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Goyeneche rechaza su recusación

En un recurso de reposición que presentó ante la jueza de Garantías Nº 1, la procuradora adjunta y titular de la Fiscalía Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, sostuvo que le corresponde al procurador general, Jorge García, resolver su recusación. Un antecedente echaría por tierra con aquella pretensión.

 

Néstor Belini | coordinacion@eldiario.com.ar

 

La procuradora general adjunta y titular de la Fiscalía Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, presentó el 7 de diciembre un recurso de reposición ante la jueza de Garantías Nº1, Marina Barbagelata, en el que invoca el artículo 35 de la Ley 10.407, de Ministerios Públicos, con la intención de que “se deje sin efecto lo resuelto, rechazando in limine la presentación recusatoria de los abogados defensores (Miguel Ángel) Cullen, (Guillermo) Vartorelli y (Leopoldo) Cappa, quienes de interesar el apartamiento de la suscripta deberán proponerlo por ante este Ministerio Público Fiscal (MPF)”.

Así, interesó que “se revoque por contrario imperio V. resolución de fecha 7 de diciembre, indicando a los presentantes que deberán ocurrir ante quien legalmente corresponde”.

En su escrito, la fiscal anticorrupción sostuvo que “claramente se desprende del análisis del sistema legislativo vigente, que la decisión sobre el apartamiento de los fiscales en una investigación, es resorte exclusivo del MPF, siendo necesario además, despejar toda duda sobre la ausencia de vigencia de lo normado en el artículo 60 del Código Procesal Penal (CPP), que atribuía su tratamiento y resolución al Juez de Garantías o de Juicio”.

Sin embargo, según indicaron fuentes judiciales, un antecedente del 19 de junio de 2017 sentó un precedente que podría echar por tierra con la solicitud de la fiscal anticorrupción.

Se trata de la sentencia de la jueza Paola Firpo, cuando se desempeñaba en el mismo cargo que ahora ejerce Barbagelata. Firpo, como jueza de Garantías Nº 1 de Paraná, resolvió declarar “inaplicable el artículo 35 de la Ley Nº 10.407”, y rechazó la recusación del fiscal Juan Malvasio, que llevó adelante la causa caratulada “Kisser Raimundo Arturo S/ su Denuncia”, causa que públicamente se conoció como Sidecreer. Malvasio fue recusado por Raúl Barrandeguy, defensor del imputado en aquella causa.

En sostén de su pedido, Goyeneche incluyó en su escrito “lo resuelto por el Juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Grippo”, donde en un recurso de queja en una causa por el delito de Lesiones graves, sostuvo que “no obstante ello y no correspondiendo expedirme sobre el fondo, entiendo útil y pertinente dejar sentado que entiendo que la decisión sobre el apartamiento de los fiscales de una investigación es resorte exclusivo del MPF. Al sancionarse la ley orgánica de Ministerio Público, el 8 de marzo de 2016, incorporó y reguló, en sus artículos 35 y concordantes, el procedimiento especial para la recusación de los fiscales, estableciendo que corresponde expedirse sobre las mismas al Fiscal Coordinador o al Procurador General, en su caso”.

En el recurso, Goyeneche sostuvo que “al sancionarse la ley orgánica del Ministerio Público, incorporó en su artículo 35, el procedimiento especial para la recusación de los fiscales, estableciendo que corresponde expedirse sobre las mismas, al Fiscal Coordinador o al Procurador General, en su caso”, detallando que el artículo se encuentra en el Capítulo VIII Disposiciones específicas del MPF, que refiere sobre los “Reemplazos”.

En este sentido, recordó que el artículo prescribe que “los miembros del MPF sólo podrán excusarse o ser recusados en los casos previstos en la legislación procesal vigente, siempre que exista una grave afectación del principio de objetividad. El apartamiento será resuelto por el Fiscal General de Coordinación o el Procurador General, según el caso”.

 

Constitución provincial

 

Goyeneche explicó en su escrito que “esta norma, de sanción posterior al Código Procesal Penal de Entre Ríos (Cpper) (leyes 9.754 y 10.317), y por ende, derogatoria (dado su sanción posterior e idéntica jerarquía) del trámite previsto en el artículo 60 de ese cuerpo, se ajusta plenamente al principio de organización acusatoria del sistema de enjuiciamiento penal adoptada por nuestra Constitución Provincial, y es reglamentaria del artículo 207 de la Constitución Provincial, en cuanto establece la autonomía funcional del MPF”.

 

Cecilia Goyeneche, en el centro de la atención.