Entre Ríos, Galería, Home, Paraná, Política, Sociedad

Los cambios en Incluir Salud generan alerta en la Provincia

Como viene ocurriendo de manera recurrente, hay modificaciones de los términos que rigen el convenio con Nación en la implementación del Programa Federal Incluir Salud.

Esas novedades involucran aspectos de política sanitaria, administrativo de gestión y económico financiero, que de no resolverse en forma satisfactoria repercutirán en un sector extremadamente vulnerable de la población.

Está previsto que a partir del 1 de enero de 2019 rijan cambios en el Programa Incluir Salud que, en Entre Ríos, perjudicarán a 33.500 beneficiarios de pensiones nacionales no contributivas. Desde la Provincia no dudan en caracterizar al sector como “la población más vulnerable, ciudadanos de muy escasos recursos económicos, madres de más de 7 hijos, adultos mayores, y personas con discapacidad o con afecciones muy graves”.

El programa cubre todas las prestaciones que necesitan esos beneficiarios a través de los efectores públicos. Son pacientes de la red sanitaria provincial, con un nivel amplio de cobertura: desde prestaciones de bajo costo, hasta intervenciones quirúrgicas, ortesis, prótesis, tratamientos farmacológicos de todo tipo, oncológicos, fibrosis quística, enfermedades poco frecuentes, pacientes en diálisis, trasplantes y las discapacidades.

Identificado como Profesa empezó a funcionar en 2000 para convertirse en Incluir en 2013. “Desde su implementación, funciona en la órbita de Salud y la finalidad pública por el cual fue creado, atado a las pensiones no contributivas, era fortalecer la red pública provincial, los hospitales provinciales, a través de una transferencia de recursos (de Nación) para garantizar la atención de esa población con patologías muy costosas”, explicó a EL DIARIO la abogada Andrea Nassivera, referente del programa. La Nación financia en un ciento por ciento el programa, o debería hacerlo, aclara antes de comentar que se ha acumulado una deuda significativa.

Ahora la Nación plantea sacarse el programa de encima, a través de una transferencia de jurisdicción. “La Provincia va a tener que hacer mucho esfuerzo presupuestario para hacerse cargo”, anticipan la abogada Nassivera y la contadora Ana Dietz, subsecretaria de Administración del Ministerio de Salud.

 

REPASO

“Las provincias contaban con esos recursos para tener la cobertura de las profesiones quizá más costosas de la red sanitaria. Desde la nueva gestión nacional, ha venido en detrimento en cuanto a una mirada distinta que desde Nación definen como un cambio de paradigma. Más allá de no acordar con lo que implica esa nueva propuesta, Nassivera afirma que “lo que hay es una redefinición unilateral de Nación de traspasar absolutamente todas las responsabilidades a la provincia”.

Esta situación ha sido denunciada por la ministra Sonia Velázquez, en particular el retiro del programa de Salud para pasarlo a la Agencia Nacional de Discapacidad que se creó a fines del año 2017 y lo absorbió el año pasado.

Las autoridades gubernamentales entrerrianas aseguran que ese cambio “nunca fue consensuado con las provincias”.

A pesar del traspaso del programa del Ministerio a la Agencia, en el orden nacional, la población cubierta sigue siendo la misma. Ahora bien, el programa se asume como esencial en la red sanitaria provincial y “es un error –afirman- planificar políticas sanitarias, sacarlo de la órbita del Ministerio (ahora Secretaría) de Salud de la Nación, a sabiendas de lo que iba a pasar, que no hay una presencia concreta de los ministros en el ámbito de esa agencia”, afirma la técnica entrevistada.

En el programa hay dos modalidades. Por un lado, Nación transfiere a la provincia y esta a través de la Unidad de Gestión Provincial -de la que la que es coordinadora Nassivera- administra, ejecuta y cubre una “suerte infinita de prestaciones con esos recursos”. Por otro lado, hay prestaciones de muy alto costo que directamente las cubre Nación, a través de un vínculo contractual con prestadores, de modo que gestiona y paga. Son prestaciones de diálisis, trasplantes, las instituciones de discapacidad como los centros de día, hogares, residencias, y el traslado de los beneficiarios a las instituciones.

También tratamientos farmacológicos costosos. Citaron que Nación tiene convenios con 19 instituciones: Hogar San Francisco de Asis, Apana, Don Uva, Igualar, entre otras.

 

FINANCIAMIENTO

En los hechos este programa entre Provincia y Nación dispone un valor per cápita para los beneficiarios. “El valor actual del convenio vigente es de aproximadamente 211 pesos. Ahora se plantea el traspaso inminente a partir del 1 de enero de 2019, con una modificación al convenio pasando (a la Provincia) diálisis y transporte de discapacidad y proponen un aumento de la cápita que resulta insuficiente para cubrir los mayores costos de estas nuevas prestaciones”, explican.

