Padres de niño con autismo reclaman la cobertura del Iosper y reintegros

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Un fallo del STJ del 28 de marzo hizo lugar a un recurso de amparo y ordenó al Iosper que haga el reintegro por la prestación, pero todavía no se cumplió la sentencia.

La Justicia le dio a la obra social un plazo de tres días para que abonen los honorarios a los profesionales que atienden al chico. Eso fue a fines de marzo y todavía no se ha cumplido con la sentencia.

Un fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) del 28 de marzo hizo lugar a un recurso de amparo interpuesto por los padres de Bautista, un niño de 13 años con trastorno TGD y ordenó a la obra social Iosper “que en el plazo de tres días dé cumplimiento a la contraprestación dineraria por psicología y psicopedagogía”, servicios profesionales que requirió su hijo.

Sin embargo, a pesar de los más de dos meses transcurridos, el Iosper no ha hecho efectivo el pago y los padres del niño deben continuar abonando de su bolsillo los honorarios de los especialistas.

“Presentamos una nota pero hasta el momento no hemos tenido respuesta. La orden era pagar en tres días, pero ya van dos meses”, manifestó a EL DIARIO Gabriela, la mamá de Bautista.

El último pago que recibieron de parte de la obra social en concepto de reintegros fue en diciembre de 2019.

“La modalidad del Iosper es dictar una resolución donde dice la cobertura que va a tener el nene (psicología, psicopedagogía, terapia ocupacional, maestra de apoyo). La maestra de apoyo no está aprobada. Psicología y psicopedagía está aprobado pero no abonan. Esa es la falencia, porque si lo aprueban pero no viene el pago el profesional no pueden seguir trabajando”, remarcó.

Asimismo, hizo notar que a los padres (dos empleados públicos provinciales) les resulta imposible hacer frente a los tratamientos.

“No está en nuestras posibilidades cubrir lo que la neuróloga prescribe, que son una cantidad de sesiones que se consideran necesarias. Lo que terminamos haciendo es reducir esa cantidad de terapias porque no podemos cubrirlas, menos con todo el tiempo que estamos esperando el reintegro. El reintegro debería ser de mes en mes, a lo sumo tres meses, pero es imposible esperar dos años”, destacó.

ATENCIÓN. Actualmente, Bautista recibe la atención de una psicopedagoga y una psicóloga, que son las profesionales que reconoce la obra social. No les reconocen los honorarios de la maestra de apoyo.

“La maestra de apoyo no tiene cobertura y la estamos pagando nosotros. Pero nosotros no podemos pagar el 100% y terminamos optando porque la maestra vaya menos tiempo. Lo mismo pasa con la psicóloga y la psicopedagoga. Lo que podemos pagar es mucho menos de lo que necesita”, subrayó Gabriela.

Además, dijo que el caso de ellos no es el único: “Hay otros casos iguales que el nuestro, que el Iosper adeuda desde comienzos de 2020”.

SACRIFICIOS. Los papás de Bautista no bajan los brazos. Con un gran sacrificio afrontan los gastos para procurar la mejor atención del nene.

“Nuestro hijo posee Certificado Nacional de Discapacidad bajo el diagnóstico T.G.D. espectro autista, el cual fuera diagnosticado a los tres años de edad, comenzando un largo camino que está lejos de finalizar, aun a sus 13 años. Los padres de chicos especiales sabemos que es algo para toda la vida, y que este camino de por sí es difícil, más aún con el desamparo del Estado provincial que por intermedio de su obra social vulnera los derechos de los niños con discapacidad al no brindar cobertura a las prestaciones básicas o dilatando las mismas. Todo ello con una evidente estrategia de desgaste hacia la familia con discapacidad (toda familia que pasa por una situación similar adecua su estilo de vida a la persona con discapacidad) y en clara violación a la Constitución Nacional (Art. 14, 14 bis y 75) Tratados Internacionales de Rango Constitucional (leyes Nro. 26.378 Y Nro. 25.280) y de la ley Nro. 24.901 (Ley de Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con Discapacidad)”, subrayaron los papás.

TGD es el Trastorno Generalizado del Desarrollo. Hay diferentes espectros y en el caso de Bautista es del espectro autista.

“Es algo que lo va a tener toda la vida —admite Gabriela– Nosotros trabajamos para que tenga una mayor independencia. Tiene diferentes requerimientos, por ejemplo en su momento necesitó fonaudióloga o una estimuladora temprana. Va cambiando de acuerdo a su edad y necesidades. Nosotros le brindamos lo que podemos, de acuerdo a nuestras posibilidades. Pero con la obra social podría tener el tratamiento que corresponde. Bautista tiene el certificado nacional de discapacidad, es decir tiene el aval que necesita, pero no tenemos la obra social como corresponde”.

“Estrategia de desgaste”

Los papás de Bautista han hecho pública a través de las redes sociales de un escrito donde narran el proceso que vienen padeciendo con la obra social.

“Desde el comienzo del tratamiento debimos solicitar el auxilio de la Justicia para obtener la cobertura de las prestaciones básicas o para el reintegro de las mismas, ya que dicho sistema de reintegros obliga a asumir el compromiso económico para luego comenzar con el calvario para obtener el reembolso.

El cual, en el mejor de los casos, será efectivo dentro del mismo año, no sin antes peregrinar mendigando derechos ya otorgados por la legislación vigente.

Eso ocasiona no solo un daño económico sino también psicológico, afectando ya no solo el tratamiento de nuestro hijo sino también la salud de quienes tenemos la responsabilidad de lidiar con un sistema deficiente, malicioso y discriminatorio para con el afiliado con discapacidad y su entorno.

Al punto de llegar a desobedecer una orden judicial, ya que acorde a lo dispuesto en acción de amparo de marzo de este año, tanto en primer instancia como en alzada, se dispone el reintegro de las prestaciones en favor de nuestro hijo adeudadas desde el mes de febrero del año 2020 (hace un año y medio que no se perciben reintegros) en un plazo de tres días, lo que obviamente y como es habitual no ha sido cumplido.

Eso nos llevó a la necesidad lamentable de reducir las terapias al resultar insostenible desde el aspecto económico, en desmedro del tratamiento indicado por los profesionales y adecuado a la patología de nuestro hijo”.

“Esta situación es común, en mayor o menor grado, en todas las familias con discapacidad, las cuales por esta estrategia de desgaste pierden la voluntad de lucha, renunciando muchas veces al tratamiento que deberían tener sus hijos o familiares discapacitados”.

“Es por todo esto que podemos asegurar, tal como lo expresáramos al comienzo de la nota, que el Estado provincial por intermedio de su Obra Social vulnera los derechos de mi hijo, otorgados por legislación vigente con total impunidad”.