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sábado, julio 31, 2021
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    Pena de cárcel por recibir una moto robada y portar un arma de guerra

    Un joven de 28 años reconoció en un juicio abreviado que recibió una moto sabiendo que era robada y que circulaba por la vía pública con un arma de guerra sin el correspondiente permiso. Respecto al primer hecho se valoró que no participó del robo y del segundo que no se pudo probar que llevara el arma para cometer un delito.

     

    Un joven de 28 años, con antecedentes penales, fue condenado a la pena de dos años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo, por los delitos de Receptación sospechosa de bienes, primer hecho, y Portación de arma de guerra sin la debida autorización legal atenuada, segundo hecho, concursados realmente, en carácter de autor.

    En una audiencia que se realizó el miércoles 9, el juez de Garantías N 8, Juan Carlín, resolvió hacer lugar al acta de acuerdo de juicio abreviado que le presentaron el fiscal, Laurano Dato, y el defensor, Javier Aiani. Así, una vez que quedó firme la condena, el imputado fue traslado desde el domicilio donde cumplía prisión preventiva domiciliaria a la Unidad Penal N° 1 de Paraná.

    Al joven se le atribuyeron dos hechos. El primero consistió en que el 14 de febrero de 2021, “luego de las 17, haber recibido, adquirido u ocultado, con conocimiento de su procedencia ilícita, una moto Honda 150, situación que fue advertida por personal de la División Robos y Hurtos que realizaba tareas investigativas en barrio La Milagrosa de Paraná, y divisó el motovehículo sustraído en el que circulaba el imputado, junto a una mujer, que se dieron a la fuga al ver al personal policial, siendo aprehendido, en calle El Trébol y Las Pichinchas».

    Arma

    El segundo hecho que se le imputó ocurrió dos días después, el 16 de febrero, “aproximadamente a las 2, en calle Hernandarias y Ovidio Lagos de Paraná”, cuando fue detenido por portar “en condiciones de uso inmediato y sin contar con la autorización que lo habilitare para ello, un arma de fuego marca FM 95 Classic, calibre 9 milímetros con diez cartuchos del mismo calibre en su almacén cargador».

    En relación al primero se consideró que la calificación legal reprime la conducta de la persona que «tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado» y «adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito», que fue lo que se le imputó, puesto que de las actuaciones “surge con claridad el conocimiento del origen ilícito del rodado, lo que se analizó respecto de la ocurrencia del hecho, y que el imputado no es el autor del delito de robo -o, al menos, no hay pruebas de ello”.

    Respecto del segundo hecho, el juez valoró que el joven no ofreció resistencia ni intentó huir del accionar policial, y que no se logró acreditar “objetivamente circunstancias” que permitiesen “inferir con certeza de que el arma de fuego era portada con una finalidad delictiva”. El juez coincidió en la aplicación de la atenuante que dispone que «cuando, por las circunstancias del hecho y las condiciones personales del autor, resultare evidente la falta de intención de utilizar las armas portadas con fines ilícitos».

    El juez consideró que en el caso y de modo correcto, se interpretó aquella norma en favor del imputado quien, al momento de efectuar su descargo manifestó que “el motivo de llevar el arma obedece a su seguridad personal atento a los problemas que existen en el barrio y el temor que por ello tiene de ser atacado. Ello no ha podido ser desvirtuado por el Ministerio Público Fiscal por lo que entiendo que es de aplicación la atenuante indicada en virtud, además, de la jurisprudencia correctamente citada”.

     

     

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