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sábado, noviembre 16, 2019
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    Confirman prisión domiciliaria con tobillera a los acusados del crimen en Bajada Grande

    Investigación por el homicidio de Pedro Larsen.

    La defensa planteó que desde que se dispuso la medida de coerción morigerada los imputados no incurrieron en ningún acto que entorpezca la investigación. El juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones hizo propio el argumento y confirmó la sentencia de su par de Garantías.

     

    Néstor Belini | coordinacion@eldiario.com.ar

     

    El miércoles 19 el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Gervasio Labriola, le puso un freno a los pedidos de prisión preventiva a cumplir en la Unidad Penal Nº1 de Paraná. En la audiencia de apelación de la sentencia que dictó el martes 4 el juez de Garantías Nº3 Ricardo Bonazzola, Fiscalía cuestionó la decisión del magistrado porque entendió que “era arbitraria y puso en riesgo la investigación”. En este sentido, el miércoles sólo se discutió “la modalidad de ejecución de la medida restrictiva”.

     

    Fiscalía había solicitado ante Bonazzola que los imputados Rafael Martínez y Diego García, cumplan la medida, por el plazo de noventa días, en el penal; mientras que en el caso del tercer acusado, Alberto García, los fiscales acordaron con su defensa el arresto domiciliario con tobillera electrónica, por el mismo período. Bonazzola extendió a los tres el arresto domiciliario con el instrumento de control a distancia. Los imputados enfrentas cargos por el presunto delito de Homicidio simple.

     

    Los fiscales sostuvieron que la diferencia en los pedidos estribó en una evaluación de los riesgos procesales a partir de un análisis de la situación de cada uno de los imputados. En este sentido señalaron que Alberto García se puso a disposición de Fiscalía en el momento en el que ocurrió el hecho, que llamó al 911, que entregó la res furtiva y aportó datos “contundentes” para la continuidad de la investigación. Los fiscales resaltaron que se le hizo saber a García que su situación procesal se iba a agravar y terminaría imputado. Así, indicaron que el lunes 3 se realizó un allanamiento en la casa de aquel, donde fue detenido sospechado de participar en el hecho en carácter de coautor.

     

    Fiscalía sostuvo que Martínez y Diego García fueron señalados “en todo momento” por testigos que sostuvieron que “son complicados y andan por el barrio con armas blancas”. También mencionaron que los testigos, que temen declarar en el juicio, los ubicaron en inmediaciones de la escena del crimen, añadiendo que los dos imputados lo negaron.

     

    Los defensores públicos Jorge Balbuena y Jorge Sueldo sostuvieron que la decisión de Bonazzola era “autosuficiente”, añadiendo que “no necesita defensa y ha sido acertada, ya que la misma fue dictada el día 3 de diciembre del corriente y a la fecha no se ha materializado ninguna conducta de entorpecimiento de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) a través de intimidación a alguno de los testigos potenciales de la causa”. Los defensores destacaron que si hubiese sucedido una situación de aquel tenor “los fiscales la hubieran expresado en la audiencia”. Así, solicitaron que se confirme la resolución del juez de Garantías porque “la modalidad de la medida impuesta no implica riesgo para la investigación”.

     

    A la hora de analizar las posiciones, Labriola hizo suyos los argumentos de la defensa. También señaló que en su sentencia, Bonazzola incorporó a la medida de restricción otras exigencias que no fueron solicitadas por las partes, con el fin de conculcar los riesgos procesales invocados.

     

    Labriola interrogó a los fiscales sobre si hubo algún acto concreto de entorpecimiento de la investigación, a Io que recibió como respuesta que hubo una advertencia que no se pudo corroborar. Así, el magistrado resolvió no hacer lugar al recurso de apelación deducido por el Ministerio Público Fiscal, contra la resolución dictada por Bonazzola, la que en consecuencia se confirmó en todos sus términos.

     

    Tres acusados por el hecho

     

    Alberto García, de 40 años; Rafael Martínez, alias Rafa, de 26 años; y Diego García, de 27 años, son investigados por sus responsabilidades en el crimen de Pedro Esteban Larsen, que tenía 68 años cuando el sábado 1 de diciembre fue hallado sin vida en su casa, sita en barrio Bajada Grande, en la intersección de calle Procesión Náutica y Cortada H de Paraná. Se presume que el crimen tuvo como móvil el robo de dinero que la víctima tenía en su casa.

     

     

     

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