Mujeres radicales preocupadas por las políticas ambientales

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Reclaman medidas de protección.

La viceintendenta de Libertador General San Martín, Susana Cayrus, reclamó al Estado entrerriano el desarrollo de medidas concretas que actúen en defensa del ambiente.

La diputada Gracia Jaroslavsky, por otra parte, es autora de un proyecto por el que propone modificar la Ley de Educación Ambiental. Por separado, ambas dirigentes aluden a la incidencia del entorno en la salud y la economía.

Cayrus, enrolada en las filas del radicalismo, consideró “una materia pendiente” el tema del ambiente y opinó que en un momento «en el que las malas gestiones en salud y economía nos mantienen en un permanente estado de incertidumbre, hablar de ambiente parece no tener tanta importancia”, pero “¿sabemos -interrogó- hasta dónde la economía y nuestra salud y por ende la de nuestros hijos está siendo afectada por el entorno en el que vivimos?».

Susana Cayrus, viceintendenta de Libertador General San Martín.

 

Precisó luego: «La llamada ‘huella de carbono’ es un indicador ambiental que puede reflejar la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos directa o indirectamente por todas las actividades que realizamos. Una vez conocida esa medida, es posible implementar una estrategia de reducción o compensación. Y aquí es cuando el Estado –enfatizó- debe tomar el guante de la responsabilidad e implementar políticas regulatorias asequibles y realizables, porque no es un tema que impacte en unos pocos, sino que todos estamos inmersos en la problemática de un ambiente cada vez más contaminado, descuidado y menos saludable», sostuvo Cayrus.

En una detallada fundamentación, agregó que «las emisiones de gases a las que hacemos referencia con la huella de carbono son aquellas emitidas directamente por maquinarias o vehículos y también por reacciones químicas propias de procesos de producción de diversa índole, ambas relativamente sencillas de medir. Pero también están incluidas las emisiones indirectas, más difíciles de contabilizar debido a su enorme cantidad y diversidad de puntos de emisión. Pero –haciendo una comparación práctica- ya sea que se trate de un gran incendio localizado o pequeños fuegos diseminados, todos deben ser solucionados con medidas justas y adecuadas».

Cayrus cuestionó seguidamente: “¿Cómo explicar que con demasiada frecuencia quienes nos gobiernan eligen apoyar actividades destinadas 100% a producir recursos para unos pocos, en claro detrimento del bienestar medioambiental, económico y sanitario de la gran mayoría?”. Aclaró que la inquietud no se vincula a un aspecto de “impacto global”, sino que “nos pasa hoy en estas colinas entrerrianas: desaparece la fauna autóctona, se siguen quemando las islas, existen los volcaderos y basurales a cielo abierto, la producción en general no se realiza dentro de un marco de políticas de cuidado ambiental… y nadie se hace debido cargo porque esperan que no tenga repercusiones en esta generación”. Enfáticamente, apuntó que “lo cierto es que el daño no se detiene, y no lo hará hasta que los organismos de control realicen la tarea para la cual existen: cumplir y hacer cumplir las normativas que fueron pensadas para mantener las buenas producciones y reactivar las actividades que se han deteriorado, pero esta vez en un contexto socioambiental de cuidado y preservación».

La viceintendenta sostuvo que el tema debe convertirse en “una cuestión en la que el Estado sea líder y ejemplo, acompañando y asistiendo a las PyMEs en cuestiones propias de cada actividad para minimizar el impacto negativo que pueda estar teniendo en los recursos naturales que hoy vemos como tan amplios, pero que en realidad son escasos”.

En ese orden, aseguró que “ponerles números a las cuestiones ambientales nos permitirá medir exactamente el impacto que ello tiene en la rentabilidad, y comenzar a transitar un camino de producción ecoamigable del cual podamos sentirnos orgullosos”.

“Política de Estado”

La diputada provincial Gracia Jaroslavsky (UCR) es autora de un proyecto para que se modifique la Ley de Educación Ambiental. Entre otras cuestiones, propone incluir a la minoría legislativa en la comisión que elabora las estrategias políticas en materia de educación ambiental y que toda la información que se genere sea de libre acceso.

La legisladora propuso introducir modificaciones al artículo 6º de la Ley 10.402 de Educación Ambiental que se refiere a la autoridad de aplicación de esta norma: concretamente plantea incluir a representantes de la minoría en la Comisión de Educación Ambiental que se encarga de monitorear la instrumentación y apunta a garantizar el libre acceso a la información y políticas que se generen.

La Comisión de Educación Ambiental estará integrada por quienes presidan la Comisión de Educación y la de Recursos Naturales y Ambiente de ambas cámaras legislativas, a los que se sumarán un diputado o diputada de la minoría por cada una de las comisiones, propone.

También la conformarán dos representantes del Consejo General de Educación y otros dos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Se aclara además que las representaciones deberán atender en lo posible a la paridad de género.

Tal comisión deberá establecer sus pautas de funcionamiento, hacer un seguimiento y una evaluación de las políticas de educación ambiental, elaborar un análisis crítico anual que informe los objetivos alcanzados, digitalizar sus conclusiones y garantizar el acceso público de toda la información que se elabore.

En los fundamentos de la iniciativa, Jaroslavsky destacó que “la provincia cuenta con una muy buena Ley de Educación Ambiental desde 2015” y recordó que recientemente el Congreso nacional sancionó “una ley que se ampara en los mismos principios que dieron origen a la vigente en nuestro territorio y con ello le da más envergadura a este vital tema de agenda en los Estados”.

“Siguiendo esa línea es importante hacer foco sobre algunas cuestiones: en primer lugar, admitir que la salud de las personas depende de la salud de la naturaleza y que para que esa conciencia sea colectiva debe ser política de Estado”, expresó la diputada.

“Para ello es importante que todas las partes involucradas pongan su granito de arena y que los parlamentos, con sus minorías incluidas, participen de la formulación de políticas públicas”, aseveró.

Para Jaroslavsky también “es vital que todo lo que se discuta, realice o proyecte para el futuro sea de libre acceso a la información pública”.