Romero traza un balance positivo del 2020 en materia de seguridad

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Un amplio abanico de consultas vinculadas al área de la seguridad le respondió a EL DIARIO la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero. Destacó la promoción de un carácter más persuasivo que represor en la fuerza, valoró las acciones contra el narcomenudeo e instó a seguir trabajando para bajar los niveles de violencia contra la mujer. También aceptó que el número de efectivos es algo menor al que correspondería.

 

Nicolás Bonazzola

 

La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, dialogó con EL DIARIO sobre las labores realizada por la policía durante el 2020. Defendió la ley de Narcomenudeo y los procedimientos que se han desarrollado desde el 2018. Romero valoró el comienzo de los juicios por jurados y sostuvo que se trata de “un consenso de todos los entrerrianos”. La funcionaria resaltó la capacitación de las fuerzas de seguridad en materia de Derechos Humanos y Diversidad.

Como se sabe, Romero es la mujer que está al frente de la Policía de Entre Ríos. Con poco más de 3 años en el Ministerio de Gobierno y Justicia, ha emprendido y ejecutado reformas en el Estado provincial. Desde su despacho comanda una compleja trama del Estado donde coexisten antiguas y nuevas instituciones.

Desde El DIARIO nos acercamos para conversar sobre las labores en materia de seguridad durante el 2020

–El 2020 trajo un desdoblamiento en las labores de la policía tanto para la prevención del delito como para el control del aislamiento y distanciamiento. ¿Cómo evaluó el operar de la fuerza?

–La fuerza policial realizó un gran esfuerzo que complementó adecuadamente la labor realizada por el Ministerio de Salud que, sin duda, fue quien más intensamente trabajó durante la pandemia.

Es cierto, a las tareas propias de seguridad ciudadana se agregaron otras. Hubo que pensar en la Policía tomando temperatura, en tareas a las que no estaban habituados los miembros de la fuerza. Para esto rápidamente se prepararon.

Hubo satisfacción por parte de intendentes, presidentes de Juntas de Gobiernos, de Comunas por la forma de actuar. Se sintieron respaldados por la fuerza policial.

Las dificultades radicaron en que algunos sectores resistían los controles. Ahí hubo una tarea policial fuerte. Cada departamental trazó instrucciones para obrar convenciendo al ciudadano. Se buscó hacer un poco de docencia respecto a lo que significaban las medidas de seguridad vinculadas a la salud. Pero siempre se trabajó en no ir por la vía de la sanción o conminación de pena. Se trató de obrar convenciendo y hacer una labor para que el ciudadano comprenda el sentido de estas restricciones.

 

REGISTROS

–El índice delictivo bajó drásticamente durante la pandemia, después se recuperó y sobre el final se dio un rebrote de los delitos contra la propiedad, ¿qué análisis hace de eso?

–La menor circulación indudablemente disminuyó el delito. Eso lo vimos mucho en marzo, abril, mayo, y hasta en junio. Después de julio en adelante comenzó levemente a incrementarse. No obstante, este año tuvimos menos homicidios que el año pasado y en el contexto global tenemos menos delitos. Podemos decir que sobre fin de año se normalizó. Está dentro de los estándares comunes.

La menor circulación fue fundamental en esa merma. Todo el mundo prestaba atención a lo que pasaba en la calle, porque la actividad estaba restringida. Eso hizo que las ocasiones para delinquir estuvieran muy condicionadas.

–¿La situación Económica modificó esa evolución?

–Hubo mucha atención del Estado durante la crisis. El Estado estuvo presente en ayuda económica, en raciones alimentarias.

El Estado nacional con los programas especiales ayudó a mantener el empleo y a los empresarios. Se evitó un masivo cierre de comercios. Así que yo creo que la ayuda funcionó. Nunca podemos decir a pleno, pero funcionó.

 –¿Cuál es la estructura de la policía?

–Este año tuvimos una dificultad especial para incorporar nuevos agentes, en este momento estamos en 10.350 efectivos. Nosotros por la cantidad de habitantes deberíamos tener más. Siempre a las necesidades hay que adecuarlas a las posibilidades presupuestarias, este año aspiramos a incorporar los agentes que el año pasado no pudimos capacitar.

Actualmente los aspirantes ya han vuelto gradualmente y en la escuela de oficiales ya estamos trabajando con grupos. Los últimos meses del año hicimos una pequeña presencialidad. Aspiramos a que entre febrero o marzo tener completa presencialidad.

 

Infraestructura

–¿Qué inversión en logística se han realizado?

