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    Causa Contratos Legislatura: Dictan la competencia Federal para continuar la investigación

    El juez federal Daniel Alonso declaró la competencia del fuero Federal para intervenir en la causa Contratos en la Legislatura entrerriana. Así, refutó la opinión del fiscal federal Carlos García Escalada, que sostuvo el rechazo al pedido de las defensa para el cambio de fuero. Información que EL DIARIO publicó en octubre de 2019, es la base de la decisión de Alonso.

    Néstor Belini | [email protected]

     

    El 23 de junio de 2019 EL DIARIO publicó una nota con el título Aportan evidencia que abriría nuevas líneas de investigación en la causa Contratos en la Legislatura.

    Allí se dio cuenta de que el miércoles 19 de aquel año, el abogado Milton Urrutia entregó en la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía Anticorrupción una caja con documentación que exhibiría movimientos contables en la Cámara de Diputados del período 2007-2011.

    Este período fue retirado de la imputación de la causa Contratos porque no existía documentación. Se trató de talonarios de facturas numerados y hojas manuscritas con listas de nombres y dos ítems con cifras identificados con las siglas CASE (Cámara de Senadores) y CADI (Cámara de Diputados).

    El 31 de octubre de 2019 EL DIARIO publicó otra noticia con el título “Las pruebas que Fiscalía estaría evitando ver en el caso contratos”.

    Allí se informó sobre el acta de recepción, firmada el 12 de diciembre de 2011 por el cambio de autoridades, de las cuentas de la Cámara de Diputados en el período 2007-2011. Se indicó que la información “guardaría relación con la documental que el abogado Milton Urrutia presentó en Fiscalía el 19 de junio y con la que se secuestró el 21 de junio en el cuarto allanamiento que Fiscalía realizó en la casa de Mena, de donde se llevaron información que siempre estuvo allí y no se llevaron en los tres allanamientos anteriores”.

    INFORMACIÓN. En aquella ocasión también se informó que las pericias realizadas a la documental aportada por Urrutia, arrojó que la letra pertenece a los imputados Flavia Beckman y Hugo Mena. Las dos notas dieron cuenta de información pública. Información que tuvo Fiscalía en sus manos y hoy son la base de la decisión del juez federal, Daniel Alonso, para dictar la competencia del fuero Federal para investigar la denominada causa Contratos por violación de la de Ley de Financiamiento de los partidos políticos, de la Ley de Partidos Políticos y de la Ley de Organización de la Justicia Nacional Electoral y del Código Electoral.

    Este jueves 9 de junio se conoció la resolución de Alonso, quien resolvió declarar “la procedencia del fuero Federal y la competencia del Juzgado Federal N°1 de Paraná –con competencia electoral- para entender en los hechos investigados en la causa caratulada “Beckman Claudia Marcela y otros s/Defraudación a la Administración Pública – Asociación Ilícita”, que tramita en la Justicia provincial; y ordenó “requerir” a la jueza de Garantías Marina Barbagelata, “la remisión de la misma para su tramitación ante este Juzgado”.

    CAMINITO. Fuentes judiciales consultadas señalaron que “ahora hay que esperar que la resolución de Alonso quede firme porque García Escalada dictaminó en contra del pedido de las defensas y habrá que esperar a si va a apelar. Luego, al corrérsele vista a Barbagelata, ésta, antes de resolver debe correrle vista al Ministerio Público Fiscal de la provincia, este deberá expedirse y recién allí la jueza podrá emitir una resolución, que puede ser contraria a lo que resolvió Alonso. Si es así, cualquier diferencia sobre aquel punto deberá dirimirla la Corte Suprema”.

    Otra fuente consultada sobre el derrotero de la causa a partir de la decisión de Alonso manifestó sus dudas respecto de la posibilidad de García Escalada de apelar. En este sentido, explicó que “se daría un conflicto de competencias positivo, en caso de que suceda es la Corte la que debe resolver quien entenderá en la causa”. También añadió que “creo que García Escalada ya no puede apelar porque dictaminó, por lo que el dictamen de Alonso pasa directamente a la jueza de Garantías y si ésta insiste con la competencia provincial se genera un conflicto positivo de competencias. Es positivo porque ambos fueros sostienen que es de su competencia y ahí es cuando interviene la Corte Suprema”.

    HECHO NUEVO. La documentación está compuesta por anotaciones realizadas por Mena, donde figuran presuntas transferencias y retiros de fondos por parte de diversas personas del ámbito político para cubrir gastos de campañas. Son 26 hojas que desconocidos dejaron en la puerta del estudio jurídico de Urrutia y que, mediante pericias, se logró comprobar que eran de puño y letra de Mena y Beckman.

    Alonso consideró que “bajo tales parámetros y luego de analizar la plataforma fáctica que diera lugar a la apertura” de la causa Contratos y “especialmente el Hecho Nuevo de fecha 15 de octubre de 2019, la documental incorporada y el resultado de la labor desarrollada por el respectivo Perito, considero que han mutado en forma absoluta las circunstancias que el Juez Federal Titular tuviera en consideración en oportunidad de dictar la Resolución de fecha 26 de diciembre de 2018”.

    Además, evaluó que “en efecto, la documental agregada formalmente a la investigación por parte del Ministerio Público de la jurisdicción Ordinaria sugiere, con elevado grado de probabilidad la investigación de cuestiones reservadas en forma exclusiva y excluyente por la normativa federal a la jurisdicción de la Justicia Nacional Electoral, al comprometer severamente la financiación de los Partidos Políticos en su intervención en diversas campañas, hechos que no desparecen con la aprobación administrativa por parte de la Justicia Electoral en los supuestos de eventuales delitos.

    Alonso consideró que “si bien era correcta la interpretación que el Señor Juez Federal que me precediera realizara en la resolución, en cuanto al encuadre jurídico de los hechos investigados, el Hecho Nuevo denunciado y la documental y demás prueba producida con posterioridad desplazan tal razonamiento por resultar en forma diáfana del estado actual de la investigación, que el posible destino y/o la aplicación del producto o provecho del delito investigado, habría sido derivado a la actividad político-partidaria para su aplicación a las campañas llevadas a cabo en forma conjunta por la Jurisdicción Nacional y Provincial (elección de autoridades nacionales y provinciales), cuyo control de legalidad se encuentre expresamente a cargo de la jurisdicción especializada atribuida a este Juzgado Federal con competencia electoral”.

    NOVELA. En una de las tantas audiencias que se realizaron en los Tribunales provinciales, el entonces fiscal Ignacio Aramberry, tal como dio cuenta EL DIARIO, “ironizó comparando la presentación de la documental, en una caja de la firma Huevo Feliz, con ’una telenovela venezolana’. Las defensas sostienen que ahora Fiscalía tiene pruebas del período 2007-2011 pero se resiste a analizarla”. Aramberry fue promovido a fiscal coordinador mientras un juez federal valoriza la información que aquel minimizó.

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