El STJ confirmó la condena al ex funcionario Juan José Canosa

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Pérez, Barrandeguy y Canosa, cuya condena fue confirmada.

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, resolvió rechazar el recurso de queja presentado por los abogados José C. Pérez y Raúl E. Barrandeguy, en carácter de defensores técnicos de Juan José Canosa. El ex presidente de Sidecreer había sido condenado a tres años de prisión de cumplimiento condicional, además de la inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la función pública.

 

Redacción EL DIARIO | [email protected]

 

La resolución fue en respuesta a un recurso de queja que presentaran Pérez y Barrandeguy en el marco de la causa con condena que se siguió contra su defendido, Juan José Canosa, por Negociaciones Incompatibles con la Función Pública. El recurso manifestaba disconformidad con un fallo de la Cámara de Casación Penal que había confirmado la condena en su contra y le había denegado un recurso extraordinario ante la máxima instancia. Los letrados entonces optaron por ir en queja.

Como se dijo, Canosa fue hallado culpable de beneficiar a empresas ligadas a familiares y a amigos en las contrataciones que hizo durante su gestión al frente de Sidecreer, entre 2007 y 2015.

En un fallo unánime del 12 de septiembre de 2018, la Justicia condenó al ex titular de Sidecreer a la pena de tres años de cumplimiento condicional, más la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. En esa ocasión, la Fiscalía había pedido cinco años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.

En aquel entonces, el tribunal dio por probado el rango de funcionario público de Canosa mientras estuvo al frente de Sidecreer, una característica que el ahora condenado negó de modo cerrado, y que la empresa, aun cuando está regulada por la legislación comercial privada, es una empresa con base estatal ya que sus dos socios son el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafa) y el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser). Así, quedó expedito el camino para recriminarle haber incurrido en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

Los abogados defensores Barrandeguy y Pérez interpusieron una impugnación extraordinaria contra la sentencia dictada por la Cámara de Casación Penal el 12 de diciembre de 2019 que resolvió rechazar el recurso de casación interpuesto y así confirmó el fallo de primera instancia dictado el 18 de octubre de 2018 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones.

Los defensores creyeron ver “vicios de fundamentación” en la sentencia y en la propia marcha del juicio. Por lo que expresaron la queja que el Superior Tribunal de Justicia acaba de rechazar.

Sin impugnación

Así las cosas, el fallo de la Sala Penal, conformada por Miguel Ángel Giorgio, Claudia Mizawak y Martín Carbonell, confirmó la resolución de la Cámara de Casación Penal, que denegó la impugnación extraordinaria oportunamente solicitada contra la resolución del mismo Tribunal que había rechazad el Recurso de Casación interpuesto contra la sentencia del 12 de setiembre de 2018 dictada por el Tribunal de juicio y Apelaciones, integrado por los vocales Alejandro Grippo, Alejandro Cánepa y Gustavo Pimentel.

De ese modo, se mantiene las consecuencias del fallo dictado: Canosa fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento condicional con más inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la función pública.

En el análisis del planteo realizado por la defensa de Canosa, el vocal Miguel Ángel Giorgio concluyó que “la decisión contra la cual se deduce el recurso cuya denegatoria se intenta revertir, resulta ajustada a la norma de rito específica que establece las condiciones de admisibilidad del recurso intentado, por lo que se constata así correctamente denegada la impugnación extraordinaria interpuesta por la defensa. Por consiguiente, la queja articulada se revela como manifiestamente improcedente y debe ser rechazada”.

En su voto, Mizawak entendió que los abogados de Canosa “ no formulan una crítica de aquellos fundamentos en que se apoya el pronunciamiento denegatorio de la impugnación extraordinaria que se pretende revertir y se limitan a exponer sus propias convicciones acerca de cómo debió resolverse la cuestión y reiteran los planteos que sustentan su teoría del caso, pero no aportan argumentos susceptibles de descalificar las razones invocadas por la Cámara de Casación para decidir, demostrando el error de la denegatoria en crisis, lo que implica un insalvable obstáculo para abordarla por esta Alzada”.

En tanto Martín Carbonell manifestó su adhesión a la solución propuesta por Giorgio y Mizawak.

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