La Pampa: Rechazan amparo contra el programa de vacunación por el virus Covid-19

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La Secretaría Civil del Juzgado Federal de Santa Rosa resolvió rechazar in limine la acción de amparo que presentaron diez personas, entre las que se encuentra un matrimonio que lo hizo también en representación de sus dos hijos menores, contra el programa de vacunación por el virus Covid-19.

 

El juez sostuvo que los amparistas pretendieron que “se juzgue la oportunidad, mérito y conveniencia, relativas a la protección de la salud de la población, cuestiones ajenas al Poder Judicial”.

El juez del Juzgado Federal de Santa Rosa, Juan José Baric, resolvió rechazar in limine la acción de amparo que promovieron diez personas, dos en representación también de sus dos hijos menores de edad, contra “el Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional y Ministerio de Salud de la Nación, a fin de que se declare inaplicable y no se les aplique ningún tipo de sanción, la Ley de vacunación obligatoria N 27.491, y toda otra similar y con el mismo propósito tanto nacional como local, ni que se los obligue a la misma para ningún tipo de actividad, tanto privada como pública, solo a modo ejemplificativo pero no limitativo, como viajar, asistir a conciertos, clubes, de modo que no se les aplique ninguna vacuna que no autoricen expresamente recibir”, en referencia a la vacuna contra el virus Covid-19..

Baric entendió que los amparistas elevaron “alegaciones genéricas” y no dieron “razones concretas acerca de cómo la política pública de lucha contra el Covid-19” ha afectado sus derechos “a la libertad, autonomía de la voluntad y elección de un plan de vida”, como así tampoco presentaron “ningún hecho en particular respecto de la aplicación de la vacuna y como esto colisionaría con el contenido de la Constitución Nacional”.

El juez sostuvo que la pretensión de los amparistas se parece a una “declaración de inconstitucionalidad genérica respecto de la Ley 27.491, ya que en el escrito de inicio no aportaron dato alguno tendiente a conocer entre otras cosas qué autoridad los obligó, si se los intimó o no a ser vacunados o se les ha negado algún derecho”.

En amparo, los solicitantes sostuvieron que “la Ley 27.491 le da al Estado la potestad de exigir el cumplimiento del calendario de vacunación ‘obligatoria’, y que ahora se pretende hacer obligatoria la aplicación de la vacuna del Covid-19, que por el momento se trata de un intento de hecho, con constantes idas y venidas en la declaraciones de las máximas autoridades pública, tanto nacionales como provinciales”. Así, sostuvieron que aquella “Ley resulta violatoria de sus derechos constitucionales y humanos, y que el Estado pretende decidir sobre sus cuerpos, convirtiéndolos en entes sin derechos”.

El juez sostuvo que en relación a la vacuna contra el Covid-19, “el Congreso sancionó una Ley de vacunas destinada a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19, esta no hacer referencia a la supuesta obligatoriedad de su aplicación”, y añadió que “las vacunas del calendario son las obligatorias y esta es un caso extraordinario”. También señaló que “más allá de la legislación, en un contexto de riesgo sanitario como el actual, la Ley 27.491 en su artículo séptimo faculta al Poder Ejecutivo Nacional para recurrir a una excepción, pero a la fecha el gobierno no ha dicho expresamente nada acerca de si hará uso de esa facultad”.

La fiscal federal, Jesica Silvestre, señaló que los amparistas sostienen por un lado la “inaplicabilidad a su respecto de la ley de vacunación obligatoria 27.491 y, por el otro, rechazan la posibilidad de recibir compulsivamente la vacuna contra el Covid-19”. Así, entendió que de los dos ejes argumentales de la presentación “el núcleo” de los fundamentos “discurre principalmente en relación de la vacuna señalada y sus consecuencias desconocidas para la salud”, por lo que consideraron “un despropósito implementar un programa de vacunación masiva con el pretexto de resguardar la salud de los ciudadanos de una Nación”. Ante tales argumentos, la fiscal entendió que en ambos supuestos “existe ausencia de caso o conflicto sobre el cual el juez deba pronunciarse”.