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El desafío para los estatales fue perder lo menos posible

Los dirigentes de las organizaciones gremiales estatales coincidieron en calificar a 2018 como un año complicado en el que las acciones estuvieron destinadas a morigerar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. No dudan en rescatar el funcionamiento de la paritaria y los logros en cuanto a pases a planta y recategorizaciones. Entre lo pendiente, la reglamentación del régimen jurídico básico, una deuda que acumula años.

 

Redacción EL DIARIO

La invitación a hacer un balance del año próximo a finalizar fue de inmediato aceptada por la secretaria Gremial de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), Carina Domínguez; y el secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes. La apreciación general de ambos respecto de lo acontecido en 2018 no difiere demasiado. Domínguez reconoció que “definir una estrategia para no perder más poder adquisitivo del salario ha sido una situación difícil de conducir”, y Muntes definió que “este años nos dedicamos a estar a la defensiva para perder lo menos posible”.

Cada uno hizo su repaso de un período que deja un sabor “agridulce”. Dentro de lo complejo, también hay logros que contabilizar. Comparten lo que queda pendiente y en ambos casos, las evaluaciones dejan bien parado al gobierno entrerriano.

 

UPCN
“Este fue un año difícil para los trabajadores”, empezó por señalar la secretaria Gremial de UPCN. Explicó que “frente a la imprevisibilidad de la economía, definir una estrategia para no perder más poder adquisitivo del salario ha sido una situación difícil de conducir. Íbamos logrando objetivos, pero transcurrían los meses y se iba deteriorando (el salario), por eso la cláusula de revisión daba un poco de alivio”.

Trazado el contexto que caracterizó todos estos meses, rescató los pases a planta permanente y las recategorizaciones ya en funcionamiento que “han dado otro lugar al empleo público, en un caso para asegurar la fuente laboral y en otro, para establecer criterios de la carrera sobre la base de pautas objetivas”.
Ambos hechos se plantean derivados de la paritaria y son considerados como “un progreso importante en la medida que no se depende de la buena voluntad de un funcionario” para que se puedan concretar. En particular, “los pases a planta permanente hace que los derechos sean respetados luego de 8 o 10 años de espera, constituyendo el sector más vulnerado del empleo público”.

Domínguez también destacó la participación de los empleados tanto en el proceso de pase a planta permanente como con aportes en la definición de los criterios para recategorizar, “lo que ha dado muchos más beneficios que si las decisiones se hubieran adoptado en una mesa meramente política”, diferenció.

En el repaso, Domínguez deslizó que “mientras otros discutían si había o no paritaria, nosotros la hicimos funcionar plenamente”. Así mencionó que “no solo hay una actitud del gobierno a favor de las convenciones colectivas de trabajo, sino también una actitud responsable de nuestro sindicato en beneficio de los trabajadores”.

Es reciente el último acuerdo salarial, se cerró en la segunda semana de este mes, y más allá de los porcentajes, la dirigente pone de relieve que “posiciona a los trabajadores a futuro”. Lo que argumenta es que la modificación del piso salarial mejora la posición cuando en febrero se retome la negociación. Para entonces, evalúa también que “las categorías mejoradas harán que el impacto de la mejora salarial se vea reflejado de otra manera”.

 

FUTURO
Es permanente el rescate que la dirigente hace del ámbito paritario, lo que constituye una dimensión apropiada para tratar el marco regulatorio del empleo público y eventualmente, un nuevo escalafonamiento que mejore las posibilidades de la carrera.

Asoma la mirada sobre 2019, que se presenta como un año también de regularización de los contratos de obra y a corto plazo, la puesta en práctica de recategorizaciones.
También para el año que viene queda pendiente la ley de enfermería, que quedó en el Senado, a medio camino con media sanción de Diputados. “Necesitamos esa ley que es una mejora sustancial en las condiciones laborales del sector. El proyecto de prevé un marco de conquistas, pero también, mejora la calidad de las prestaciones. Desde el sindicato también hacemos ese aporte para que el servicio público que se brinda al ciudadano sea de calidad”, aseguró.

 

ATE

El secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes.

 

Muntes aludió al Estado nacional, al provincial y a los municipales donde tiene representación la organización que lidera. Para el análisis toma dos leyes que asegura “hicieron mucho daño”: Enumeró “la reforma previsional –diciembre 2017– que atrás trae la reforma laboral. Y el consenso fiscal entre las provincias y la Nación que congela vacantes, imposibilita aumentar la planta en las áreas donde más se necesita, una herramienta que se ha dado a quienes tienen la responsabilidad de gobernar”.

