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    Juicio a Urribarri: el miércoles 22 se conocerá la fecha del debate

    Se sabrá si se acepta o se rechaza el pedido de las defensas para diferir el comienzo del debate porque no se garantiza el derecho de defensa a pesar de la aplicación del protocolo contra la pandemia por Covid-19. Fiscalía pidió “buena voluntad” a los defensores. Estos profundizaron sus señalamientos a las recomendaciones del área de Salud Ocupacional del Superior Tribunal de Justicia.

     

    El miércoles 22 a las 12, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón, dará a conocer su decisión sobre el pedido de las defensas para diferir el comienzo del juicio que se sustanciará contra el exgobernador, Sergio Uribarri, y exfuncionarios y particulares, imputados por presuntos delitos contra la Administración Pública. Se trata de tres causas, por cinco hechos, que se dirimirán en un solo juicio a partir de la conexidad subjetiva de cuatro de los imputados en los dos legajos que tramitan bajo el nuevo código de rito y de dos imputados en las tres causas.

    La supuesta “conexidad” estaría configurada en que en los tres legajos figuran el exgobernador Urribarri, y el exministro de Comunicación y Cultura de aquella gestión, Pedro Baez; en tanto Juan Pablo Aguilera y Corina Cargnel, están en dos. Se trata de las causas conocidas como Buffa, sobre Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; Sueño Entrerriano, sobre Peculado y Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; y La Vaca, sobre Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

     

    Recomendaciones

    El viernes 17 de septiembre culminó la audiencia que comenzó el jueves 16, fecha en la que estaba programado el inicio del debate, y las partes pudieron exponer sus argumentos respecto a la aludida afectación del derecho de defensa por la aplicación de las recomendaciones que el área de Salud Ocupacional del Superior Tribunal de Justicia realizó para llevar adelante el debate. A aquellas se sumaron las del COES, respecto a cuestiones como distanciamiento, ventilación cruzada y uso de elementos de sanitización e higiene.

    La procuradora general adjunta, Cecilia Goyeneche, manifestó su oposición a un nuevo aplazamiento, recordó que esta es la quinta vez que se está tratando el comienzo del debate, y pidió “buena voluntad” a las defensas para mantener contacto con sus defendidos. Incluso, para respetar el aforo propuso reducir la cantidad de fiscales, de cuatro a dos, para algunos actos, y sugirió que el secretario del Tribunal podía seguir la audiencia desde su despacho de manera virtual y que la asistente permaneciera en la puerta.

     

    Perfectamente

    Goyeneche, tras realizar una serie de consideraciones sobre la pandemia, los abordajes que tuvo y la situación actual, sostuvo que “no hay ningún tipo de imposibilidad fáctica, normativa, simplemente con organizaciones, orden y tolerancia respecto del movimiento de los defensores y la posibilidad de acercarse a sus defendidos, esto puede ser resuelto de una manera perfectamente adecuada, por eso solicito que se rechace la pretensión de las defensas de suspender este debate, que se nos informe, que se fije una fecha de inicio próxima, que se nos informe de esa fecha y que también se nos indique qué tiempo se va a dedicar a las cuestiones previas y a los alegatos de apertura para así poder iniciar, con esta decisión del tribunal, la citación a testigos y así poner en conocimiento tanto al Tribunal como a los defensores de esa citación a testigos de manera que puedan ejercer plenamente sus facultades para un mejor ejercicio de la defensa”.

     

    Unánime postura de las defensas

    Antes, las defensas fueron unánimes al señalar que en las actuales condiciones no está garantizado el ejercicio de una defensa eficiente, no solo desde el punto de vista formal, sino tal cual lo prescriben normas nacional e internacional. Todas hicieron reserva de acudir en casación y del caso federal, en caso de sufrir un revés.

    Cullen, que tiene siete defendidos en el proceso, afirmó: “No pedimos que se anule, que no se haga, sino que se haga cuando las condiciones lo permitan” y añadió que es absolutamente improbable, casi una quimera, pensar que este proceso va a comenzar y terminar tal como está programado” en referencia a eventuales contratiempos. También cuestionó que no se garantiza el derecho a la comunicación libre entre abogado y defendido, puesto que sostuvo que es trascendente la necesidad de una comunicación “libre y fluida”.

    Por su parte, Pedro Fontanetto sostuvo que “de los informe y lo que surgió en esta audiencia, en estas condiciones no se puede realizar”, mencionó la aparición de la variante Delta y manifestó que el debate es prolongado y puede haber contagios. En este caso, pronosticó que se debería suspender el debate y aislar a todos los participantes.

    A su turno, Emilio Fouces manifestó que el planteo de las defensas es que si se lleva adelante el proceso se violarían garantías elementales como la de legítima defensa y debido proceso. Respecto de las valoraciones del área de Salud Laboral, el defensor señaló que “el ingeniero dijo que el debate se podría realizar respetando el protocolo” y opinó que “no hay que llevar un juicio a cualquier precio como si fuera un simulacro de juicio. No me voy a prestar a esto”. Raúl Barrandeguy e Ignacio Díaz adhirieron a los argumentos de sus colegas defensores y realizaron sus aportes en el mismo sentido de diferir el comienzo del debate.

     

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