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Confirmaron la prisión preventiva de Pérez y Faure por los contratos en la Legislatura

La jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Carolina Castagno, resolvió rechazar los recursos de apelación de las defensas de Gustavo Hernán Pérez y Roberto Ariel Faure, implicados en la causa por los contratos truchos. Ratificó la sentencia de su par de Garantías, Eduardo Ruhl. Hubo fuertes cruces entre Fiscalía y las defensas.

Néstor Belini

La jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, resolvió este viernes rechazar los recursos de apelación que presentaron las defensas de Gustavo Hernán Pérez y Roberto Ariel Faure, y confirmó la resolución que adoptó el 22 de noviembre el juez de Garantías Nº3, Eduardo Ruhl, cuando hizo lugar parcialmente al pedido de Fiscalía y envió por 90 días con prisión preventiva a la Unidad Penal Nº1 a Pérez y Faure. En aquella audiencia Fiscalía había solicitado el indefinido plazo hasta la audiencia de remisión de la causa a juicio.

Castagno entendió que la decisión de Ruhl “no es una resolución arbitraria”. La jueza informó que analizó los argumentos de los fiscales Cecilia Goyeneche e Ignacio Aramberry, y de las defensas, de Pérez, a cargo de Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli; y de Faure, en manos de Leopoldo Cappa, y también miró el video de la audiencia del 22 de noviembre. Así, sostuvo que “el análisis del juez de Garantías es inobjetable, explica razonadamente, quizás con argumentos sencillos, cómo se exceptúa la libertad durante el proceso”. También destacó la gravedad de los delitos que se investigan en la causa –Asociación ilícita y Peculado en concurso real– que está en los primeros dos meses y medio de investigación.

En su alegato, Goyeneche se refirió a la nota que publicó El Diario en su edición del miércoles 5, en la que se informaba de la presunta vinculación, a través de un contrato de adhesión a un adhesión al “Fideicomiso para construcción al costo Fideicomiso 9 J165”, y de un contrato de alquiler de un inmueble, con Pedro Opromolla, uno de los contadores sindicados en la mega causa. Así, aseguró: “No tengo ninguna relación comercial con la persona a la que se hace referencia”. Además, consideró que los dichos de la defensa en la audiencia del 22 de noviembre respecto a que podría surgir nueva prueba, constituyó una “amenaza” y un “ataque funcional a los miembros del Ministerio Público Fiscal”.

Furibundos

Goyeneche consideró que a medida que Fiscalía avanza en la investigación “crecen los ataques furibundos” añadiendo que antes de la detención de Pérez y Faure, a quienes les atribuyó “un rol fundamental en la organización”, “no buscaban atacarnos”. También sostuvo que se trata, por la naturaleza del delito que se investiga, de una “organización que se vale de personajes ajenos, colaboradores”, lo que tendría que ver “con el poder de la organización”. El Diario estuvo en la primera audiencia que se realizó el primer viernes de octubre a las 17. En esa oportunidad los fiscales informaron que le pedirían a la jueza de Garantías que no permitiera la presencia de los medios habida cuenta la magnitud de la investigación que comenzaba a sustanciarse, de la que aún no podían determinar los alcances y responsabilidades. Este medio se retiró antes de que se formulara el pedido, porque el objetivo que persigue es el de informar a la sociedad y no asumir un protagonismo nocivo para cualquier proceso judicial. Así, El Diario fue respetuoso de la reserva de las actuaciones que prescribió Fiscalía y no publicó ninguna información hasta que aquella se levantó y se pudo acceder a las audiencias y a la información que en ellas se produjo.

Posición

La nota en la que se informó sobre el presunto vínculo entre Goyeneche y Opromolla, que la fiscal aseguró no tener, es parte de la información que recibe este medio a medida que el proceso avanza y su publicación no constituye ningún “ataque” a ningún funcionario público. Sí es parte de la voluntad de informar, más aún cuando la información atañe a funcionarios públicos que tienen el deber de velar por el correcto devenir de un proceso. Este medio no toma posición en ningún caso que se publica en sus páginas y no juzga conductas, puesto que quienes tienen que hacerlo, cuidando que se custodien las garantías del debido proceso, son los jueces de la Constitución. Tampoco hace denuncias, porque estas tienen que hacerse ante las autoridades correspondientes.

Cruces

Cullen cuestionó la resolución de Ruhl porque sostuvo que “tenemos una judicatura que avanza sobre lo que producen las partes”, poniendo en duda la imparcialidad del juez porque sostuvo que tenía conocimiento de la prueba antes de la realización de la audiencia. Por su parte Cappa señaló que la decisión se basó, en referencia a Faure, en un video en el que su defendido no aparece. Goyeneche destacó que se investigan alrededor de seiscientos cincuenta contratos, de los que destacó que “no coexistieron a lo largo de los años, sino que se fueron cambiando y reemplazando a los contratados a fin de mantener los montos sustraídos”, precisando que la suma estimada ahora alcanza los dos mil millones de pesos.

Arramberry leyó una serie de chats y mails que se habrían enviado varios de los imputados. La defensa objetó la lectura porque entendió que se incorporaba prueba nueva en una audiencia en la que sólo se iba a discutir sobre la sentencia de Ruhl. Entre los mensajes, leyó uno en el que se pudo conocer que Pérez le decía a Faure “el número uno está al tanto”, sin que se hiciesen especulaciones respecto de la identidad del “uno”, la que surgirá con el devenir de la investigación.