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Algo no está bien si hay que ser valiente para informar

La segunda acepción de la palabra valiente que da la Real Academia Española refiere: “2. adj. Dicho de una persona: Capaz de acometer una empresa arriesgada a pesar del peligro y el posible temor que suscita”.

 

Néstor Belini | coordinacion@eldiario.com.ar

 

Desde que el miércoles 5 (diciembre 2018) EL DIARIO publicó la nota en la que se daba cuenta del presunto vínculo entre la titular de la Fiscalía Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, y el contador Pedro Opromolla, quien escribe estas reflexiones y autor de aquella nota recibió no pocas felicitaciones por la “valentía” al decidirse a publicar la información.

Contratos truchos la fiscal estaría

Felicitar a alguien por su proceder es una acción absolutamente subjetiva. Es seguro que cada felicitación tiene como contrapeso una crítica. En este caso, las subjetividades quedan a un lado porque revelan conductas preocupantes.

Algo no está bien si un periodista o comunicador debe ser “valiente” para decidirse a publicar información que llama a prestar atención respecto del desempeño de un funcionario público o una persona “importante”.

Más aún si la información da cuenta de una posible relación –y uso el condicional hasta que las instancias que correspondan corroboren lo publicado por EL DIARIO o lo refuten– entre la responsable de llevar adelante la investigación del caso de supuesta corrupción contra la administración pública de mayor gravedad de la historia de Entre Ríos, y un contador sindicado en el hecho.

Algo no está bien si los funcionarios aludidos, con la solidaridad de algunos medios, sostienen que la publicación de la información se corresponde a un “ataque” perpetrado desde un entramado “mafioso”, del que participarían personas con poder, abogados defensores y periodistas.

La decisión de publicar la información no tuvo que ver con ningún acto de valentía. Sí con una decisión ética. La de instar a que la resolución del más grave caso de corrupción contra las arcas del Estado en la provincia se resuelva en un juicio oral y público al que se llegue habiendo respetado las garantías del debido proceso, sin que queden dudas de la investigación y de la legitimidad de las pruebas que se aporten para sostener la responsabilidad de los imputados. La sociedad se merece un proceso de aquellas características y una sentencia indubitable.

Algo no está bien si una importante instancia judicial como es la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos “advierte, nuevamente, con seria preocupación la presencia cada vez más frecuente de sucesos que perturban las condiciones necesarias e imprescindibles para que los jueces y funcionarios judiciales se desempeñen sin injerencias, obstrucciones, ni presiones de poderes externos en el ejercicio de sus funciones y obligaciones constitucionales y legales”.

Tras manifestar “su más enérgico repudio a cualquier estrategia de miedo que intereses subalternos quieran imponer por sobre el interés supremo de la justicia y la Ley, ya sea a través de acciones como las descriptas”, la Asociación acoge la versión del entramado “mafioso” integrado por medios de comunicación que harían su aporte a los “cada vez más frecuentes” y perturbadores “sucesos”, mediante “la divulgación de información apócrifa”; cuestión que la Asociación, entiende, “debe merecer también el rechazo de todos los poderes públicos de la provincia”.

Señores magistrados, informar y propiciar que se aclaren situaciones a partir de una publicación no es “denunciar” ni “atacar”. Sólo es informar. Si hay medios que “denuncian”, esa es su responsabilidad, no la de EL DIARIO.

Opinión

Algo no está bien si la reivindicación que postula la Asociación de Magistrados del “valor democrático de la libertad e independencia de la que deben gozar jueces y fiscales en la investigación y juicio de todas las causas que llegan a sus despachos, garantizando con ello la supremacía de la Ley y de los más arraigados principios de toda república democrática” intenta elevarse por el Derecho Humano básico de la sociedad a acceder a información fidedigna, rigurosa y clara, más aún si atañe a funcionarios públicos.

Finalmente, advierto un claro doble estándar para abordar el análisis de la conducta de una persona a la que se le señala un posible accionar impropio: el que se utiliza para el ciudadano de a pie y el que se reivindica cuando se trata de “ciudadanos que son más ciudadanos que otros”.

En este sentido, los funcionarios públicos deben allanarse a la crítica, más aún cuando el fin de aquella es la protección de intereses que van más allá de la resolución de un caso, por más grave que sea, tal como lo es el interés de la sociedad a contar con instituciones apegadas a los parámetros que prescribe la Constitución Nacional y los fundamentos filosóficos del humanismo.

Algo no está bien si hay que ser “valiente” para hacer lo que corresponde.

El Poder Judicial, en el centro de la atención.