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Entidades ecologistas plantearían la nulidad del decreto sobre fumigaciones

Oficialmente el decreto que modifica las distancias establecidas por un fallo judicial para fumigar en torno a las escuelas rurales no se conoce. No obstante, a partir del conocimiento que se tiene de ese texto, la Coordinadora Basta es Basta junto con Agmer hicieron este jueves una presentación en la Justicia. La intención es pedir la nulidad de la nueva normativa.

 

“Un decreto por WhatsApp no es un decreto”, sostiene la Coordinadora por una vida sin agrotóxicos en Entre Ríos, Basta es Basta. La referencia es a la normativa del Poder Ejecutivo provincial que hasta el jueves no se había publicado en el Boletín Oficial, pero del que se tuvo conocimiento porque mediante ese mensaje el gobierno se lo habría comunicado a dirigentes de entidades del agro.
A partir de esos envíos por WhatsApp el texto se difundió extraoficialmente. No solo se conoció su fecha de emisión, 14 de diciembre, y su número, sino también los argumentos en los que se fundamenta.

“Estamos solicitando que nos informen los antecedentes de este expediente administrativo que tiene como resultado un decreto, que no tiene publicación oficial porque no está en la página del gobierno ni en el Boletín oficial, por lo tanto no está en vigencia”, dijo a EL DIARIO la abogada Aldana Sasia.

La Coordinadora hizo este jueves una presentación en la Sala Penal y de Asuntos Constitucionales, integrada por Claudia Mizawak, Daniel Carubia y Miguel Giorgio, exigiendo que “se ponga en conocimiento de las partes los antecedentes en los que se fundamentó ese supuesto decreto sobre el que tuvimos conocimiento vía WhatsApp”.

La abogada no dudó en señalar que “sabemos que no está vigente”, pero advirtió “puede generar un estado de confusión porque los productores ya salieron a declarar su beneplácito a favor de este decreto. Al entender que muchos pueden estar pensando que tiene vigencia y realizar aplicaciones a menor distancia, exigimos que se muestre el estado de este expediente administrativo y los antecedentes que llevaron al decreto”, explicó.

Al pedido de información formalizado el jueves en sede judicial, podría seguir el pedido de nulidad de la norma emanada del Poder Ejecutivo.
Sasia afirmó que “el decreto no puede anular la sentencia. Y menos aún porque la idea es pedir la nulidad inmediata”, anticipó. Insistió en que “debe haber un estudio específico que demuestre que reducir las distancias (respecto de las escuelas) no produce ningún daño”

PAUTAS INTERPRETATIVAS. Sasia explicó que por la comunicación del decreto vía WhatsApp a algunas entidades y colegios como el de Ingenieros Agrónomos, se pudo conocer que esa norma “se cimienta en fundamentos que nos son de índole científicos sino pautas interpretativas que se dan desde el Ministerio de Agroindustria tiempo atrás, donde se establecen cuáles son las buenas prácticas agrícolas, y en pautas interpretativas de aplicación de productos fitosanitarios a zonas periurbanas del año 2013, que nada tienen que ver con lo establecido en la manda judicial”.

La profesional entrevistada por EL DIARIO, precisó que esa manda judicial “claramente estableció que las distancias que se fijaron de 1000 y 3000 metros estarían vigentes hasta tanto el Estado logre demostrar que a menores distancias no se atentaría contra la salud ni la vida de la población estudiantil; que determinara a través de equipos técnicos y profesionales específicos que se ha hecho un examen exhaustivo del estado de contaminación actual y de cuáles serían las posibles afectaciones que pudiera tener a la salud otro tipo de distancia”.

En ese sentido, la abogada especializada en derecho ambiental estimó que esos estudios demandarían “un plazo mínimo de dos años, como lo evidencia –citó- la Facultad de Química de la Universidad Nacional del Litoral a través de la cátedra de agrotoxicología, que dijo que se necesitaba un plazo razonable para poder determinar cuáles serían las distancias que podrían poner a resguardo a la población estudiantil sin causar daño, y no se animó a emitir opinión en el expediente”. Lo referido ocurrió en la tramitación del amparo presentado por Agmer y el Foro Ecologista que desencadenó una sucesión de hechos que tiene continuidad a partir de este decreto que oficialmente aún no se conoce.

La abogada recordó que la posición respecto de las distancias que sostiene la Coordinadora, es en base a “estudios de genotoxicidad que demuestran daños genéticos en la población de niños expuestos en zonas rurales y urbanas en las que el daño, pasados los mil metros va disminuyendo”. Estos estudios, recordó son de un instituto de la Universidad de Río Cuarto, a los que sumó y otros del departamento Uruguay con tomas de muestras que se hicieron de agua, aire, suelo y de sangre de los niños de distintas escuelas, que fueron publicados en octubre y que dan evidencia del grado de contaminación que había en esos territorios. “Los resultados de genotoxicidad sabemos que están y que también pueden acompañar el expediente judicial”, acotó.

Tras la argumentación, Sasia vio en los fundamentos del decreto del Ejecutivo entrerriano, “un abuso de autoridad absoluto porque no solamente contraría una orden judicial sino que se fundamenta en meras pautas interpretativas demostrando la falta de compromiso que hay respecto a la salud pública y a la crisis sanitaria de la que hablamos”.
Para la Coordinadora, en la medida en que no existan “evidencias científicas” va a insistir con las distancias establecidas en el amparo, de un radio de mil metros y de tres mil, según se trate de fumigaciones terrestres o aéreas, respectivamente. Recordó que “los tres mil metros ya están establecidos en la legislación vigente para casco urbano. Semejante criterio –reflexionó- se debe traspolar a un establecimiento educativo. No habría derecho a proteger en más a quien vive en una ciudad que a quien concurre a un establecimiento educativo rural”, afirmó.

Al margen

El fallo de la Sala Penal y Procedimientos Constitucionales había confirmado la sentencia favorable al amparo presentado por Agmer y el Foro Ecologista. Luego, el gobierno a través de la Fiscalía de Estado presentó un recurso federal ante la Corte Suprema de Justicia, que aún se tramita en la justicia entrerriana.
“Es medio contradictorio porque el fallo está recurrido, está en trámite de ser llevado a la Corte, pero a su vez sale este decreto cumplimentando supuestamente a los manda sobre el vacío legal y la exigencia de la justicia en el amparo que promovimos. También demuestra una contradicción absoluta por parte del Estado Provincial”.

Exigen “evidencias científicas”