Entidades relacionadas a la producción audiovisual están trabajando en el borrador de una nueva legislación para la industria. La nueva ley se propone una adecuación a los cambios de paradigma impuestos por las nuevas tecnologías. Realizadores audiovisuales participan activamente de la redacción, sin embargo, existe una fuerte brecha entre las propuestas centralizadas en CABA y las federales.
Aldana Badano | Revista Muy Entre Ríos
La industria audiovisual es la fuente de trabajo de directores y directoras, guionistas, actores y actrices, técnicos audiovisuales, e infinidad de trabajadores y artistas que nutren con su capacidad y fuerza laboral nuestra industria nacional de producción de obras audiovisuales. Estas películas son parte integral de la identidad de nuestro pueblo y de nuestra cultura que es altamente reconocida en todo el mundo.
Al complejo panorama signado por las restricciones sanitarias, se le agregan las plataformas de oferta y exhibición de contenidos audiovisuales multinacionales que facturan cifras millonarias a los usuarios locales, pero que no contribuyen a fortalecer la producción local de películas, series y nuevos formatos, como ya en otros países comienzan a estar obligados a hacerlo para generar una vigorosa industria audiovisual.
Las provincias sufren estas problemáticas sumando una situación que viene de larga data en la que los recursos nacionales “están mal distribuidos” ya que “actualmente la producción audiovisual es el consumo más alto y por primera vez en la historia se consumen más piezas audiovisuales que música. De esa gran producción, el 93% se concentra en CABA. Con lo cual, esos recursos muchas veces también quedan en la Capital Federal. Eso genera que la concentración sea de producción y también de bienes y servicios. Esto es muy importante porque cuando realizadores entrerrianos logramos llevar a cabo nuestras películas, muchas veces los equipos o servicios terminan siendo contratados en Buenos Aires”, afirma Sergio Mazza, realizador independiente y presidente de la Cámara de Productores Audiovisuales de Entre Ríos (Capaer).
En este sentido, el realizador audiovisual explica: “Nuestro desafío hoy es repartir los recursos porque en las provincias también hay historias por contar, guiones, libros, actores, directores, técnicos, es decir, hay muchas cosas para hacer desde las provincias de todo el país”.
Luego especifica: “Es importante marcar la diferencia de servicios de producción con producciones locales, porque en el primer caso se trata de equipos que se trasladan a locaciones y paisajes de las provincias para producir. Nosotros, en cambio, apuntamos a las producciones locales, es decir, que se cuenten historias desde las provincias por las mismas personas que las habitan cotidianamente. Porque estas películas descentralizadas van a mostrar otra forma de contar historias y también otro tipo de relato”.
Mientras tanto, la redacción de una nueva ley se está dando desde Espacio Audiovisual Nacional (EAN). Esta iniciativa surgida en Buenos Aires busca redactar una propuesta que sea superadora de la Ley de Cine 17.741 actual ya que entienden que existe una “falta de actualización que dio inicio a este trabajo y propuesta, tendiente a lograr un texto borrador con el objetivo de convocar al diálogo y de consensuar una propuesta de proyecto de Ley, que permita contemplar las necesidades e intereses de todos los sectores involucrados en la actividad de la producción audiovisual nacional”.
La ley de cine que rige actualmente data del año 1994. Desde ese entonces, el constante y creciente avance tecnológico ha creado nuevos medios que han modificado, tanto la comunicación social, como así también la comunicación audiovisual, influyendo por ello en nuestras conductas y estilo de vida.
La evolución de estos medios y sus contenidos audiovisuales, han roto las barreras entre los distintos canales de exhibición. Las producciones audiovisuales circulan indistintamente por las salas cinematográficas, los canales de TV abierta, los canales de cable, las plataformas de internet y circularán en el futuro por otros canales de comunicación que hoy no somos capaces de imaginar.
Desde este Espacio Nacional Audiovisual comentan que a mediados de 2020 comenzó a trabajarse con un grupo de reconocidas entidades con una histórica participación en la defensa de la actividad audiovisual a nivel nacional con la colaboración de profesionales expertos en administración pública y extensa experiencia en la redacción de leyes.
Entre ellas DAC (Directores Argentinos Cinematográficos), Apima (Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales), PCI (Proyecto Cine Independiente), Argentores (Sociedad General de Autores de la Argentina).
Este trabajo “se centró principalmente en identificar todos aquellos factores que en la práctica no funcionaron tal como fueron propuestos hace ya 27 años en la Ley de Cine”.
“Muy especialmente la tarea también consistió en identificar e incluir en el texto aquellas cuestiones que hoy, por uso y aplicación de las nuevas tecnologías digitales, han pasado a ser esenciales y no fueron contempladas cuando esta normativa fue sancionada, dado que obviamente no existían en aquel entonces”.
Finalmente, los realizadores audiovisuales agrupados en ENA, aseguran que “el objetivo de esta nueva ley es dar solución a las necesidades de hoy y conferirle la precisa flexibilidad para responder a las contingencias del mañana”.
Al respecto, Mazza explica que necesariamente esta nueva ley debe cumplir con el espíritu de federalismo muchas veces anunciado y pocas veces cumplido ya que “cuando hablamos de que los fondos se coparticipen de manera diferente para la realización en las provincias, estamos discutiendo la soberanía audiovisual, es decir, que cada pueblo pueda contar su historia. Eso no quiere decir que el éxito de estas producciones esté asegurado o que no tengamos que ponerle dos actores reconocidos para que sean vistas y puedan vender boletos. Pero igualmente eso no traiciona su espíritu federal porque la búsqueda está en que los equipos técnicos y el resto del elenco sea local y no importado de Buenos Aires.”
Realizadores de Entre Ríos, Formosa, Catamarca, Salta y Mendoza agrupados en Federal Films presentaron un escrito a Espacio Nacional Audiovisual en el que sostienen que la nueva ley debe ser federal y cumplir con los requisitos que aseguren este espíritu.
En este sentido sostienen que “todas las leyes deben atender las voces de los profesionales de las cinco Regiones asegurando Comités que contemplen la presencia de directores, técnicos, guionistas, actores y productores de las cinco regiones y la paridad de género.
Las autoridades de Cultura de cada Provincia, deben bregar por la representatividad de profesionales del sector en los comités y por la coparticipación.
Un Consejo Asesor representado por profesionales de las cinco regiones donde cada uno tenga la facultad de expresar las realidades del sector en su región y provincia. Esto es fundamental a la hora de tomar decisiones teniendo en cuenta, realmente, las especificidades de cada región”.
