En fallo dividido destituyeron al Juez de Paz de Gualeguay

165
Salem fue denunciado el 11 de noviembre del 2020 por el STJ a partir de la presentación realizada por la secretaria Deolinda Sabina Almada y por la escribiente María Carolina Almeida.

Los dos representantes de la Legislatura, junto a una jueza de Casación y una abogada representante del CAER votaron por la destitución. Dos jueces, uno del STJ y uno del fuero Laboral, y el otro representante del CAER, pidieron la absolución por orfandad probatoria e inadecuada introducción de pruebas en el jury.

 

Sebastián Salem fue destituido del cargo que ocupaba como juez de Paz de Gualeguay. Así lo resolvió el lunes 3 de mayo en fallo dividido, el Jurado de Enjuiciamiento que estuvo integrado por el senador provincial Armando Gay, que presidió el jurado; el vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, Daniel Omar Carubia; la vocal de la Cámara de Casación Penal de Paraná, Marcela Davite; el vocal de la Cámara Tercera Sala II, Guillermo Bonabotta; el diputado provincial Gustavo Zavallo; y por el Colegio de la Abogacía, Luis María Campos y Sonia Rondoni.

La acusación por el Ministerio Público Fiscal fue responsabilidad del procurador general de la provincia, Jorge García, en tanto que la defensa estuvo en manos de Ladislao Uzín Olleros. Salem fue denunciado el 11 de noviembre del 2020 por el STJ, a través de sus representantes Susana Medina y Germán Carlomagno, a partir de la presentación realizada por la secretaria Deolinda Sabina Almada y por la escribiente María Carolina Almeida, ambas de dicho Juzgado de Paz, por Violencia de género laboral, Maltrato y Hostigamiento. Las audiencias se desarrollaron desde el 15 al 18 de marzo pasado en el Salón de Actos del STJ.

 

Mayoritario

Gay, Zavallo, Davite y Rondoni, dieron credibilidad a los testigos y a la prueba documental que se aportó en el juicio y votaron por la destitución del funcionario. En el voto más extenso y fundado y al que adhirieron los otros tres jurados, Davite aclaró que “los cargos que se le han imputado a Salem, a título de ‘mal desempeño’ no están dirigidos al desempeño del Juzgado de Paz, en términos de eficiencia, ya que ha quedado claro, que puertas para afuera el juzgado funcionaba bien, no había demoras, ni queja alguna por parte de los profesionales; sino que están dirigidos al comportamiento asumido por el Juez en el trato con el personal de la oficina judicial, especialmente con la secretaria Almada y la escribiente Almeida, el que ha sido conceptualizado por la acusación como reñido con el buen desempeño -como concepto comprensivo de la idoneidad y la buena conducta- que debe observar un juez”.

 

Género

Davite sostuvo que “los cargos atribuidos se encuentran relacionados íntimamente con cuestiones vinculadas a las relaciones de trabajo y de género, merecen también una especial consideración las disposiciones de las leyes N°9176 -Ley de Violencia Laboral-, la Ley N°26.485 -Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales-; y la ley provincial que adhiere a ella…”. También entendió que “los dichos de Almada, constituyen el punto nodal al cual convergen el resto de los elementos de prueba, tal como lo detallaré a continuación. Si comparamos los dichos de Almada con los de Almeida, podemos comprobar que ambas declaraciones coinciden en lo esencial, resultan compatibles, y no se advierten entre ellas ningún tipo de contradicciones”.

 

Hostil

La vocal de Casación entendió que “quedó claro que quien inició las hostilidades fue Salem, particularmente con su informe negativo, que la intención inicial de Almada no fue denunciarlo, por eso acudió al gremio y este intercedió para ver cómo solucionar los problemas del Juzgado”. También consideró que “luego de haber revisado toda la prueba testimonial y documental, y la eficacia probatoria de cada uno de estos elementos de manera individual y conjunta, me encuentro en condiciones de afirmar que ninguno de los argumentos expuestos por la defensa encuentra sustento en los elementos de juicio que bajo su pleno control se introdujeron en la audiencia de debate…”. Davite desestimó que hubiese existido una “suerte de complot” contra el juez, del que sostuvo que “no encuentra ningún sustento probatorio. El argumento central de la Defensa fue que se montó una mentira, una falacia, para destituirlo del cargo; una suerte de conspiración entre Almada y Almeida -a quienes durante todo el juicio denominó como ‘las denunciantes’ a pesar de que quien lo denunció ante el Honorable Jurado de Enjuciamiento fue el STJ”.

Ilegítimo

La minoría coincidió en la orfandad probatoria y en la consecuente debilidad para derribar el principio de inocencia. Carubia, señaló que de su “análisis de las pruebas legalmente introducidas al debate, debo liminarmente expresar, tal como lo anticipé al inicio de este sufragio, que la acusación básicamente se sustenta en elementos de juicio que no ingresaron legítimamente al plenario ni pueden ser válidamente valorados en este pronunciamiento…”, enumerando “lo actuado por el Superior Tribunal de Justicia para motivar la denuncia concretada ante este Jurado de Enjuiciamiento, los informes médicos y psicológicos producidos en su ámbito, en el de la Secretaría de Trabajo y el área de salud del gremio judicial, así como del médico particular de Almada, los cuales han sido documentalmente aportados; empero, practicados en actuaciones por entero ajenas a este Jurado, sin el inexorable contralor del acusado, algunas unilateralmente practicadas y en base al exclusivo relato de la parte interesada y, finalmente, ninguno de esos elementos -en los cuales encuentra la acusación corroboración de los actos de violencia laboral atribuidos a Salem- satisface mínimamente los requisitos de legitimidad exigidos por la ley para poder ser válidamente considerados en este pronunciamiento sin vulnerar gravemente el fundamental derecho de defensa del imputado y, con ello, el debido proceso según Constitución”.

“Un proceso signado por la orfandad probatoria”

 

Por su parte, Bonabotta cuestionó que encontró “un proceso signado por la orfandad probatoria, y tal como se destaca en el voto que me antecede en orden inmediato, el examen de la exigua prueba válida de cargo producida en el debate sumado a los déficits apuntados sobre la demás prueba incorporada sin respaldo ni fundamentación, resulta insuficiente para conmover el estado de duda razonable y desplazar el principio de inocencia”.

También sostuvo que “el presente juicio está signado por esa constante: ausencia de fundamentación en las conclusiones, sumado a que los certificados que expidan los médicos y otros profesionales, respecto a enfermedades de sus pacientes o de otras cuestiones relacionadas con su profesión, carecen de mérito probatorio, a menos que se ratifiquen mediante recepción de su testimonio con las formalidades legales…”. También señaló que Almada y Almeida fueron “testigos/denunciantes”, añadiendo que “algunas de sus acusaciones resultan inconsistentes a la luz de las testimoniales o de la legislación orgánica de tribunales o falta de prueba en juicio”.

Personal

Bonabotta evaluó que en el juicio se expusieron “posiciones personales en tensión, y más allá de los dos poco felices comentarios (que ya he repudiado), y que no aparecen acreditados en el juicio (sólo están presentes en las vagas e imprecisas versiones de las ‘denunciantes’), no encuentro adonde está la violencia laboral enrostrada. Lo que sí existe una es disconformidad de la testigo/denunciante Almeida contra Salem (quién previamente había calificado su desempeño laboral a la baja y ante un recurso de reconsideración, recalificó a la testigo/denunciante)”.

El Jurado de Enjuiciamiento destituyó al Juez de Paz de Gualeguay Sebastián Salem