–Estamos invirtiendo en cámaras de seguridad para 71 municipios y comunas. Sobre fin de año invertimos en “Chalecos Antibalas”, ya se adquirieron y están siendo entregados este mes. Los compramos a Fabricaciones Militares y en este momento estamos requiriendo la compra de más vehículos. Para zonas turísticas se compraron monopatines eléctricos para el desplazamiento en las zonas peatonal, como refuerzo.

Durante la pandemia hubo una merma de los ingresos por recursos coparticipables. Eso tuvo que ver con las mayores restricciones económicas que impactó fuerte en las finanzas públicas provinciales. Luego hubo un proceso de recuperación y ahora estamos empezando a gestionar las compras de vehículos.

–¿Cómo se trabaja el perfil de la Policía en relación a la política de Derechos Humanos?

–Nosotros tenemos todo el segmento de DDHH incorporado tanto a nuestras escuelas de Oficiales como de Agentes. Hace muchos años tenemos en la provincia esa formación y la hemos sostenido como política. También se han dado cursos específicos frente a situaciones.

Nunca omitimos considerar el tema de la violencia institucional. Machacamos con esto, queremos tener una policía integrada con la comunidad, que dialogue con el ciudadano, que imponga autoridad, pero no de la mano de la dureza, sino de las convicciones.

Dialogamos mucho esto, tenemos que atemperar toda intervención policial que tenga que ver con el uso de la coerción estatal, que tiene la facultad de hacerlo.

Cuando se detiene una persona el policía tiene facultades coercitivas que le da el estado de derecho. Pero esa facultad tiene que ser el mínimo indispensable, nunca exagerado, únicamente en los casos de extrema necesidad.

Estamos con este paradigma en la Policía: tendemos al dialogo, a la capacitación permanente.

Los sistemas de video-vigilancia han servido como herramienta para que la ciudadanía sienta que hay una presencia del Estado. Que la Policía está mirando lo que pasa en la calle. Esto es diferente a tener una presencia sistemática del Estado armado en la calle. Acá desde la sede policial se puede estar vigilando lo que pasa para evitar el delito o para ayudar en la investigación cuando el delito ya existió.

La ministra explicó que se aprovechó el 2020 para intensificar la capacitación policial.

 

Las políticas

–Algunos organismos de DDHH denunciaron “gatillo fácil” en el caso Gabriel Guzmán y en el caso Iván Pérez de Gualeguaychú, ¿qué protocolos o medidas aplicaron?

–Yo el concepto de “Gatillo Fácil” lo entiendo pero no lo comparto. Cuando se habla de “Gatillo Fácil” se tiene que hablar de una actividad estatal, delictiva, apañada por el Estado. Nosotros de ningún modo sostenemos ningún tipo de práctica agresiva, discriminatoria o de utilización de las armas contra el ciudadano.

Podría sostener que el 98% de la policía jamás ha incurrido en ningún tipo de actividad violenta contra ciudadanos. Hay un ínfimo porcentaje: de 10.350 agentes tenemos una treintena de causas donde se reprochan conductas a policías. Como vemos son una mínima expresión.

Nosotros como autoridad estatal tenemos la conducta de someter a sumario administrativo y abrir las puertas de la policía para ser investigados. Además, siempre convocamos a otras fuerzas de seguridad cuando hay una sospecha sobre un funcionario policial.

En el caso Guzmán sabíamos que la Policía tenía que apartarse de la investigación. La Policía lo supo y por eso las pericias las hizo una fuerza de seguridad nacional y la colaboración con las autoridades judiciales la mantuvimos siempre.

–El “Triple Crimen” fue un caso resonante por la violencia con que operó el Narcotráfico en Paraná…

En la ciudad de Paraná ya hemos tenido resonantes casos como Barrientos o como Celis.  Como ciudadanos entrerrianos sabemos que el narcotráfico es una realidad como lo es en la Argentina. Por eso es que el gobernador Bordet insistió en la sanción del narcomenudeo. Buscamos que en la provincia de Entre Ríos, fiscales y jueces juzguen al pequeño delito vinculado a estupefacientes. Al mismo tiempo se deja a la Justicia Federal que siga juzgando e investigando el narcotráfico.

Es una realidad lamentable pero una al fin. Yo creo que nosotros a partir de 2018, que se implementó la ley de Narcomenudeo, hemos logrado dar una batalla exitosa pero el éxito no es definitivo.

Son pequeños logros obtenidos en una problemática que tiene dos aspectos. Primero el de la delincuencia que se organiza y es muy dinámica. El segundo aspecto es que este delito se vale de víctimas que son las personas que dependen de estas sustancias; entonces estas personas sin quererlo fomentan el delito y su crecimiento. Por eso también es una cuestión de salud pública, ya que las sustancias adictivas hay que atacarlas con herramientas del sistema de salud. Por el otro lado, está la labor policial para combatir el delito.

