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Alrededor de 500 procesados alojan las cárceles entrerrianas

La decisión judicial por la que todos los detenidos en la causa por los “contratos truchos” en la Legislatura tuvieron el beneficio de la prisión domiciliaria ha disparado consideraciones diversas. Una lectura de los hechos, en un contexto donde hay “imposibilidad material” de separar a presos de condenados, lleva a poner la atención en “la selectividad en la toma de decisiones para un sector”.

 

Las unidades penales del país albergan 54% de condenados y 46% de procesados.

A propósito de la causa de los contratos

En las cárceles de Entre Ríos la población carcelaria al 31 de diciembre de 2017 era de 2158. De ese total, 499 eran procesados y 1653 condenados, 23% y 77%, respectivamente. En Paraná, puntualmente, había hace un año 609 condenados y 199 procesados.

Los números surgen del Informe Ejecutivo 2017 del Sistema Nacional de Estadísticas sobre la Ejecución de la Pena (SNEEP), que representa la estadística oficial del país en materia penitenciaria y se conforma a través de la recopilación anual de información proveniente de todas las unidades penitenciarias, tanto federales como provinciales.

El SNEEP es un censo penitenciario que se hace el 31 de diciembre de cada año en las 301 unidades de detención penal del país, dependientes tanto del sistema federal (32 unidades) como de los provinciales (269 unidades).

Repasar los datos cobra sentido luego de que el juez de Garantías N°4 de Paraná, Mauricio Mayer dispusiera que todos los detenidos en la causa por contratos legislativos truchos tengan el beneficio de la prisión domiciliaria, utilizando tobillera electrónica. Entre otras consideraciones, el juez refiere en la resolución al “deber que pesa sobre los magistrados de control de constitucionalidad y control de convencionalidad”, citó la Convención Americana sobre Derechos Humanos respecto a la manda de ordenar separar a los detenidos condenados de los que están procesados, y recordó, que “debe tenerse en cuenta que se trata de personas a quienes le asiste el Principio de Inocencia que debe ser entendido como un estatus jurídico que resulta un escudo protector respecto a manipular el encierro cautelar como una pena anticipada”. En el segundo punto de la resolución, el juez dispuso “exhortar al Poder Ejecutivo que disponga todos los recursos legales, humanos y presupuestarios a fin de ordenar el encarcelamiento preventivo en la provincia de Entre Ríos conforme lo ordena el bloque de constitucionalidad y de convencionalidad vigentes”.

 

UTILIZACIÓN PRIVILEGIADA. En su condición de miembro del Comité nacional contra la tortura, el abogado Jorge D´Agostino habitualmente recorre cárceles. Confirmó que en las unidades penales entrerrianas conviven procesados y condenados. Las unidades penales no tienen separados a unos y otros. En ese orden habló de “una situación material” porque no hay condiciones edilicias acordes para esa organización.

A la pregunta de EL DIARIO sobre la situación que se ha dado con el grupo de procesados en la causa de los contratos truchos en la Legislatura, señaló que “en esta situación, tenemos un fallo que le da pie a un juez a que dicte domiciliaria a personas vinculados a una presunta sustracción de fondos públicos íntimamente relacionadas con el poder” y más adelante deslizó: “Lo que se pone en dudas es qué requisitos deben reunirse para que aparezca la necesidad de cumplir a rajatablas el Pacto de San José de Costa Rica”.

De los casi 2.200 detenidos que hay en las cárceles de Entre Ríos, 500 lo están con prisión preventiva.

Explicó no obstante, que en el organismo que integra, que tiene el objetivo de ocuparse de los derechos humanos de las personas en contexto de encierro, “uno de los temas que hemos trabajado desde que nos iniciamos es el de la vinculación de los procesados con los condenados porque es un tratado internacional, el Pacto de San José de Costa Rica”, que en el artículo 5º establece que deben estar separados.

Acotó que esta separación tiene un argumento y mencionó que “la prisión preventiva no debe ser una pena anticipada. Esa es la razón por la que esa prisión preventiva tiene un plazo de duración y si el juicio no termina en el lapso que la persona acusada estuvo presa, tiene que salir en libertad, cosa que no se cumple a nivel federal ni a nivel provincial en ninguna provincia”, afirmó . A grandes rasgos, comentó que algunas tienen tres años de plazo, otras dos más uno de prórroga, dos años a nivel federal.

Si podría sobrevenir una lluvia de recursos por parte de otros procesados para pedir por la modificación de su situación, no lo descartó, poniendo en principio como salvedad que en el legajo pudiera constar un intento de fuga o alguna denuncia sobre acciones contra testigos.

En el análisis de lo general y el caso particular, “lo que se considera privilegio es la domiciliaria, porque incluso hay procesados que ni siquiera ofrecen esos riesgos –fuga o entorpecer la investigación- y sin embargo, están privados de su libertad”, reflexionó D´Agostino consultado por EL DIARIO.

Habló de una “situación caótica en Entre Ríos -al igual que en otras provincias-, respecto a las 9 unidades penales que tenemos”.

 

Repasó que “Entre Ríos tiene 2200 internos –sin contar los alojados en comisarias o alcaidías-, de los cuales 500 no tienen sentencia, están presos con prisión preventiva. No hay lugares de detención exclusiva para procesados. Originariamente la ley Penitenciaria lo prevé a nivel nacional, incluso con cárceles construidas para procesados, pero donde hoy están amontonados con condenados”. La idea de amontonados en la expresión del entrevistado, pretendía graficar las condiciones en la que viven quienes están privados de libertad.

 

D´Agostino planteó: “¿Los 500 internos que tienen prisión preventiva son todos culpables? Es probable que no, por lo tanto hay personas que van a ser declaradas inocentes y están presas; entonces la integridad personal, los derechos humanos, la dignidad de la persona humanas se violenta y le sumamos que están abarrotadas las condiciones de alojamiento”, analizó.

“En esta situación –continuó-, tenemos un fallo que le da pie a un juez a que dicte domiciliaria a vinculados a una presunta sustracción de fondos públicos íntimamente relacionados por el poder”. En ese orden, podría hablarse de “una utilización atrozmente privilegiada de una norma jurídica que es justa”, en la medida que “se privilegió el pedido de un tipo de acusado y no se toma en cuenta los principios generales de defensa de los derechos humanos en relación al resto de los acusados que aseguran que no se van a evadir de la justicia y no van a interrumpir el proceso”.

Finalmente, D´Agostino habló de “legalidad nefasta” porque “en el marco de tantas prisiones preventivas dictadas sin domiciliaria, esta aparece como un privilegio, que no hace más que quitarle legitimidad al Poder Judicial, que inmediatamente deberá equilibrar sus decisiones con el resto de los internos”.