde conste el cupo correspondiente otorgado por el Servicio Penitenciario; el cual será merituado por esta Judicatura en ejercicio de su rol de contralor de la actividad penitenciaria”.

Así, hizo “saber a la defensa del interno penado AOV, que si continúa interesada en el pedido de traslado del interno en cuestión, deberá presentar el informe penitenciario que contenga el cupo que se le asigne. Ello así por aplicación de los principios del sistema acusatorio, en aseguramiento de la bilateralidad del procedimiento de ejecución penal”.

En la audiencia que se realizó el martes 21 Garzón, en calidad de juez unipersonal, valoró que la fiscal, Matilde Federik, manifestó “coincidir con la defensa, expresando los motivos tanto de forma como de fondo” por los que la funcionaria estimó “procedente la petición” de Montefiori. La defensora argumentó que la decisión de la jueza de Ejecución causaba un “gravamen irreparable de imposible reparación ulterior” y agravaba las condiciones de detención.

Montefiori desarrolló que desde la defensa pública se trabaja “por la transparencia de la regulación de los cupos a fin de posibilitar la agilidad en la tramitación de los futuros casos y el cumplimiento de la ley 10.866 que establece que las personas privadas de libertad estarán alojadas en establecimientos ubicados lo más cercano posible a sus familiares, teniendo en cuenta no sólo la importancia de preservar los vínculos sino también el tiempo de duración de la pandemia y el impacto diferenciado y negativo para el colectivo de personas privadas de libertad”.

También resaltó que el cupo aún no está establecido por ley en Entre Ríos, recordando que fue requerido por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, la Procuración Penitenciaria y por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Así, insistió en que “la fijación de cupo es una cuestión que no está regulada ni tiene un trámite de fuente legal” y cuestionó que “poner en cabeza de la defensa la atribución de obtener ‘cupo’ es una laguna jurídica que en modo alguno debe resolverse distribuyendo funciones en la tarea defensiva ni el alegado sistema acusatorio que nada tiene que ver con estas cuestiones administrativas y que deben ser llevadas a cabo por la judicatura que es la única que tiene funciones jurisdiccionales y de control sobre la parte administrativa de ejecución de la pena”.

Montefiori coincidió con la jueza en que el cupo carcelario “es en principio una atribución o resorte exclusivo del Servicio Penitenciario que es quién debe propiciar la organización y seguridad dentro de los establecimientos carcelarios. No obstante ello, el contralor de la actividad penitenciaria, de la administración de cupos y traslados por su parte es atribución o competencia exclusiva del juez de ejecución quien ejerce de manera indelegable el contralor judicial y administrativo de la ejecución”.