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viernes, mayo 7, 2021
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    Por tercera vez, Castrillón enfrenta un proceso de juicio político

    La semana pasada, la Comisión investigadora dio admisibilidad a la denuncia que ingresó contra el vocal del STJ Emilio Castrillón y lo emplazó para que produjera el descargo. La novedad se produjo hacia el viernes, cuando el magistrado -afectado por Covid- pidió corrimiento de los plazos, solicitud que ayer fue admitida por los legisladores abocados a la cuestión.

     

    Redacción EL DIARIO / [email protected]

     

    El martes pasado, tras un cuarto intermedio, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento se había reunido para analizar el expediente administrativo por medio del cual se solicita la investigación y el enjuiciamiento político al vocal del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón.

    Entonces, diputadas y diputados dictaminaron la admisibilidad de la denuncia y resolvieron correr traslado de la misma al denunciado. Ese encuentro fue continuidad del realizado el lunes en el que se había informado sobre la presentación ingresada por el periodista Tirso Fiorotto y se había decidido retomar la deliberación al día siguiente con mayor conocimiento de la denuncia.

    Después de la reunión del martes, empezó a transcurrir el plazo de 6 días corridos otorgados a Castrillón para realizar el descargo. No obstante, la situación se alteró cuando el denunciado solicitó la suspensión de los plazos en virtud de su estado de salud –contrajo Covid 19-, lo que motivó una nueva reunión de la comisión, que se concretó ayer a las 17.

    Castrillón acreditó el resultado positivo del hisopado razón por la cual los legisladores habrían considerado lo que estipulan los protocolos sanitarios, de modo tal que el plazo establecido para que produzca el descargo se trasladó hasta el sábado venidero, 8 de mayo.

     

    ANTECEDENTE

    El martes pasado, la Comisión había dictaminado por mayoría la propuesta del diputado Juan Pablo Cosso. “Al encontrarse cumplidos los requisitos necesarios, mocionamos por la admisibilidad de la denuncia y la apertura de su investigación conforme al Artículo 141 de la Constitución Provincial, con la finalidad de investigar la verdad de los hechos. Además, se le transmitirá al denunciado lo mocionado para que en un plazo de seis días ejerza su derecho a la defensa, de acuerdo al artículo 142 de la misma, y se ofrecerá como prueba todo el material documental presentado”, expresó el presidente de la Comisión.

    El diputado Esteban Vitor (PRO) en esa oportunidad manifestó la coincidencia parcial de los diputados del interbloque Cambiemos con lo propuesto. Esa bancada consideró que el procedimiento debía ser el mismo que en casos anteriores de enjuiciamiento político, respecto a la apertura a prueba.

    La disidencia de los legisladores de la oposición se origina en la falta de reglamentación del procedimiento de juicio político, establecido en la Constitución. En los anteriores, los más recientes, de los que fueron objeto la vocal Claudia Mizawazk y el vocal Carlos Chiara Díaz se había corrido traslado de las denuncias por 6 días y al mismo tiempo se ordenó producir la prueba. Ahora, la decisión fue correr traslado de la denuncia a Castrillón con el mismo plazo, pero recién a partir de que se tenga la respuesta del vocal comenzar a producir la prueba.

    En la explicación que el diputado del PRO brindó a EL DIARIO, destacó que en 30 días corridos la Comisión tiene que tener una decisión adoptada en cuanto a rechazar o acusar y de ahí, la premura de avanzar en ambos sentidos, correr traslado de la denuncia al denunciado y empezar a producir la prueba simultáneamente. “Si en 30 días corridos no se produjo toda la prueba y el dictamen, cae el proceso”, indicó el legislador.

    El resultado de la reunión del martes había sido un acta en la que se coincidió que se abría la investigación, “lo que no significa –advirtió- que se lo vaya a enjuiciar o no”. A propósito del juicio político recordó que “la Cámara de Diputados eventualmente, si correspondiera, acusa ante el Senado”. Remarcó que “en el lapso de 30 días hay que producir la prueba, escuchar al denunciado que haga su descargo. Se produce un dictamen que en caso de ser acusatorio pasa al pleno, donde se necesitan los dos tercios (de los votos) para que la acusación pase al Senado” que es el cuerpo que juzga finalmente. En ese sentido, “Diputados cumple la tarea del fiscal, y el Senado, del juez”, graficó.

    Cabe recordar que el denunciante propone 26 testigos y al parecer, Castrillón sumaría otros. “Por eso planteábamos que ya con el auto de apertura se empezara a producir la prueba”, insistió.

     

    Al margen

    De las reuniones presididas por el diputado Cosso participaron las diputadas Vanesa Castillo, Mariana Farfán, Carina Ramos, María del Carmen Toller y los diputados Juan Navarro, Jorge Satto, Julián Maneiro, Manuel Troncoso, Esteban Vitor y Gustavo Zavallo.