“En el orden nacional, los trabajadores tuvimos muchos despidos”, se quejó Muntes para luego atribuir lo sucedido al gobierno actual y al anterior liderado por Cristina Fernández. Es que “el anterior precarizó y el actual echó”, dijo por lo tanto, habló de “complicidad”. Lo que evaluó es que “uno precarizó por muchos años aunque le pedíamos que regularizara la planta de trabajadores y este gobierno cuando empezó, estableció que ‘contrato que se termina, no se renueva’”. Muntes habló de la baja de entre 35.000 y 36.000 trabajadores del Estado Nacional, muchos de ellos en Entre Ríos. Sostuvo que “hay casos emblemáticos, donde han atacado el corazón del Estado argentino: intentaron desguazar Ciencia y Tecnología , organismos centrales para el desarrollo como el INTA e INTI, hospitales como el Posadas, Río Turbio, Fabricaciones Militares, lugares estratégicos para el desarrollo”, definió.

Para que el gobierno nacional avanzara en esa dirección, Muntes analizó que siempre tiene que haber acuerdo con una pata sindical y ahí ubicó como “aliado” a “UPCN, facilitando con el secretario general Andrés Rodríguez, toda esa tarea para que los trabajadores se queden sin posibilidades de defenderse”. En ese orden, analizó que “no es casual que (Lucas Fernández) Aparicio, un hombre ligado fuertemente a Rodríguez, hoy está jugando el cargo de Jorge Triaca (Trabajo). Eso tiene que ver con una connivencia, con un trabajo en complicidad que ahora han profundizado mucho más”, afirmó.

A diferencia del panorama nacional, Muntes señaló que en Entre Ríos “tenemos muchas cosas muy positivas, muy importantes para resaltar”, y otra crítica, como la pérdida del poder adquisitivo. Terminamos el año perdiendo 12 puntos de nuestro salario, y no se perdió más porque insistimos mucho en la lucha, en la pelea. Estaba planificado un 15% como techo y la eclosión que hizo hacia adentro y hacia afuera la economía determinó la movilización para romper ese techo. Llegamos al 33% en el caso de los trabajadores provinciales, 41% en el mínimo garantizado con un salario para el 1 de diciembre de 17 mil pesos”, sintetizó respecto de la discusión salarial. A pesar de los porcentajes, Muntes no dejó de señalar que “más de la mitad de los trabajadores del Estado está por debajo de la línea de pobreza”, teniendo en cuenta el último índice del Indec según el cual se necesita algo más de 25 mil pesos para no caer en la línea de la pobreza.

En esta situación compleja, difícil, “este años nos dedicamos a estar a la defensiva para perder lo menos posible”, sentenció el dirigente de ATE.

 

COINCIDENCIAS
Dando vuelta la página, en la columna del haber, Muntes agendó “más de 5.000 trabajadores que con el pase a planta permanente garantizan la estabilidad, muy al contrario de lo sucedido con el gobierno nacional”, remarcó.

Reseñó que “luego de un trabajo enorme que nos dimos en paritaria, pudimos conseguir la estabilidad laboral y un instructivo de recategorizaciones que ayuda para el bolsillo del trabajador. Nos quedó pendiente la reglamentación del régimen jurídico básico, la carrera administrativa. Le dijimos al gobernador que este es otro gobierno que pasa sin definir la carrera en la administración pública”.

En el balance no solo aparecen resultados sobre la situación salarial, laboral de los trabajadores. “Nos damos cuenta que si no es por los trabajadores organizados –entendiendo que pasa por nosotros la principal responsabilidad de defender los derechos de los trabajadores– vamos a seguir perdiendo por goteo todas las conquistas que tenemos”, advirtió.

Por eso, al 2018, lo definió como “un año de mucho aprendizaje y de mostrar la necesidad de caminar conjuntamente con otros sectores y en ese sentido, alentó la posibilidad de encontrar las coincidencias, posponer las diferencias, fortalecer la Central de Trabajadores que tiene que buscar a los que no están incluidos y a los que no están representados. No puede ser que tengamos 30% de pobres, más de un millón y medio de indigentes y que haya una diferencia tan grande entre los que más perciben y los de menores de ingresos, de 4 o 5 mil pesos”, cuestionó.

Finalmente, Muntes dijo que los estados municipales no escaparon a la realidad de la Nación y las provincias y en materia de recomposición salarial se pudo avanzar con ese mismo patrón. Comentó que en algunos lugares se pudo avanzar más que en otros, de acuerdo al nivel de organización.

 

El incierto debate en torno al régimen previsional

No parece haber resistencia de los gremios estatales a analizar la situación del régimen previsional provincial. Lo que sí hay son condicionamientos.

Para Carina Domínguez, “en la Caja de jubilaciones los últimos años ha sido materia de preocupación y alerta. En UPCN cuando se ha conocido una noticia que pone en discusión el régimen jubilatorio, hemos buscado la información precisa. Se habla de correcciones, de posibilidades de analizar. Si hay una convocatoria veremos cuáles son los alcances. No estamos de acuerdo en que haya un retroceso en materia de derechos. Estaremos muy atentos al impacto que pueda tener lo que propongan. No son nuestros escalafones los que generan la mayor problemática, pero en esto todos los trabajadores debemos ser solidarios. Veremos cuál es el alcance del debate. El tema no puede ignorarse, requiere que todos los actores veamos la situación de sustentabilidad de la Caja. Negarse a ver esa realidad tampoco es saludable”.