Yo nunca voy a decir que estoy satisfecha con la batalla que damos porque no debería existir ningún narcotraficante ni ningún quiosco de drogas. Pero creo que nosotros damos una pelea que produce un mensaje de hostilidad al narcotráfico desde el Estado entrerriano. Ese mensaje tiene que ser fuerte.

Que se haya dado este choque entre dos grupos que lucran con la venta ilegal de sustancias es un emergente pero también lo fue el caso Celis y los anteriores. A mí me preocupan todos los casos.

 

 El juicio por jurado

–¿Cómo evalúa los primeros juicios por jurado y la intención que tuvo el Procurador de excluir los juicios por femicidios?

–El juicio por jurado es un logro de los entrerrianos, de la búsqueda de consenso y de la decisión política del Gobernador. Tuvo un apoyo muy grande, hubo consenso de los tres poderes del Estado.

Ese logro implica la mirada del ciudadano en los principales casos penales de la provincia, de los delitos que tienen una pena de más de 20 años de prisión.

Yo no creo de ninguna manera que deba ser excluido ningún delito. Además estoy convencida que vivimos en una sociedad que felizmente no tolera la violencia de género. En la agenda de la sociedad, de la familia, se discute el tema y hay un mayor empoderamiento de las mujeres. Hay una bajísima tolerancia, sin duda, al delito de violencia contra las mujeres.

Yo tengo plena confianza que un jurado juzgando a un femicida, juzgando a un violento, va a ser muy justo y va a juzgar con un temperamento que dará cuenta de esta posición. Yo tengo confianza en la sociedad.

De los tres casos que han existido, uno fue un femicidio y se juzgó en La Paz. El veredicto fue de culpabilidad. Nosotros no tenemos que mirar con prejuicios al ciudadano que viene al juicio. Tenemos que mirarlo con confianza porque la ciudadanía tiene una mirada muy acertada sobre el valor de la justicia.

Romero valoró positivamente las experiencias de juicio por jurado.

 

Combatir los femicidios

–Hay un problema estructural en relación a los femicidios, se han destinado presupuestos y logística, pero los números parecieran no modificarse…

–Yo disiento, pensémoslo de este modo. El femicidio existió siempre, antes disfrazado de “crimen pasional”. En el pasado se juzgaba a un femicida bajo la calificación de “homicidio” y cuando existía una terrible violencia que acababa con la vida de una mujer, el hombre argumentaba una “emoción violenta” y tenía un atenúate en vez de un agravante en la pena.

Hay una labor hecha por el feminismo en los últimos 30 años. Un feminismo de 4ta generación, que lo puso en la agenda, en el debate de la sociedad. Al estar en la agenda la gente se anima más a denunciar. No es que ha ocurrido más, es que se denuncia más y se visibiliza más. Lo mismo pasa con el abuso infantil.

Tengamos en cuenta la cantidad de denuncias que hay, de botones antipánico, medidas de acercamiento, etc. Nos vamos a dar cuenta de la cantidad de delitos que se evitan. Es difícil de medir pero hoy la sociedad está más preparada y denuncia más.

 –De todos modos los índices de femicidios no se han modificado sustancialmente…

–Bueno, ahí también hay que trabajar sobre la construcción de la masculinidad. Otras masculinidades, hombres más iguales que vayan entendiendo que desde chicos nadie es propiedad de nadie. Fijémonos que tan fuerte es la cultura que, durante años, y aún hoy, hay mujeres que se casan y dicen ser fulana “de tal”. Ese “de” implica una propiedad, una especie de apéndice. Es tan fuerte el mandato que hay que trabajarlo, para ir a la par y para lograr la igualdad.

 

La columna del Haber

–¿Qué políticas destaca?

–Destaco que en Entre Ríos tenemos capacitaciones constantes vinculadas a los planes de estudio de la Policía. Otras capacitaciones vinculadas a violencia de género y también áreas de la policía que se especializan en la temática de género para poder mejor las labores.

El Ministerio de Gobierno tiene un área vinculada a la prevención del delito de trata. En eso también venimos haciendo capacitaciones y labores con los municipios. Tenemos una política enfocada en la Diversidad Sexual. Creamos un área de diversidad con la cual hemos hecho capacitaciones permanentes para la policía. Se trabaja en relación a la prevención del transfemicidio. Es decir, la Policía se capacita en el trato con otras identidades sexuales. Nosotros aprovechamos el 2020 para, utilizando las video llamadas, trabajar en la capacitación de la fuerza.