     

     

    La denuncia

     

    La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento es la que interviene en el procedimiento constitucional a partir de la denuncia ingresada el 22 de abril por el periodista Daniel Fiorotto para que el vocal del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Emilio Castrillón sea sometido a juicio político, por “mal desempeño para el desarrollo cabal y republicano de sus tareas”, por distintos hechos vinculados a la violencia de género ejercida contra las mujeres y por la falta de decoro demostrada en múltiples ocasiones, tal como señala la presentación.

    “Durante años de ejercicio de la judicatura en los máximos lugares de la conducción del Poder Judicial, ha incurrido en mal desempeño notable y no ha demostrado poseer el equilibrio, la mesura, ni ha guardado el decoro que lo habiliten a la prosecución en sus funciones, como se demostrará con la prueba a producirse” afirma el denunciante.

    Uno de los cargos es “mal desempeño por haber incurrido en violencia de género” (Art. 17 y 140 Constitución Provincial). Reproduce una serie de episodios a partir de los que afirma que “podemos decir que en el ámbito del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos se ha naturalizado la violencia de género de Castrillón”.

    Otro, es “mal desempeño por reiteradas conductas demostrativas de falta de mesura, equilibrio, autocontrol, decoro, deferencia, circunspección y compostura para el ejercicio de sus funciones como miembro del Superior Tribunal de Justicia” (Art. 140 Constitución Provincial y artículos 8 y 17 inciso 7 de la Ley Orgánica de Tribunales).

    Al respecto, da cuenta de algunas situaciones para sostener que “Castrillón, lejos de honrar las virtudes judiciales tales como el decoro, la mesura, el autocontrol, la deferencia, la circunspección y la compostura ha demostrado una conducta manifiesta como sistemáticamente falta de equilibrio, impropio de un magistrado de nuestro alto tribunal lo que categoriza como mal desempeño funcional”.

    Propone que se convoque a 26 testigos entre los que figuran los otros vocales del STJ, la secretaria de la Oficina de Género del Poder Judicial, la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, el ex intendente de La Paz, José Nogueira y el exviceintendente Carlos Bilbao.

     

     

    No hay dos sin tres o la tercera es la vencida

     

    Ambos no son más que refranes populares, pero en el caso de Emilio Castrillón el primero está confirmado y el segundo es de cumplimiento incierto.

    En mayo 2007 y en junio de ese mismo año ingresaron dos pedidos de juicio político a Emilio Aroldo E. Castrillón, solicitados respectivamente, por el exsenador provincial Julio Majul y por un grupo de abogados entre los que se encontraban Jaime Martínez Garbino, Gerardo Senkman, Rodolfo Iparraguirre, Rubén Paglioto, Juan a. Acebal , Santiago Reggiardo.

    Los expedientes que se generaron, correspondientes a ambas denuncias tuvieron un tratamiento unificado y ambos fueron archivados en el mes de agosto de ese año.

    Majul había solicitado el inicio de juicio político a Castrillón por violación del art. 157 de la Constitución Entrerriana, denunciando, sustancialmente que, “…en una emisora de FM de La Paz, el domingo 18 de marzo, luego de empezar a conocerse los resultados de las elecciones, él –o sea, el doctor Emilio Aroldo Castrillón- emitía comentarios marcadamente demostrativos de adhesión fervorosa al gobierno bustista, y en ocasiones groseramente burlones de la intendenta local, quien enfrentara al bustismo gobernante y perdiera la elección, aunque cabe aclarar que ni siquiera era candidata a la reelección…”.

    Le atribuían “inmiscuirse en actividades políticas y por vinculación con corporación o centro político”.

    En el otro expediente, los denunciantes aludían a una publicación en EL DIARIO de Paraná con dichos de Castrillón sobre su intención de ser candidato a Convencional Constituyente, entendiendo de ello el reconocimiento de una pertenencia actual al Partido Justicialista y una fuerte vinculación o dependencia del Poder Ejecutivo.

    El 4 de julio la comisión de Asuntos Constitucionales y juicio político que presidía el exdiputado provincial José Allende comenzó a darle trámite a las presentaciones.

    La Comisión solicitó al entonces director y gerente de producción de la radio de frecuencia modulada la grabación referida en la denuncia. La respuesta fue que la emisora no contaba con la misma o con una copia certificada, por lo que “el pedido de juicio político debe ser rechazado sin más trámite por carecer de sustento probatorio. En tal sentido las desgrabaciones y publicaciones periodísticas acompañadas por los denunciantes, si bien pueden revestir el carácter de indicios, no resultan lo suficientemente precisos y concordantes para constituir plena prueba”, entendieron los exlegisladores que integraban la comisión.

    En cuanto a la segunda denuncia, entre otras consideraciones, el dictamen afirmaba que “las expresiones del Dr. Castrillón no dejan de ser más que una mera expresión de deseos, y de ellas no se deriva que efectivamente hubiese dialogado con el Dr. Busti o con autoridades del Partido Justicialista” .. “meros anhelos sin incidencia en la realidad, que no se materializan en comportamientos externos, no constituyen falta alguna que sea pasible de juicio político.….”.

    En ambos casos, si bien se abrió el proceso, no hubo acusación.

     

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