Según Oscar Muntes, “hemos mantenido muchas reuniones con el presidente de la Caja. Va a ser muy difícil que en la provincia se pueda modificar el sistema si no hay un consenso y en ese consenso estemos los trabajadores para garantizar la equidad. La Caja ha unificado a todos los sectores para pelear y para luchar y sabemos de las dificultades, del déficit, tenemos mucha información y estamos formados para dar esa discusión, pero no queremos ser nosotros la variable de ajuste. El ajuste debe venir por otro lugar, ver los montos en negro que pagan los municipios y la Provincia, hay que hacer una rediscusión y ver si encontramos salida. Nosotros no estamos dispuestos a entregar la Caja de Jubilaciones”.

 

Variable de ajuste

“El trabajador no va a ser variable de ajuste” fue una afirmación reiteradamente dicha por el gobernador y en opinión de los dirigentes gremiales, se ha cumplido.

“Lo ha cumplido por varias razones. Mientras hay despidos en otros ámbitos, tanto estatal como privado, en Entre Ríos no hemos tenido despidos de los trabajadores y los casos puntuales se han ido planteando. Por otro lado, ese techo de la paritaria que quería sostener el gobierno nacional, en la primera negociación ya se había superado y algunos recursos que siempre son escasos, se han destinado a mejorar de alguna manera la condiciones de empleo”, planteó Carina Domínguez.

“No solo se ha cumplido con una pauta de no ajuste para los trabajadores de la administración pública, sino que se da una perspectiva favorable. Ojalá se pueda tener un ordenamiento a favor de los plenos derechos del trabajador, en una situación previsible”, agregó la dirigente de UPCN.

En tanto, Oscar Muntes, desde ATE, diferenció que “mientras el gobierno nacional echaba gente, el provincial pasaba a planta permanente, daba estabilidad, recategorizaba. En eso nosotros hacemos la diferencia y reconocemos. Cuando encontramos salidas para el conjunto, desde ATE acompañamos”. ”De todas maneras el consenso fiscal significa el congelamiento de la planta y por ende, vamos a tener por mucho tiempo trabajadores en Estado de precarización, aunque vamos a construir el instrumento para ir modificando la situación de los contratos de obra. Tenemos las puertas abiertas para discutir, seguramente muchos objetivos no los hemos logrado, pero no tenemos vedada la palabra”, aseguró el titular de ATE.

 

Modernización

La Secretaría de Modernización del Estado, Ciencia y Tecnología forma parte del Gobierno provincial y parte de sus lineamientos están dirigidos a la capacitación de los agentes estatales y a transformar los trámites burocráticos.

Carina Domínguez sostuvo que “la propuesta que impulsa esa Secretaría ha modificado algunas cuestiones que tienen que ver con la capacitación, la tecnología, la gestión, la atención al ciudadano. No podemos verlo como algo que esté mal encaminado; al contrario, favorece al trabajador. Ahora respecto de cómo asimilamos esos cambios, hay un tema cultural que en los últimos años se ha visto modificado. Hace cinco o seis años no estaba valorizada la capacitación en el contexto de la administración publica, y hoy todos están preocupados por terminar el ciclo secundario, por tener una carrera del nivel superior porque eso se tradujo en una mejora de los adicionales y ahora en la recategorización; es decir que a la par de ser una exigencia se plantea dar un reconocimiento por el esfuerzo del trabajador. De todas maneras, los cambios no dependen solo de la voluntad de los trabajadores, de los funcionarios también. Hemos visto que la estadística marca un crecimiento del interés por participar de los cursos, de las instancias de formación y lo vemos en las tres escuelas (de UPCN), secundaria, secundaria semipresencial y de formación profesional, que están llenas”.

En tanto Oscar Muntes indicó que “la Asociación Trabajadores del Estado se sumó al trabajo de la Secretaría en las capacitaciones y en cambios como fue la digitalización, la despapelización. Destacó por un lado el trabajo ‘fenomenal’ de la Secretaría de Modernización, y en paralelo advirtió que “se necesita reglamentar la carrera administrativa, para que se valorice el aprendizaje, el saber, el interés por superarse”.

 

AL MARGEN

Al interior de la organización sindical, la secretaria Gremial de UPCN aludió a las dos elecciones que “favorecieron la institucionalidad del sindicato”, en referencia al proceso de renovación de la comisión directiva y el directorio del Iosper.

Y también mencionó la causa judicial. “Quedó demostrado que muchas de las cosas que se dijeron no son ciertas, que lo que hicimos es nuestra tarea y vamos a ratificar nuestra posición de seguir defendiendo a los trabajadores y a los representantes de los trabajadores como marca la ley”.

Si bien Oscar Muntes cuestionó el congelamiento de vacantes, reflexionó que “hay que motorizar el sector privado porque la principal chimenea sigue siendo el empleo público y el Estado, cuanto más trabajadores tiene, termina pagando salarios de miseria”.