Salud de Entre Ríos cuestiona “el traspaso intempestivo, arbitrario de prestaciones que directamente cubría Nación y con las que actualmente tienen mucha dificultad, por las deudas que generaron que son exorbitantes, incluso con impacto en las instituciones que atienden a la discapacidad por esa falta de pago”. Claramente señalan que “Nación decidió unilateralmente el traspaso intempestivo de las prestaciones de diálisis y la prestación de transporte de los beneficiarios a esas instituciones”.

La contadora informó que “actualmente, la capita que se recibe desde Nación es insuficiente para cubrir el valor de las prestaciones reales mensuales que tiene la Provincia, razón por la cual, por decisión política del gobernador, ya venimos cubriendo y haciéndonos cargo con fondos provinciales de las prestaciones que la UGP tenía que cubrir”. Apuntaron que las prestaciones se están haciendo en un 30, 40% con recursos de la provincia porque Nación no manda los recursos comprometidos”, insistieron. Otra expresión de las técnicas fue: “Si estamos cumpliendo a tiempo con los prestadores que la UGP tiene contratados, ha sido gracias al esfuerzo de la provincia para compensar lo que Nación no transfiere”.

Recordó por otra parte, que ante la incertidumbre que generaron estos cambios, se previó un monto en el presupuestos 2019. “Si bien en la adenda que propone (Nación) estableció que va a transferir una extracápita, tampoco hay certeza ni plazo de transferencia”. A eso agregan que las cápitas no prevén cláusula de actualización.

La estimación está hecha: en caso que la Nación no transfiriera cápita ni extracápita y la Provincia tuviera que hacerse cargo del ciento por ciento de las prestaciones, debería asignar 600 millones de pesos anuales. Si, solo enviara la cápita, más de 125 millones correrían por cuenta de la provincia. Y en el mejor de los casos, si enviara ambas, del presupuesto provincial saldrán unos 80 millones anuales ante lo insuficiente que resulta cápita y extracápita definida por Nación.

La contadora Dietz dijo a EL DIARIO que “la deuda estimada es de más de 100 millones de pesos –a proveedores y a la Provincia-, y por eso la incertidumbre”, remarcó.

 

LOS PROBLEMAS

Una de las dificultades es el tiempo que se dispone para instrumentar los cambios que fueron comunicados a fines de octubre. Y luego, en noviembre enviaron información que no contaba la provincia porque el vínculo de prestadores era directamente con la Nación. “Estamos transitando diciembre y estas prestaciones hay que empezarlas a cubrir a partir de enero. La complejidad de la logística y la cuestión administrativa preocupa porque puede perjudicar la continuidad en las prestaciones. Implica un andamiaje logístico del Ministerio acompañado por los prestadores. Hay que hacer contrataciones, entendemos que van a ser 75 transportistas”, dijeron para dar cuenta de las gestiones que están pendientes. “El tiempo que queda hasta la fecha de entrada en vigencia es exiguo”, advierten.

La contadora acotó que hay que presentar documentación, papeles legales que cubrir e insistió con el problema presupuestario porque “si bien Nación propone la transferencia de recursos para que las provincias se hagan cargo de las prestaciones que traspasan, los números no dan. La Provincia de todas formas tendrá que hacerse cargo. Pero además, con la experiencia –relatan- de estos dos años, sobre la falta de transferencia de recursos, no hay certeza que las promesas se cumplan, y entonces, la preocupación es mayor, toda vez que se habla de números millonarios”.

Frente a este panorama en el que se pone el acento en los antecedentes y el futuro incierto, el posicionamiento del Ministerio es pedir una postergación, “un tiempo razonable que permita instrumentar las contrataciones”. Se propuso posponerlo hasta mayo, pero no ha habido respuestas.

 

Al margen

El Ministerio de Salud cuestiona la arbitrariedad para tomar este tipo de decisiones, “sin consenso ni tiempo”. Desde lo jurídico, lo presupuestario y sanitario se está evaluando esta situación. Hasta ahora la Provincia no firmó y Nación no ha reaccionado ante el reclamo.

 

En cantidades

A partir de los cambios que se proponen, a partir del 1 de enero se verán involucradas entre otras, las prestaciones de diálisis de 125 pacientes y sus traslados. Además, el transporte de más de 250 personas que padecen discapacidad que concurren a instituciones que mantienen convenio con el organismo nacional, entre otras prestaciones.

En la evaluación de los cambios a implementar, a la Provincia le pesa lo que expone como incumplimientos de Nación. Asegura que le debe a la Provincia aproximadamente 110 millones de pesos producto de diversas prestaciones brindadas a ciudadanos entrerrianos; y que mantiene una deuda de más de 100 millones de pesos con entidades privadas como centro de diálisis, centro de trasplantes, droguerías locales, instituciones de discapacidad y transportistas.

En toda la provincia hay prestaciones que corren riesgo, por la decisión de la Nación de ausentarse de sus obligaciones de financiamiento. Foto Sergio Ruiz.