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lunes, diciembre 9, 2019
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    El STJ avala el habeas corpus interpuesto por Aguilera y Pérez

    Revocaron el rechazo al habeas corpus interpuestos por las condiciones de la prisión de los últimos detenidos en la causa de contratos truchos en la Legislatura.

     

    La Sala Nº 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) revocó la confirmación del rechazo del habeas corpus deducido en favor de Juan Pablo Aguilera y Gustavo Pérez y ordenó devolver las actuaciones al juez de Garantías Nº 4, Mauricio Mayer, “para que proceda, sin dilación alguna, a su más inmediata sustanciación”.

     

    La Sala Nº 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, integrada por Miguel Ángel Giorgio, Daniel Carubia y Claudia Mizawak, resolvió “hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli en favor de Juan Pablo Aguilera y Gustavo Pérez y, en consecuencia, revocar las decisiones adoptadas en ambas instancias precedentes, dejándolas sin efecto, y reenviar las actuaciones al Juzgado de Garantías Nº 4 a fin de que, sin dilación alguna, proceda a su más inmediata sustanciación”.

     

    IN LIMINE

    Cullen y Vartorelli apelaron la resolución que dictó el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones, Gustavo Pimentel, que confirmó la resolución del juez de Mayer por la cual rechazó, in limine, sendos habeas corpus interpuestos por los imputados”. La Sala analizó que “en aquellas presentaciones los encartados denunciaban el agravamiento de las condiciones de la detención, ya que al cumplir la prisión preventiva decretada por la jueza de Garantías Marina Barbagelata en el Legajo donde los mencionados se encuentran imputados y, conforme lo informado por el Director de la Unidad Penal Nº 1 se tornaba de imposible cumplimiento el alojamiento de los mismos en las condiciones referidas por la jueza actuante, esto es, la de hallarse separados de los internos penados, por lo que al instar la acción se requirió se ordene la inmediata libertad de los incursos”.

     

    La Sala analizó que la jueza de Garantías Nº1, Marina Barbagelata, al dictar la prisión preventiva de Aguilera, dejó expresa constancia de que se arbitraran las medidas correspondientes para que aquel cumpla la más grave medida de coerción en la cárcel, separado de los presos con condena. En el caso de Pérez, indicó que el juez de Garantías Nº3, Eduardo Ruhl, no hizo ninguna referencia a las condiciones de privación de la libertad de un ciudadano de quien se presume el estado de inocencia durante el proceso, pero entendió que “no puede menos que abordarse igual postura a la antes señalada respecto de Juan Pablo Aguilera por cuanto la necesidad de alojamiento en establecimiento especial y diferente al utilizado para condenados…”.

     

    En los considerandos de la importante decisión, la Sala señaló que en el “presente caso… lo que se cuestiona -en definitiva- es un rechazo in limine de las acciones de habeas corpus. esta Sala y el Máximo Tribunal Provincial en pleno ha manifestado en reiteradas oportunidades, incluso oficio mediante, nuestra preocupación por la superpoblación carcelaria a niveles de hacinamiento y la imperiosa necesidad de cumplir con la normativa vigente local y supranacional, puesto que aquellos que sufren prisión preventiva lo hacen en su condición de inocentes”.

     

    FLAGRANTE

    Los vocales de la Sala consideraron que “existe un flagrante agravamiento de las condiciones en que se dispuso que Aguilera cumpliera su detención preventiva, lo que suscita un agravio constitucional y convencional que debe ser remediado”. Previamente, habían aclarado que “ambas acciones de habeas corpus denuncian la agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se dispuso el cumplimiento de la privación de la libertad de Pérez y Aguilera”. En este sentido, también se precisó que “el núcleo de la controversia planteada en esta acción y -en definitiva- lo que debe resolverse es si efectivamente se verificó un agravamiento de las condiciones de la detención cautelar impuesta a los acusados, lo que de constatarse encuadraría en el artículo 32, b) de la Ley de Procedimientos Constitucionales”. Así, plantearon que el punto a analizar consistió en “si se materializa o no uno de los presupuestos de procedencia del habeas corpus, es decir, si se verifica una ‘agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad’”.

     

    CRITERIO

    En relación al rechazo in limine que pronunció Mayer, la Sala recordó que es parte de la jurisprudencia de la Sala el señalar “la absoluta irrazonabilidad que implicaría privar de revisión a la decisión denegatoria”, por lo que sostuvo que “ese pretoriano criterio acuñado por esta Sala, cobra superlativa relevancia a la luz de la evolución jurisprudencial del derecho al recurso, delineada a partir de los emblemáticos casos ‘Herrera Ulloa’ (CIDH, sent. del 2/7/2004) y ‘Casal’ (CSJN, 20/9/2004) y toda la construcción posterior, determinante del alcance que debe darse al doble conforme. El mismo no puede considerarse reducido o limitado únicamente a asegurar que la sentencia de condena sea revisada por un Tribunal Superior, sino que debe permitir el control de todos los actos procesales importantes, que afecten la situación del imputado, tal como lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos…”.

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