Contratos, contexto y móviles de una causa política

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Los solicitud de Fiscalía de elevar a debate oral y público la investigación revitalizó la denominada causa Contratos en la Legislatura.

La solicitud de Fiscalía de elevar a debate la causa que investiga a una supuesta organización que se habría enriquecido sustrayendo, durante una década, millonarias sumas de dinero de las arcas del Estado entrerriano mediante la celebración de contratos de obra en la Legislatura provincial, exhibiría la necesidad de revitalizar una causa que estaba en coma. El contexto en el que se solicitó la remisión, a poco de una elección de medio término, previo a un dictamen del fuero federal. Las diferencias en las defensas.

Néstor Belini | [email protected]

El pedido de remisión a debate oral y público de la denominada causa Contratos en la Legislatura generó un poco de movimiento en la dinámica política y comunicacional de una provincia que está atravesada por la pandemia por el virus Covid-19. El 1 de junio se conoció la solicitud e inmediatamente se hicieron públicas las posturas ante la decisión. Lo que faltó, a criterio de este cronista, es una lectura política y política-judicial de la iniciativa del Ministerio Público Fiscal (MPF).

FUERO.  Dos días después de aquella solicitud se difundió la resolución del fiscal federal Carlos García Escalada opinado que debe rechazarse el planteo de las defensas de algunos imputados en la Causa Contratos para que la causa se dirima en el fuero Federal. Aquellas postularon que de las pruebas aportadas por los fiscales surgiría que los fondos supuestamente sustraídos “tendrían como fin ‘aportes y/o financiamiento’ de campañas políticas partidarias desde el 2008 al 2018”. En rigor, Fiscalía sostiene que también se habrían utilizado en inversiones inmobiliarias y de otra naturaleza.

La linealidad del movimiento –en menos de tres días se dan a conocer dos medidas tras un largo período sin novedades- exhibiría la necesidad de volver a poner la investigación a consideración de la opinión pública. El contexto también aportaría indicios sobre aquella necesidad: en pocos meses se realizarán las elecciones de medio término o legislativas, a las que el oficialismo llega jaqueado por la gestión de la pandemia y por aciertos y errores propios; y la oposición llega con inusitada fuerza agrupada en la figura de controvertido exministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, a quien alcanzarían las esquirlas de las causas por espionaje ilegal en Migraciones, durante la gestión de Mauricio Macri.

OPINIÓN. García Escalada también emitió una importante opinión en la Causa Contratos. Se trató de resolución del 19 de octubre de 2020, en la que sostuvo que el juez federal N° 1, Leandro Ríos, debía recusarse de entender en los planteos de traslado de la causa desde la Justicia ordinaria a la Federal. Las defensas lo recusaron por el grado de parentesco que el juez mantiene con el defensor de uno de los imputados en la Causa Contratos -se trata del reconocido abogado Julio Federik, que defiende a Domingo Orabona y representó a los senadores nacionales Sigrid Kunath y Pedro Guastavino-, y porque el juez y su esposa, la fiscal coordinadora, Matilde Federik, han “contado oportunamente con los servicios profesionales de los contadores Guido Krap y Pedro Opromoilla, imputados en la mencionada causa N° 87.933/2018], a los fines de realizar las presentaciones de bienes personales del matrimonio”.

En la resolución, García Escalada recordó que Ríos presentó su inhibición de entender en otra causa porque Leopoldo Lambruschini, socio de Federik, había asumido la defensa de un ciudadano. El fiscal citó textual los motivos del juez: “La especial vinculación profesional entre los abogados mencionados y la asunción por parte de uno de ellos de la defensa técnica en esta causa, fundamenta el motivo de la presente inhibición”. En este escenario, resulta inquietante la obstinación del juez federal de entender en los destinos de una causa en la que lo que debería primar es la transparencia para que la sociedad, concluido el proceso, no tenga ninguna duda de que el veredicto al que se arribó fue justo y no tuvo motivaciones por fuera de lo jurídico.

DEFENSAS EN CONFLICTO. En el comienzo de la investigación no pocos observadores de la política provincial creyeron ver un conflicto de poderes. Esto quedó prontamente descartado por la actitud de la Legislatura de allanarse a los pedidos del MPF. Para aquellos observadores, lo que quedó en claro fue la motivación política de la causa. Una en la que sólo quedaron como sujetos de la investigación funcionarios del oficialismo durante el período investigado: 2008-2018. Nadie que conozca, aunque más no sea por referencias, la dinámica legislativa puede negar que todos los legisladores, oficialistas y opositores, llevan adelante sus mandatos utilizando contratos de obra para pagar asesores y otras actividades necesarias y vinculadas a la actividad legislativa.

La política estaría generando ruidos en las defensas. Una grieta las separa. Están las que sostienen que los contratos son legales y no existió delito alguno y las que, implícitamente, en manifestaciones públicas reconocen que no los son y sí lo hubo. En este grupo se encuentra Rubén Pagliotto. El letrado es conocido por sus numerosas denuncias, promovidas con el dirigente radical Raimundo Kisser, contra la gestión de Sergio Urribarri. A las críticas de Pagilotto al pedido de remisión de la causa a juicio se sumó el diputado de Juntos por el Cambio, Eduardo Solari. Ambos cuestionan que la investigación se cerró con lo que consideraron “perejiles”, ocluyendo la posibilidad de ir más arriba. Es decir, a las autoridades de las Cámaras en el período investigado. A Pagliotto y su reconocimiento sui generis se suman sus colegas y socios, Iván Vernengo y Damián Petenatti.

ESTEREOTIPADO. Las defensas –las que sostienen que no hubo delito- han manifestado en cuanta oportunidad se les presentó que los comportamientos de sus defendidos fueron “conductas estereotipadas”. Refieren a que aquellos desarrollaron acciones que estaban dentro de las competencias y exigencias de los cargos y lugares que ocupaban, respondiendo a directivas de sus jefes o autoridades y siguiendo metodologías de larga data.

En la solicitud de remisión, Fiscalía dedica un apartado para destacar la participación de un estudio contable, Integral Asesoría, que desde el conocimiento profesional de sus integrantes habría aportado la estructura para la “continuidad” y “efectividad” de “más de diez años de saqueo”. El estudio era integrado, además de los profesionales imputados, por Sebastián Orlando Betozzi, el esposo de la procuradora fiscal adjunta, Cecilia Goyeneche, que llevó adelante la investigación hasta que se apartó porque se conoció que había desarrollado negocios inmobiliarios –años antes de que se iniciara la investigación- con uno de los profesionales de Integral Asesoría que fue imputado.

INTERROGANTES.  La pregunta que desvela a observadores de la causa es ¿por qué los imputados no desplegaron “conductas estereotipadas” de acuerdo a sus cargos en el escalafón de la administración pública?, y Orlando Bertozzi, que era socio del cuestionado estudio, sí. La pregunta se amplía a ¿pudo Orlando Bertozzi no observar ninguna actividad por fuera de las permitidas a un estudio contable, durante el tiempo que estuvo allí?

Ni Solari, ni Pagliotto, ni ninguno de los defensores, han observado aquella “situación”. No sorprende que no se manifiesten quienes abonan la hipótesis de los “perejiles,” pero sí que no lo hagan los que sostienen que no hubo delito. Orlando Bertozzi, como algunas autoridades de la Legislatura del período investigado que no fueron citados como testigos, podría aportar importante información para esclarecer, según la propia Fiscalía, el mayor escándalo en contra de la administración pública.

Piden que se remita a juicio la causa Contratos de la Legislatura