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sábado, mayo 8, 2021
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    Una ley de aduanas para proteger la producción local  

    Hace 172 años, una ley que gravaba el ingreso de productos de otras jurisdicciones permitió delinear una política de fomento de actividades productivas afincadas en el territorio provincial. La decisión sirve para hacerse una idea de la época pero también de cómo ciertas normas adquieren un carácter transformador.

     

    Rubén I. Bourlot | [email protected]

     

    El 29 de abril de 1849, durante la gobernación de Justo José de Urquiza, se sancionó una nueva ley de aduanas que venía a modificar la ley vigente desde 1836.

    Eran tiempos heroicos. Las provincias tenían pocas posibilidades de recaudar para mantener su estructura estatal. Las aduanas que cada provincia tenía para sí, independientes de la aduana del puerto de Buenos Aires, eran casi las únicas fuentes de recursos.

    Pero esos aranceles aduaneros no solo servían para recaudar. Eran mecanismos de política económica para fomentar determinadas producciones y protegerlas de la competencia externa que desde Europa venían industrializadas, abaratadas con la mano de obra proletaria que trabajaban a cambio de magros salarios.

     

    Momentos

    Así fue como en la gobernación de Pascual Echagüe, y en consonancia con la política de protección de las producciones locales llevada a cabo por el encargado de la Confederación, Juan Manuel de Rosas, en Entre Ríos se sancionó una ley para regular el régimen tarifario. En ese momento (1836) la principal preocupación de las autoridades provinciales era el despoblamiento del campo con la liquidación del ganado vacuno que se destinaba de manera indiscriminada a la exportación.

    En esa ley se fijaron derechos diferenciales para favorecer a la industria local, estableciendo aranceles a la importación de manufacturas que competían con esa producción. Se gravó la extracción de ganado vacuno. En algunos rubros se prohibió el ingreso de algunos rubros como ropa confeccionada, sillas de montar, bolas, lazos, sombreros, harinas, licores de diverso tipo y una extensa lista. Si se podían fabricar en la provincia o el país para qué comprarlo afuera: una lógica que los aprendices de economistas que suelen poblar hoy las pantallas de la televisión no explican con esa sencillez.

    El acatamiento a esas medidas no fue para nada pacífico. Hubo descontentos por parte de provincias vecinas que se vieron obligadas a pagar aranceles para introducir sus productos en la provincia, como fueron las protestas del gobernador santafesino Estanislao López preocupado por los recargos que se aplicaban a la introducción de trigo y a la venta de vacunos a Santa Fe.

    La puesta en vigencia de la ley dio como resultado el desarrollo de algunas industrias como fue la novedosa fábrica de grasa de yeguarizos introducida por Enrique Hocker, la reactivación de la producción lanera y la instalación de saladeros en Concordia y Gualeguaychú, entre otras.

     

    La nueva ley de aduanas

    En 1849, bajo el gobierno de Urquiza, una nueva ley de aduanas con un fuerte sesgo proteccionista sustituye a la anterior, modificando el cuadro arancelario. Respecto de la importación, establecía que todo artículo extranjero pagaría por todo derecho el 12% ad valorem. En tanto los aguardientes, cañas, y demás licores -productos que no eran imprescindibles para el desarrollo de la provincia- fueron gravados con el 35%. Los vinos pagarían el 18%. En cuanto a los frutos y manufacturas procedentes de las provincias de la Confederación Argentina, su introducción era gravada con el 6% ad valorem. Los vinos pagarían el 7% y los aguardientes en general, el 15%.

    Sí eran gravados fuertemente artículos de las provincias de la Confederación que podían perjudicar la producción local, con aranceles que llegaban al 50%. Asimismo, se exigía un derecho del 50% a la introducción de toda prenda de plata alemana y su composición. Se liberó de derechos la introducción de ganado vacuno, yegurarizo y lanar.

    Con el objeto de fomentar la industria local se rebajaron los aranceles a insumos como sal, tablas y cajones, elementos que se utilizaban en la industria saladeril, las máquinas, pipas vacías, duelas, flejes para arcos, pólvora ordinaria para los trabajos de las caleras, herramientas para establecimientos, libros de instrucción, instrumentos de agricultura, ciencias y artes; debiendo los introductores de estos últimos artículos, acreditar que eran para uso particular.

    Por otra parte quedaba absolutamente prohibida la introducción en el territorio de Entre Ríos de trigos, harinas, galletas, frutas y legumbres, si procedían de países extranjeros.

    En otro orden que no tenía relación con la política económica, se prohibía la introducción de libros contrarios a la religión católica, apostólica, romana, así como los que tengan láminas indecentes y ofensivas al pudor, cuadros y pinturas de esta misma clase.

    En lo referente a la exportación, se establecían los distintos derechos que deberían pagar los productos locales al salir del territorio de la provincia.

    El único efecto cuya exportación se declaraba libre de todo derecho era la carne salada, lo que no implicó ninguna variante con el régimen aduanero anterior. En cambio, quedaba absolutamente prohibida la extracción del oro y plata en moneda sellada para países extranjeros; y para las provincias hermanas se permitía bajo de fianza, la que se levantará acreditando su introducción.

     

    Bibliografía a consultar

    Poenitz, Erich L. W. Edgar, (1978). “La restauración del sosiego público. El gobierno del general Pascual Echagüe (1832-1841)”, en Enciclopedia de Entre Ríos, Arozena Editores, T. II, Paraná.

    Recopilación de leyes, decretos y acuerdos de Entre Ríos, Tomo V (1842-1849).

    Urquiza Almandoz, Oscar F. (1878). Historia económica y social de Entre Ríos (1600 – 1854), Banco Unido del Litoral, Bs. As.

    – Más temas sobre nuestra región en la revista digital Ramos Generales, disponible en http://lasolapaentrerriana.blogspot.com

     

     

     

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