Cuestionan duramente el rol de la Procuración en la causa Contratos

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El Ministerio Público Fiscal, cuestionado.

Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet cuestionaron la investigación que llevó adelante el Ministerio Público Fiscal (MPF) en la denominada causa Contratos en la Legislatura.

Criticaron el cierre de la investigación en las líneas más bajas de la supuesta organización y la falta de voluntad para ir por las presuntas responsabilidades de autoridades de la Legislatura en los períodos investigados. También resaltaron que el procurador no investigó a su adjunta por sus vínculos comerciales con uno de los imputados y con un estudio contable en el que se desempeñaba el esposo de aquella.

Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, reconocidos letrados del foro local que han impulsado numerosas denuncias junto al ex legislador de origen radical en Juntos por el Cambio, Raimundo Kisser, contra la gestión del ex gobernador y actual embajador en Israel, Sergio Urribari, cuestionaron con dureza la investigación que llevó adelante la Procuración General de la provincia en la causa conocida como Contratos en la Legislatura.

Según precisó Pagliotto a El Diario, el extenso documento, en el que se detallan lo que consideraron irregularidades y desatinos de la investigación, será la base de un pedido de jury contra el procurador, Jorge García, y la procuradora adjunta y fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche.

Conductas

Tras señalar una serie de situaciones que consideraron irregulares en el proceso investigativo, sostuvieron: “Podemos colegir sin hesitación, que quedan ya configuradas gravísimas irregularidades por parte de la Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche y del propio titular de la Procuración General, Jorge García, algunas de ellas –podemos quizás equivocarnos- rayanas con delitos funcionales, es decir, que solamente pueden acometer los funcionarios públicos, constreñidos a observar deberes positivos a su cargo, que en nuestra opinión se han inobservado de modo inexcusable, insinuando ya un derrotero de futuras complicidades con ciertos niveles de mayor responsabilidad del Poder Legislativo y Político, en función de garantizarles impune cobertura, de tal suerte que queden excluidos de ser investigados por parte del MPF y, obviamente, de recibir un reproche penal que les implique un serio riesgo para sus libertades y bienes”.

Senda

Los letrados van por una senda que divide aguas en las defensa de los 32 imputados. En este sentido, sostienen que el delito que se imputa a los 32 sospechosos, existió, pero cuestionan la decisión del procurador de dar por cerrada la investigación y remitir la causa a juicio llevando a debate a lo que consideraron los eslabones más bajos de la cadena de una organización que habría sustraído, durante una década, millonarias sumas de las arcas del Estado, operando desde la Legislatura con la celebración de contratos de obra de los que los destinatarios sólo recibían una ínfima suma a cambio de prestar su nombre.

¿Selectividad?

Pagliotto y Mulet cuestionan que la Procuración dejó fuera de la investigación a los vicegobernadores y presidentes de la Cámara de Senadores, José Lauritto, Adan Bahl y José Cáceres, como así también eludió incluir a los presidentes de la Cámara de Diputados, Jorge Busti, José Allende y Sergio Urribarri, en sus roles de “máximas autoridades políticas y administrativas de sendas Cámaras Legislativas, en el período investigado”.

En este sentido se preguntaron, si aquellos funcionarios “absolutamente nada vieron o escucharon relativo a esta gigantesca defraudación al Estado Provincial…”. No obstante el cuestionamiento, los letrados aclararon que “al margen de todo, este preliminar razonamiento, no implica ni significa abrir juicio de reproche alguno contra los aludidos, empero se trata sí de seguir sin alteraciones disruptivas ni vicios de logicidad argumental, un derrotero investigativo lógico, coherente y, sobre todo, equilibrado y creíble para propios y extraños, donde nadie pueda abrigar temor o sensación de parcialidad o falta de objetividad por parte de los funcionarios de la acusación pública”.

Mentiras

Pagliotto y Mulet resaltaron lo que consideraron “mentiras que matan y primeras muestras de graves irregularidades en la investigación, que convierten a la titular de la investigación en autora de conductas punibles” en referencia a Goyeneche, a la que le atribuyeron un accionar “osado” y “desfachatado”.

Los letrados hicieron referencia a información que El Diario publicó en diciembre de 2018, cuando se informó de la relación comercial, en dos fideicomisos inmobiliarios, que unía a la funcionaria e investigadora con uno de los imputados, Pedro Opromolla.

Además, destacaron que el esposo de la procuradora adjunta, Sebastián Orlando Bertozzi, era socio de Opromolla en el estudio contable Integral Asesoría, que fue allanado y varios de sus integrantes imputados y privados de la libertad con prisión preventiva.

Los letrados resaltaron que Goyeneche negó la relación que la unía con Opromolla, situación que consideraron “de ostensible gravedad y con entidad suficiente para habilitar el apartamiento de la Procuradora Adjunta de la causa”.

Sostuvieron que la información “fue rotundamente negada en una audiencia pública ante la Jueza de Garantías Marina Barbagelata…”, y añadieron  que “incluso en esa oportunidad, no sólo negó con estolidez la observación esgrimida por los letrados defensores de su imbricamiento personal con uno de los encartados, lo que exhibía una clara situación de incompatibilidad superable sólo por vía recusatoria, sino que se permitió de modo desagradable y altanero, esgrimiendo una chicana fútil y de baja factura intelectual, desacreditar a los letrados aludiéndolos como embarcados en una suerte de operaciones mediáticas tendientes a erosionar las investigaciones de los egregios fiscales de causa y a ellos mismos”.

Promiscuidad

Ante lo que consideraron como “semejantes estropicios procesales y del orden de la moral privada y pública…”, cuestionaron que “el Procurador General (vigilador 24 x 7 del comportamiento social desde el panóptico institucional del organismo a su cargo), nada dijo ni hizo. Ni media palabra, ni siquiera un gesto ocasional de desaprobación de quien está a él subordinada y bajo su dependencia funcional”.

Así, consideraron que “allí mostró que su estatura moral coincide con la física (“niedrige moralische Statur”, Herr García). Y cómo llamar a esta situación, sino como de promiscua complicidad del Procurador General con la Fiscal Goyeneche y de ambos como arquitectos y garantes de la impunidad de algunos sobre seguras condenas de otros, estando los primeros en un grado de participación criminal muchísimo más comprometido que los segundo, lo que se desprende de varios pasajes del largo memorial de remisión a juicio y que a pesar de más de dos años y medio, no han podido ser individualizados (en tres mandatos legislativos, aparecen, aunque algunos se repitan, alrededor de 150 ciudadanos que ocuparon bancas, y ni siquiera uno solo de ese montón pudo ser individualizado…)”.

Contratos, contexto y móviles de una causa política