Piden que se remita a juicio la causa Contratos de la Legislatura

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La solicitud del Ministerio Público Fiscal ofreció como prueba 348 documentos.

La solicitud del Ministerio Público Fiscal se fundó en que se concluyó con la investigación que se realizó sobre 32 imputados. La acusación pidió el sobreseimiento de uno de aquellos. Se ofrecieron 432 testigos, de los cuales seis fueron legisladores en el período investigado. El pedido es un detallado informe que consta de 541 fojas.

 

“Que encontrándose concluida la presente Investigación Penal Preparatoria en lo que refiere a los imputados antes nombrados, efectúe el control correspondiente y remita el caso a Juicio, previa realización de la audiencia prevista en el artículo 405 del Código Procesal Penal de Entre Ríos (Cpper)”.

Así culmina el petitorio en el que el Ministerio Público Fiscal (MPF) fundamenta su solicitud de que la causa conocida como Contratos en la Legislatura se remita a debate oral y público. También solicitó que “se notifique de la presente a las Defensas Técnicas de los imputados..” y que “se dicte sobreseimiento de Gustavo Falco, por los delitos que le fueron atribuidos y de conformidad a los argumentos expresados”.

La megacausa que se conoce como Contratos en la Legislatura, que investigó la realización de contratos de obra en las cámara de Diputados y Senadores de la provincia, destinados a personas que solo prestaban su nombre, recibiendo a cambio una ínfima suma del monto consignado en el contrato, tendrá 432 testigos, de los cuales seis eran legisladores en el período investigado. Se trata de Leticia Angerosa, Juan Carlos Darrichón, José María Kramer, Juan Navarro, Gustavo Osuna y Daniel Ruberto.

La solicitud del MPF ofreció como prueba documental 348 documentos; 432 testigos que declararán sobre la prueba, entre los que se cuentan 23 policías, nueve delegados judiciales, 75 testigos de actas, 90 testigos de informes, 154 contratados, 11 empleados del Nuevo Bersa, ocho empleados del Senado, seis empleados del Grupo Octógono y 51 testigos de interés general; y 99 pruebas instrumentales.

Para el MPF, como consecuencia de la investigación “sobran registros específicos que permiten afirmar con certeza que en la Cámara de Senadores las maniobras de sustracción, a través de la suscripción masiva de contratos de obras, se iniciaron allá por el mes de enero de 2008, mientras que la Cámara de Diputados se incorporó a esta mecánica sustractiva en fecha 11 de diciembre de 2011”.

Además, consignó que “en relación con los montos sustraídos, contamos con dos informes técnicos que se han centrado en diversos elementos de análisis”, mencionado el del contador Héctor Enrique, integrante del Gabinete Contable del MPF, que fue muy cuestionado por las defensas.

La acusación sostiene que se trató del accionar de una asociación ilícita: “De la evidencia reunida, resulta claro que se conformó una organización delictiva con el objeto de consumar actos sucesivos de sustracción de dinero público, primero de la Cámara de Senadores de la Provincia, para luego de transcurridos los primeros cuatro años, sumar las arcas de la Cámara de Diputados. Mientras tanto, el colectivo consumó, además, diversas ilicitudes complementarias”.

Uno por uno

Los imputados y la pena que solicitará el MPF en el debate:

1.- Flavia Beckman, 7 años y 6 meses de prisión

2.- Hugo Mena, 10 años de prisión

3.- Esteban Scialocomo, 7 años de prisión

4.- María Victoria Álvares, alias “Vito”, 3 años de prisión

5.- Alfredo Bilbao, 12 años de prisión

6.- Gustavo Pérez, 18 años de prisión

7.- Ariel Faure, 9 años de prisión

8.- Verónica Caino, 3 años de prisión

9.- Alejandro Ferreyra, alias Alito, 3 años de prisión

10.- Fernando Sarnaglia, alias Pelado, 3 años de prisión

11.- María Jazmín Mena Gioveni, alias Gringa, tres años de prisión

12.- María Macarena Álvarez, alias Maca, 3 años de prisión

13.- Andrea Demantin, tres años de prisión

14.- Sergio Cardoso, 12 años de prisión

15.- Alejandro Almada, alias Negro, 10 años de prisión

16.- Juan Pablo Aguilera, alias Juampi, 16 años de prisión

17.- Diego Pagnoni, 2 años de prisión

18.- Mariano Speroni, 2 años de prisión

19.- Hernán Díaz, 3 años de prisión

20.- Marta Pérez, 3 años de prisión

21.- Maximiliano Degani, alias Maxi, 3 años de prisión

22.- Pedro Opromolla, 6 años de prisión

23.- Guido Krapp, 5 años de prisión

24.- Renato Mansilla, 5 años de prisión

25.- Juan Domingo Orabona, 7 años de prisión

26.- Jorge De Breuil, 6 años de prisión

27.- Gustavo Falco, sobreseimiento

28.- Jorge Lazzaro, 5 años de prisión

29.- Nicolás Beber, 3 años de prisión

30.- Jorge Balladares, alias Tucho, 3 años de prisión

31.- José Schneider, alias Chuli, 3 años y 6 meses de prisión

32.- Viviana Mena Gioveni, tres años de prisión

Estudio

Para el MPF fue indispensable para la consumación del supuesto delito lo que consideró como “el aporte de los miembros del estudio contable “Integral Asesoría”. En este sentido, se sostuvo que “está claro que la efectividad y continuidad por más de diez años del saqueo, se debió al montaje de una estructura que necesariamente debía contar con el aporte de especialistas en ciencias contables, para mantener la apariencia de legalidad ante los organismos de recaudación lo que a su vez se reflejaba en la posibilidad de continuar con los libramientos de dineros públicos a favor de estos particulares”.

El 7 de diciembre de 2018, El Diario publicó los datos que arrojó una planilla Excel de gastos que exhibía los vínculos entre Gustavo Falco, dueño del edificio donde funcionaba el estudio contable Integral Asesoría; el analista de sistemas, Nicolás Beber; el corredor inmobiliario, Renato Mansilla; y la sociedad integrada por Pedro Opromolla, Guido Krapp –todos sindicados en la causa– y Luis Sebastián Orlando Bertozzi, esposo de la fiscal adjunta Cecilia Goyeneche.

El estudio fue allanado en los primeros días de octubre, cuando Fiscalía realizó tres allanamientos en el contexto de la megacausa: en el estudio de Alfredo Bilbao, en calle Alameda de la Federación y Córdoba; en el de Gustavo Faure, en San Benito; y en el edificio de Misiones 276, donde funcionaba Integral Asesoría. De aquellas medidas, sólo Bilbao quedó detenido; luego fue detenido Faure, junto a otros sindicados en la causa.

Otra información que publicó El Diario en la edición del 5 de diciembre de 2018 consistió en un contrato de adhesión al “Fideicomiso para construcción al costo Fideicomiso 9 J165”, celebrado el 17 de marzo de 2015, y un contrato de locación, celebrado el 30 de junio de 2017, que exhibían la vinculación entre Goyeneche Opromolla. En una audiencia pública ante una jueza, la fiscal negó el vínculo, pero meses después se conoció otro contrato de similar naturaleza con el mismo imputado.

 

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