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lunes, diciembre 9, 2019
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    Confirman las prisiones preventivas para Aguilera, Almada y Cardoso

    Carolina Castagno, jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones, hizo suyos los argumentos de su par de Garantías, Marina Barbagelata, y rechazó los recursos de apelación que las defensas de Juan Pablo Aguilera, Alejandro Almada y Sergio Cardozo, elevaron contra el dictado de la prisión preventiva por 90 días en la cárcel de Paraná, en el caso de los dos primeros, y del arresto domiciliario en el del tercero.

     

    Néstor Belini | coordinacion@eldiario.com.ar

     

    Tras dos horas y media de alegatos de las partes en la audiencia en la que las defensas apelaron la resolución de la jueza de Garantías Nº1, Marina Barbagelata, que el sábado 15 dictó la prisión preventiva de Juan Pablo Aguilera y Alejandro Almada durante 90 días en la Unidad Penal Nº1 de Paraná y el arresto domiciliario de Sergio Cardoso por igual plazo, la jueza del Tribunal de juicio, Carolina Castagno, dispuso un cuarto intermedio de casi cuatro horas y a las 15.40 dio a conocer su decisión avalando lo dispuesto por Barbagelata.

    Así, rechazó los recursos y confirmó la medida de restricción de la libertad ambulatoria de Aguilera y Almada y el arresto domiciliario de Cardoso.

    Aguilera, Almada y Cardoso son los tres últimos detenidos en la causa que investiga una supuesta organización que durante diez años se dedicó a sustraer dinero del Estado mediante la modalidad de celebración de contratos de obra truchos, que eran expedidos a nombre de personas que prestaban su identidad sin cumplir con ninguna función y percibiendo una suma exigua a cambio de dar su nombre.

    Este viernes, Miguel Ángel Cullen, que defiende a los tres imputados; Marcos Rodríguez Allende, codefensor en la defensa de Aguilera; y Guillermo Vartorelli, que representa a Almada y Cardoso; desarrollaron sólidos argumentos cuestionando la prisión preventiva que decidió Barbagelata.

    En este sentido señalaron que la jueza se basó en “elementos conjeturales, genéricos”, y añadieron que la decisión respondió “al mero voluntarismo de la jueza”. Los defensores cuestionaron los argumentos desarrollados por Fiscalía y fueron receptados por Barbagelata y advirtieron que se logró instalar en la sociedad “una presunción de culpabilidad de Aguilera” que “hace peligrar la vida de Aguilera y su familia porque se dijo que se apropiaron de dos mil millones de pesos”.

    Así, sostuvieron que aquella cifra “es conjetural”, lo que luego fue reconocido por los fiscales que manifestaron que aún no se realizaron las pericias contables para determinar el monto de la supuesta sustracción del dinero en el prolongado período.

    También cuestionaron la afirmación de Fiscalía que sostiene que Aguilera y Almada integran los eslabones más altos de la organización.

    Por su parte, Vartorelli alegó por Cardoso y explicó que la situación de aquel es distinta a la de los otros dos imputados. Así, cuestionó que pese a que Barbagelta reconoció que no realizó ninguna maniobra de entorpecimiento de la investigación y se allanó a esta, la jueza le dictó la prisión preventiva en la modalidad de arresto domiciliario.

    A su turno, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, pidieron la confirmación de la sentencia de Barbagelata señalando que de la investigación surge que los involucrados hablan “de un operativo que da cuenta del grado de organización y del accionar coordinado para sacar dineros públicos a través de este montaje”.

    Los fiscales plantearon que los riesgos procesales están vigentes en relación a la organización en su conjunto, la que se montó para ocultar y obstruir un mecanismo que funcionaba en la clandestinidad y la ilegalidad en el seno de la administración pública.

    En relación a los roles de los imputados, Fiscalía reiteró que “Aguilera y Almada integran los eslabones más altos de la organización” y añadió que “el resto de los imputados tuvo mala suerte porque se los descubrió en flagrancia y a Aguilera no, esa es la diferencia”.

    Así se respondió sobre los distintos criterios adoptados respecto de la situación de algunos imputados y sindicados en la mega causa, en relación a la cuestionada diferencia de criterios a la hora de solicitar medidas para preservar la Investigación Penal Preparatoria (IPP).

    También se sostuvo que Aguilera “está en la cima de la organización o representa a quien está en la cima de la organización”.

    Los fiscales respondieron a la crítica de las defensas que señalaron que Aguilera y Almada son, según la acusación, la cabeza de la organización pero señalaron que son “fungibles” puesto que se trataría de una organización que vendría operando desde hace diez años.

    En este sentido respondieron que el cuestionamiento “es contradictorio, no los consideramos fungibles, ambos están en los escalones más altos de la organización. No decimos que son los jefes de la organización. Tenían rol capital porque recaudaban” el producido de la organización. Finalmente señalaron que “el riesgo es del grupo en su conjunto”.

    Sergio Cardoso, de 52 años, era director del servicio administrativo contable de la Cámara de Diputados; y Alejandro Almada, de 33 años, alias Negro, es empleado de la Legislatura y cuñado de Aguilera.

     

    Preguntas por Orabona

    El abogado Rodríguez Allende sostuvo que “de la investigación no surge que los demás imputados respondan a Aguilera” y preguntó “¿qué pasa con Juan Domingo Orabona? Era el director administrativo contable de diputados y tiene el mismo dominio funcional que Aguilera según la imputación y no se lo llamó para hacerle conocer los cargos ni tomarle declaración de imputado” y volvió a preguntar “¿por qué unos sí y otros no, si surge que tendrían la misma función?”.

    Pese al esfuerzo de los abogados, los tres imputados seguirán con la preventiva.

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